Nuestro trabajo
Aunque Colombia sigue sufriendo un conflicto armado, ya están en marcha iniciativas para exigir la rendición de cuentas. El ICTJ colabora con el Estado y con organizaciones de la sociedad civil de Colombia para ahondar en el conocimiento de la verdad, en la justicia y la reparación de las víctimas.
Antecedentes: desmovilización, Ley de Justicia y Paz y otras iniciativas
Colombia continúa sufriendo el conflicto armado más difícil de resolver del hemisferio occidental. Los enfrentamientos, que duran ya más de medio siglo, han ocasionado el desplazamiento forzado de más de 4 millones de personas, además de actos de violencia masiva contra la población civil, que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, delitos de carácter sexual y reproductivo, reclutamiento forzoso de menores, y tratos inhumanos y degradantes.
El prolongado conflicto colombiano, en el que intervienen múltiples actores, se sigue alimentando de acciones violentas por el control de la población, la tierra, los recursos naturales, el poder político y los mercados de la droga.
Entre 2003 y 2006, el Gobierno ha constatado la desmovilización de más de 30.000 paramilitares, después de un pacto político liderado por el presidente Álvaro Uribe.
La Ley de Justicia y Paz (Ley 975) de 2005, diseñada para -facilitar el procesamiento y condena de algunos paramilitares, redujo las penas de prisión a cambio de una confesión completa, la entrega de todos los bienes y el compromiso de poner fin a cualquier actividad ilegal.
A pesar de sus contribuciones, la Ley tiene graves defectos. Ni las víctimas ni sus representantes han podido tener una participación significativa en su redacción. Y la Ley no afecta ni a los autores de crímenes de Estado ni a sus víctimas. La reducción de las penas de cárcel ha conducido a sentencias simbólicas para los autores de atrocidades masivas , con frecuencia, más cortas que la sentenciade un ladrón.
A pesar de algunos enjuiciamientos, el Estado colombiano no ha investigado ni procesado a los principales responsables de crímenes masivos y sistemáticos. Desde 2006, la situación colombiana viene siendo objeto de examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
Además de aplicar la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno está desarrollando políticas que abordan la situación de otros desmovilizados, la persistencia de la actividad criminal de grupos armados y la reparación y asistencia a las víctimas. El sistema judicial trabaja por afrontar un aspecto de la impunidad de los crímenes de Estado al investigar y procesar a miembros del Estado vinculados con grupos paramilitares. Por otra parte, muchas organizaciones de la sociedad civil y de víctimas han gestado iniciativas comunitarias relacionadas, entre otras cosas, con la revelación de la verdad y la memoria histórica.
El papel del ICTJ
El ICTJ trabaja en Colombia desde 2006. Nos centramos en consolidar los mecanismos nacionales de protección del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
- Fortalecemos los mecanismos judiciales: proporcionamos asistencia técnica a las principales instituciones públicas -entre ellas la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Especiales de Justicia y Paz-, basándonos en las leyes del país y en la comparación con experiencias internacionales.
- Defendemos los derechos de las víctimas: abogamos por reformas que fomenten la protección de esos derechos, entre ellos el de acceder directamente a los legisladores y el de difundir públicamente opiniones mediante informes analíticos. En los últimos tiempos, este trabajo se ha centrado en el proceso de creación de la Ley de Víctimas. Proporcionamos a las ONG locales herramientas para representar mejor a las víctimas y sus intereses.
- Investigamos: monitoreamos y analizamos los procesos judiciales de crímenes sistemáticos en Colombia, de acuerdo con los compromisos internacionales; sobre todo respecto al Estatuto de Roma de la CPI. También observamos de cerca y analizamos la aplicación de los programas de reparación y las iniciativas de reforma institucional.
- Buscamos la verdad y la memoria: hemos respaldado iniciativas extraoficiales de preservación de la memoria, entre ellas proyectos comunitarios en Antioquia, Valle y la Costa Atlántica colombiana. El ICTJ también respaldó la constitución por parte de la Corte Suprema de una Comisión de la Verdad que investigó los acontecimientos violentos registrados durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.
- Compartimos conocimiento: elaboramos y distribuimos materiales formativos sobre justicia transicional para el público de habla hispana en forma de publicaciones especializadas, entre ellas más de una docena de libros. También elaboramos análisis accesibles y precisos sobre el caso colombiano para el público de habla inglesa. Entre ellos figuran "Constested Transitions" (en prensa, 2011), que aborda los dilemas que conlleva la utilización de herramientas de justicia transicional en entornos no estrictamente transicionales.