En períodos de conflicto o autoritarismo, las mujeres suelen convertirse en blanco de violaciones de derechos humanos debido a su género y la marginación que sufren en muchas sociedades. Pueden ser objeto de violencia física y sexual, así como de otras violaciones que las afectan de manera singular, como la desaparición forzada de sus seres queridos, el desplazamiento y la discriminación socioeconómica.
Por ejemplo, las mujeres cuyos maridos son objeto de desaparición forzada en un conflicto pueden sufrir traumas psicológicos prolongados, barreras legales injustas y otras formas de discriminación por no estar casadas ni ser viudas oficialmente. Sufren un mayor riesgo de explotación debido a la pobreza agravada por la pérdida de su principal fuente de ingresos y el ostracismo por parte de sus familias y otras redes sociales cercanas.
Para agravar estos daños, la capacidad de las mujeres para sostenerse económicamente es a menudo limitada por desigualdades estructurales. Incluso los propios mecanismos de justicia transicional pueden ignorar las necesidades particulares de las mujeres si están mal diseñados, y las respuestas pueden reflejar los desequilibrios de poder de género en la sociedad en general.
Si bien las mujeres frecuentemente se encuentran entre las personas más marginadas de la sociedad, lo que requiere atención y mecanismos de respuesta específicos a nivel de justicia transicional, la justicia de género no solo se refiere a las mujeres. Todas las experiencias de las víctimas deben evaluarse en cuanto a implicaciones de género. Un enfoque sensible al género para la justicia transicional examina y aborda la gama completa de experiencias, incluidas las de víctimas masculinas en contextos especiales, así como las víctimas LGBTQI.
¿Puede la justicia transicional ayudar a promover la justicia para las víctimas de violencia sexual y de género?
Los mecanismos de respuesta de la justicia transicional ante las violaciones basadas en el género durante los conflictos y los gobiernos autoritarios son esenciales para garantizar justicia para las víctimas, combatir la marginación de las mujeres y prevenir futuras violaciones contra ellas y otros grupos atacados por su género. Es igualmente importante asegurarse de que las medidas de justicia transicional aborden de manera significativa las causas y consecuencias de todos los abusos contra las mujeres, incluso aquellos que no están inherentemente basados en el género.
En las últimas décadas, se ha hecho un progreso considerable en términos de reconocimiento público de la desigualdad de género, la discriminación de género y las violaciones de los derechos humanos basadas en el género. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estos reconocimientos no se traducen en una implementación efectiva. Gran parte de este fracaso se debe a la falta de conocimientos técnicos sobre cómo implementar medidas que fomenten la participación de las mujeres y aborden adecuadamente la naturaleza de género de las violaciones de derechos humanos.
Esta deficiencia se agrava cuando las mujeres también están excluidas del proceso de toma de decisiones. Las mujeres deben desempeñar un papel central en el diseño y la implementación de las medidas de justicia transicional si se quiere que la política responda adecuadamente a sus necesidades. Esto es especialmente cierto cuando se intenta implementar una política mientras las violencias sexuales y de género siguen en curso, pues la voluntad y la capacidad de las autoridades para investigar se quedan cortas.