Un nuevo informe propone estrategias centradas en las víctimas para integrar la justicia transicional en la agenda de desarrollo sostenible

18/09/2023

Nueva York, 18 de septiembre de 2023— Antes de la Cumbre de los ODS 2023 de esta semana, el Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional y ODS 16+ ha publicado un nuevo informe que subraya la contribución de la justicia transicional al avance de la paz y el desarrollo sostenibles y ofrece estrategias para incorporarla mejor en las agendas y planes de acción pertinentes. La Cumbre de los ODS marca el punto medio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y ofrece a la comunidad global una oportunidad de hacer un balance del progreso que se ha conseguido y de los desafíos que aún falta enfrentar para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para los países afectados por violencia, represión y marginación sistémicas, una prueba de este progreso es que, cada vez más, la política internacional reconoce la importancia de responder a violaciones masivas de derechos humanos para recobrar la estabilidad y prevenir nuevas violencias. Organizaciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, han señalado el papel clave de la justicia transicional en los ODS relacionados con el acceso a la justicia, el estado de derecho, las instituciones inclusivas, la reducción de la violencia y la igualdad, particularmente porque aumenta la agencia, la confianza y la inclusión, y aborda los factores estructurales que causan las violaciones.

A pesar de este reconocimiento, en la práctica la justicia transicional y el desarrollo a menudo están desconectados. Por lo tanto, en su nuevo informe titulado “Hacia un cambio centrado en las víctimas: integración de la justicia transicional en la paz y el desarrollo sostenibles”, el grupo de trabajo resalta oportunidades para que los grupos de interés forjen vínculos más fuertes entre estos dos campos. Dichos vínculos pueden fortalecerse a través de la prestación de servicios sociales, la construcción de proyectos de vida y el apoyo psicosocial a las víctimas y comunidades afectadas dentro de un marco reparativo. También, se sugiere incorporar a los planes de desarrollo y los procesos de información las recomendaciones de las comisiones de la verdad, las reparaciones y las necesidades de las víctimas.

El grupo de trabajo propone un enfoque más estratégico para lograr un cambio centrado en las víctimas. “Establecer vínculos más fuertes entre la justicia transicional y el desarrollo requiere presentar argumentos más convincentes sobre el valor de la primera, basándose en vínculos conceptuales, evidencia de impacto y ejemplos de la relación entre violaciones y estructuras”, dijo Fernando Travesí, director ejecutivo del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), que convoca el grupo de trabajo. “Pero esto es sólo una parte del desafío. La naturaleza política y social de problemas como la violencia, el abuso y la exclusión, y el alcance y la complejidad de estos problemas, significan que tenemos que diseñar intervenciones integrales pero coherentes y trabajar juntos en todos los sectores para generar el apoyo necesario para implementarlas”.

El nuevo informe recomienda estrategias específicas para fomentar la integración de la justicia transicional, la paz y el desarrollo, incluido el fortalecimiento de la acción colectiva y agendas políticas compartidas entre grupos y redes de víctimas, actores de la sociedad civil y movimientos sociales y políticos más amplios; la incorporación de la justicia transicional en las respuestas a nivel local, nacional, regional y global; y la adopción de una perspectiva intergeneracional de largo plazo. El informe tiene como objetivo informar los debates en la Cumbre de los ODS y a lo largo de la segunda mitad de la Agenda 2030.

El Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional y ODS16+ es parte de la Coalición de Acción por la Justicia (JAC), una plataforma de políticas internacionales que defiende el acceso igualitario a la justicia para todos y trabaja para cerrar la brecha de justicia global. Convocado por el ICTJ, el grupo de trabajo reúne a grupos de la sociedad civil, gobiernos nacionales, actores regionales y organizaciones internacionales para movilizar apoyo para el Llamamiento a la Justicia de 2023, que pide el restablecimiento de la confianza y la renovación del contrato social.