La aparición de Hosni Mubarak en la apertura de su juicio esta semana garantizó a millones de egipcios que su lucha revolucionaria no fue vana. Aunque todavía no es clara la verdad sobre si Mubarak está en plenas facultades para ser juzgado, puesto que no es normal que un acusado comparezca ante un tribunal en camilla, ya que debe gozar de plena salud para ser sometido a juicio. Con el público dudando sobre la seriedad de la Corte, la comparecencia de Mubarak quizá fue una decisión política destinada a ganar más confianza. Si esta es la situación, los riesgos judiciales que corre aparecerían politizados a los ojos de los egipcios. En las sociedades en transición, los juicios nacionales para juzgar crímenes cometidos por regímenes del pasado casi siempre afrontan grandes dificultades, sobre todo cuando la transformación política todavía está en proceso y las investigaciones de las entidades estatales no están concluidas, como en el caso de Egipto. El deseo de alcanzar pronta justicia es entendible por la gravedad de los crímenes cometidos, pero el afán de enjuiciamiento podría conducir a resultados no deseados.
Retos del sistema judicial
Las organizaciones de derechos humanos, los abogados, los jueces y los familiares de las víctimas han planteado dudas a las investigaciones realizadas por el fiscal general desde la caída de Mubarak. Esto puede atribuirse a diversos factores, entre otros el que Mubarak haya nombrado el fiscal antes de abandonar el poder, previendo las investigaciones que vendrían en curso. Durante el gobierno de Mubarak, la oficina del fiscal era acusada con regularidad de servir como instrumento para silenciar a la oposición. De acuerdo con activistas de derechos humanos, esa entidad era cómplice de la política de impunidad.
Los continuos abusos de poder de la policía también afectaban las investigaciones. Esta institución todavía no lleva a cabo un proceso de investigación riguroso, no obstante que las medidas emprendidas por el ministro del Interior apuntaban a cambiar su imagen. Las organizaciones de derechos humanos han descubierto numerosos casos de presión ejercidos por los miembros de la policía acusados de asesinar manifestantes contra testigos y familiares de las víctimas para que cambien las declaraciones o para evitar que presenten denuncias.
En la sociedad egipcia avanza cada vez más un discurso de venganza política y presión popular sobre los jueces para acelerar los juicios. Es comprensible la exigencia pública de dar celeridad a los procesos judiciales dada la gravedad de las violaciones, la falta de trasparencia en la estrategia de judicialización y los grandes obstáculos a la participación de las víctimas. Pero la exigencia de rapidez en la celebración de los juicios no tiene en cuenta las garantías debidas a la defensa ni la naturaleza compleja de investigar crímenes políticos y económicos de esta magnitud. En estas circunstancias es difícil imaginar una investigación profesional exhaustiva de tan graves abusos.
Sin embargo, el sistema judicial debe funcionar sin apresuramiento para garantizar el debido proceso y alcanzar justicia, que es muy distinta de la venganza. La justicia y el imperio de la ley estuvieron en el corazón de la revolución en Egipto. Si los egipcios desean librarse del pasado deben fomentar procesos judiciales justos. Además, los juicios serán documentos históricos del periodo de transición. Por tanto, a las generaciones presentes y futuras les interesa garantizar procesos justos y trasparentes.
El sistema judicial egipcio no está acostumbrado a comunicarse con la opinión pública ni con los medios. Por consiguiente, los intentos de suministrar detalles y procedimientos alientan especulaciones y rumores sobre investigaciones y juicios. No obstante la importancia de los pasos recientes dados por el Consejo Supremo Judicial para llevar a cabo juicios públicos y asegurar la participación de las víctimas, faltan todavía otras medidas para reconstruir el puente de la confianza con la opinión pública.
La ausencia de estrategia
El juico a Mubarak no puede verse como parte de un marco estratégico amplio para afrontar las violaciones del régimen anterior. La mayor parte de las reformas introducidas por el gobierno de transición son fruto de la presión popular, antes que de una estrategia claramente establecida para enfrentar las dificultades de la transición.
Hasta ahora las investigaciones y los cargos presentados contra los miembros del antiguo régimen solo han tocado los crímenes ocurridos durante los últimos 18 días de la revolución egipcia. No se han tomado medidas tendientes a mostrar el cuadro general de las décadas de represión en el país y los derechos de las víctimas de esa represión.
Las organizaciones locales o internacionales de derechos humanos y los organismos de derechos humanos de la ONU han documentado las violaciones de derechos humanos en Egipto, incluso en el marco de combate al terrorismo, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias prolongadas y desaparición forzada. Hasta la fecha, parece no hay muestras de voluntad política para investigar estos crímenes y encarcelar a los autores a pesar de los llamados de la sociedad civil para combatir estas violaciones.
Lograr justicia y castigar a los responsables ha contribuido a la reconciliación de otras sociedades destrozadas por el conflicto y el autoritarismo. Aunque esto no es el remedio universal para todos los problemas de la sociedad, puede ayudar a que esta exprese los agravios sufridos y restaure la confianza en las instituciones del Estado, dos pasos necesarios hacia el establecimiento de una sociedad más abierta. El momento político egipcio debe aprovecharse para fortalecer el imperio de la ley y los derechos humanos. Los juicios a los adalides del antiguo régimen, con Mubarak a la cabeza, podrían ayudar a ir en esa dirección. No obstante, si no se allanan las dificultades que amenazan la rectitud de esos juicios, el curso de los procesos penales podría afectar seriamente la transición y la confianza del pueblo en el sistema judicial.
Moataz El Fegiery es subdirector del Programa MENA del ICTJ.
Este artículo fue publicado en Ahram Online y Al Jazeera..
Fotografía: 4 de agosto de 2011. Una pantalla puesta en las afueras de la Corte Penal de El Cairo muestra el juicio al antiguo ministro del Interior Habib al-Adly Marwan Naamani/AFP/Getty Images.
