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Los días 18 y 19 de septiembre, los líderes mundiales se reunieron en Nueva York para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer un balance del progreso que la comunidad global ha logrado hacia el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los desafíos que aún enfrenta. En la cumbre, la Asamblea General de la ONU adoptó una declaración política que afirma que el cumplimiento de los ODS está “en peligro”, describe la lentitud de los avances y asegura que en algunos países, como resultado de múltples crisis superpuestas tales como conflictos armados persistentes, se han visto incluso retrocesos. La comunidad internacional debe ir más allá y especificar los obstáculos que enfrentan las sociedades afectadas por conflictos y abusos generalizados y el papel que los derechos humanos pueden desempeñar para superarlos.

Antes de la Cumbre de los ODS de 2023, el Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional y ODS 16+ ha publicado un nuevo informe que subraya la contribución de la justicia transicional al avance de la paz y el desarrollo sostenibles y ofrece a las partes interesadas estrategias para incorporarla mejor en las agendas y planes de acción relevantes. La Cumbre de los ODS marca el punto medio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y ofrece a la comunidad global una oportunidad de hacer un balance del progreso que ha logrado y los desafíos que aún enfrenta para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Hace cinco años, en agosto de 2018, para conmemorar sus 100 días en el cargo, el Primer Ministro armenio Pashinyan se dirigió a una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván para anunciar oficialmente las intenciones de su gobierno de incorporar mecanismos de justicia transicional en la agenda de reforma armenia posrevolucionaria. Desde entonces, Armenia ha estado implementando una serie de iniciativas de justicia transicional junto con otras reformas democráticas, y ha logrado algunos avances limitados, a pesar de reveses y desafíos importantes, incluido un nuevo conflicto con Azerbaiyán.

Más de 20 años después del final de las guerras yugoslavas de la década de 1990, Kosovo todavía se enfrenta a tensiones étnicas sin resolver. Kosovo solía ser una región autónoma de Serbia dentro de la antigua Yugoslavia, de la cual declaró su independencia en 2008. Las tensiones étnicas fueron la causa fundamental de los conflictos violentos, durante los cuales murieron aproximadamente 140.000 personas y se cometieron numerosas atrocidades. ICTJ ha trabajado en Kosovo en varios ámbitos, incluyendo la asistencia técnica y asesoramiento experto a organismos estatales. Esta es una entrevista con Anna Myriam Roccatello y Kelli Muddell del ICTJ para aprender más sobre el trabajo del ICTJ y los desafíos actuales para la verdad y la justicia en el país.

El 17 de julio de 2023 marcó 25 años desde que se adoptó el Estatuto de Roma en una conferencia en Roma, Italia. El estatuto creó la primera corte internacional permanente del mundo, la Corte Penal Internacional, que probablemente fue el hito más importante en la justicia penal internacional desde los juicios de Nuremberg y Tokio de mediados del siglo XX. Señaló la firme intención de muchas naciones de abordar la impunidad en curso de los crímenes más graves conocidos por la humanidad. Sin embargo, después de 25 años, la CPI aún no ha alcanzado todo su potencial.

La exposición de fotografía “Todas nuestras lagrimas” entrelaza las historias de las víctimas de las guerras en la región de los Balcanes Occidentales en la década de 1990. Consiste en fotografías tomadas por cuatro fotógrafos en varios lugares de Kosovo, Macedonia del Norte y Serbia, y fue parte de un proyecto de tres años financiado por la Unión Europea que reunió a organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas en Kosovo, Macedonia del Norte, y Serbia, junto con las organizaciones internacionales ICTJ y PAX para desarrollar iniciativas significativas de consolidación de la paz y reconciliación dirigidas por las víctimas en la región.

“A pesar de las leyes vigentes, el número de casos de violencia sexual y de género [SGBV] sigue aumentando, incluidos casos de violación, mutilación genital femenina, agresión sexual y acoso. Esto significa que existe la necesidad de hacer cumplir tales leyes”, afirmó Didier Gbery, jefe de programa del ICTJ para Gambia, en la apertura de un taller en marzo pasado sobre cómo aumentar el acceso a la justicia de las víctimas de VSG. El taller fue uno de los dos que ICTJ organizó a principios de 2023 para fortalecer la capacidad de las partes interesadas en Gambia para defender a las víctimas de VSG y brindarles un apoyo vital con enfoque de género.

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido para el cargo en una campaña progresista para fortalecer la democracia, implementar reformas sociales y traer "paz total" al país. Su enfoque de la paz abarca negociaciones políticas con todos los grupos insurgentes restantes y diálogos simultáneos con organizaciones criminales orientados a su sumisión voluntaria a la justicia a cambio de indulgencia punitiva. Pero ocho meses después de su administración, los esfuerzos de Petro para cumplir su promesa de campaña enfrentan numerosos desafíos.

Estados Unidos nunca ha enfrentado colectivamente su historia de colonialismo, esclavitud y racismo en un esfuerzo por reformar los sistemas que perpetúan los daños a las comunidades negras y otros grupos marginados, o para reparar estos errores. Los acontecimientos de los últimos años, sin embargo, han amplificado los llamados a una acción significativa para tener en cuenta el pasado. Dado que la búsqueda de la verdad es parte integral de la investigación de errores pasados, el ICTJ y una coalición de profesionales de varias firmas de abogados han publicado un nuevo informe que examina las experiencias de las comisiones oficiales de la verdad de todo el mundo para identificar consideraciones relevantes para las partes interesadas de EE. UU.

Libyan civil society organizations are fighting against all odds to support victims of human rights violations. In doing so, they themselves risk violence and do their work despite the visible and invisible pain they feel and the innumerable obstacles placed in front of them. Renewed global attention on the Libyan conflict and two new draft laws to protect activists and others may help.