Mientras el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen avanzando en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, la Fundación Konrad Adenauer –en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y Ámbito Jurídico– ha puesto en marcha un Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz para debatir y reflexionar sobre cómo alcanzar una paz sostenible y duradera para Colombia.
El primer conversatorio, celebrado el 24 de abril en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, giró en torno al segundo punto de la agenda de negociaciones de paz: la participación política de excombatientes de la guerrilla. En noviembre de 2013, el Gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo parcial sobre este punto, uno de los más controvertidos para la opinión pública. El acuerdo final en materia de participación política dependerá de que se logre un acuerdo completo con respecto a todos los puntos de la agenda.
El conversatorio fue el punto de encuentro de expertos, académicos, líderes de la sociedad civil y representantes del Gobierno, quienes aportaron interesantes reflexiones sobre los retos jurídicos y políticos que supone la participación política de excombatientes.
| Uno de los centros del debate fue el Marco Jurídico para la Paz, que establece las medidas de justicia transicional que podrían aplicarse en el país en caso de acuerdo con la guerrilla y que facultan al Congreso para regular los delitos conexos al delito político en materia de participación política de excombatientes –es decir, qué delitos se consideran unidos a los delitos de rebelión, sedición o asonada y que permitirían un “trato benévolo” por parte de las cortes, así como la participación política de los futuros desmovilizados. |
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En su introducción, los representantes de la Oficina del Alto comisionado para la Paz, Juanita Goebertus y Julián Arévalo, discutieron los alcances, límites y algunos puntos del acuerdo sobre participación política que resultó de la mesa de negociaciones. Asimismo, destacaron la necesidad de promover la participación ciudadana dados los altos niveles de abstención, porque, como lo expresó Arévalo, “la paz se construye desde abajo”.
Goebertus agregó que la reintegración política de excombatientes “no está prohibida, sino contemplada en la Constitución del 1991”, pero que dicha participación está sujeta a la satisfacción de los derechos de las víctimas: el compromiso con la rendición de cuentas, la reparación y el reconocimiento de la verdad.
A continuación les ofrecemos una recapitulación de los aspectos más destacados de los tres paneles del conversatorio.
Retos de la transición: de la ilegalidad a la democracia
En el primer panel, Carmen Palencia, de la Asociación Nacional de Víctimas; León Valencia, ex combatiente del ELN y ex presidente de la organización que promueve la reconciliación Nuevo Arco Iris; y Alejandro Éder, de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), dilucidaron algunos de los retos más significativos que supone la reintegración política de los futuros desmovilizados de las FARC.
Para Palencia, el gran reto es que el proceso de paz sea efectivo, que no surjan nuevos grupos y que no haya disidencias. Otro desafío que se discutió en el panel es poder lograr que la ciudadanía acepte la participación política de dichos excombatientes. “Todo el país va a ser un país de reinsertados y todo el país va a tener que abrirles las puertas”, agregó Palencia.
Según León Valencia, esto le cuesta mucho a la sociedad colombiana. “Todos en Colombia quieren y apoyan la paz pero no están dispuestos a pagar el precio; si se quiere paz hay que abrir el sistema a nuevas fuerzas políticas”, defendió. Para Valencia, uno de los mayores desafíos es poder eliminar la violencia también de la política, no solo de las FARC: “La reconciliación en Colombia es de las FARC, pero también de las élites políticas con el Estado de derecho”.
Éder, de la ACR, agregó que cuando se piensa en la participación política de las FARC se suele pensar en la participación de los comandantes, pero no en los miles de combatientes que conforman sus filas o en los miles de personas que son parte de las estructuras de apoyo del grupo guerrillero, de los cuales se estima un total que superaría las 21.000 personas. Éder destacó también que los combatientes, cuando se desmovilizan, enfrentan la estigmatización económica, social y política a través de desafíos legales, que obstaculizan su participación en la política; así como retos de seguridad y de respeto a sus derechos individuales.
Criterios para la definición de los delitos conexos al delito político
El segundo panel estuvo moderado por María Camila Moreno, directora del programa del ICTJ en Colombia. Entre los participantes estuvieron Jorge Fernando Perdomo, Vicefiscal de la Nación; Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); y Juan Carlos Lancheros, docente y director de Derecho Justo.
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En su intervención inicial, Moreno propició un análisis sobre los criterios que deberían regir la definición de los delitos conexos al delito político. Es decir, desde qué parámetros se decidirían qué delitos se considera que fueron cometidos con un fin político, y por tanto quedan sujetos a las normas que rigen al delito político. |
Moreno recalcó: “El reto será definir estrategias políticas y legales para que los excombatientes puedan participar políticamente. Asimismo, el Estado tiene que reconocer la calidad de actor político de los grupos armados con los que está negociando la paz”. El Vicefiscal señaló: “Hay que reconocer que el conflicto es un problema político más que jurídico, y que la paz debe ser el fin último del derecho”.Y añadió que la participación política de las guerrillas es el único mecanismo para que Colombia dialogue sobre las bases de una paz estable y duradera.
Por su parte, Gallón defendió que las actividades de la guerrilla deben considerarse conexas, y por tanto poder beneficiarse de penas reducidas o alternativas, excepto en casos de atrocidad o delitos graves, como las violaciones de los derechos humanos. El director de la Comisión Colombiana de Juristas opinó que los delitos de narcotráfico y el terrorismo, en algunos casos, sí podrían considerarse delitos conexos al delito político.
Lancheros también subrayó que el reconocimiento de la participación política es importante para legitimar el proceso de paz. A lo que Gallón agregó que el reconocimiento del daño y la petición de perdón por parte de los combatientes es esencial.
¿La Constitución de 1991 permite la participación política de excombatientes?
El tercer y último panel estuvo comprendido por Luis Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación; Rafael Guarín, docente y periodista; Matthias Herdegen, docente de la Universidad de Bonn; Juana Acosta, presidenta de la Academia Colombiana de Derecho Internacional; y José Rafael Espinosa, investigador de Dejusticia. Una de las reflexiones que surgió del debate y que varios panelistas reafirmaron fue que ni la constitución ni el derecho internacional prohíben la participación política de excombatientes.
| El Fiscal General dijo que la Constitución establece que el delito de lesa humanidad no puede ser conexo al delito político, y que el eje de la justicia transicional “no es el delito político sino la priorización y selección de máximos responsables”. |
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Por otro lado, el periodista Rafael Guarín defendió que cualquier acuerdo que se logre en las negociaciones de La Habana debería resultar en un acuerdo de todos los colombianos, y que por ende debería ser consensuado a través de una asamblea constituyente y no de un referendo, para que pueda tener sostenibilidad jurídica.
La abogada Juana Acosta argumentó que la posibilidad de participar en la política es el mayor incentivo para firmar la paz, y que dicho acuerdo será la mayor garantía para prevenir violaciones de los derechos humanos y garantizar la no repetición.
José Rafael Espinosa aportó valiosas reflexiones y preguntas sobre la participación política de excombatientes en un escenario de post-conflicto en Colombia. Para Espinosa una de las disyuntivas fundamentales será definir qué tantos beneficios se pueden conceder a los excombatientes para que no resulten en el incumplimiento de la satisfacción del derecho de las víctimas y para asegurar la no repetición. Agregó que en las negociaciones de paz habrá que hacer concesiones, y que a la hora de pensar en la participación política habrá que ser más creativos.
FOTO: Panelistas del foro sobre participación política celebrado en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá el 24 de abril de 2014. (ICTJ)
