¿Puede la justicia internacional fomentar la reconciliación?

10/04/2013

FOTO: Una mujer bosnio-musulmana, Ramiza Gurdic, 59, sobreviviente de la masacre de Srebrenica de 1995, sigue por televisión el primer día del juicio contra el ex comandante de las tropas serbo-bosnias Ratko Mladic ante el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia en La Haya. ELVIS BARUKCIC/AFP/GettyImages.


Por David Tolbert

El 10 de abril la Asamblea General de la ONU (AG de la ONU) celebra un debate monográfico sobre el papel de la justicia internacional en los procesos de reconciliación. Es un debate solicitado por el presidente de dicha asamblea, el serbio Vuk Jeremic, después de la reciente absolución del general croata Ante Gotovina por parte del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY). Por desgracia, ha quedado claro que lo que en realidad pretende este debate es desautorizar al TPIY, no debatir una cuestión importante no sólo para los Balcanes sino para un número creciente de países.

La experiencia avala que al rendir cuentas con los autores de crímenes graves, los procesos de justicia penal demuestran que nadie está por encima de la ley y suponen una ruptura con un pasado de abusos y crímenes horrendos. Mediante estos procesos, varias sociedades han demostrado que es preciso tomarse en serio los derechos humanos y que las víctimas pueden sentirse realmente protegidas.

Sin embargo, la relación entre mecanismos de justicia penal como el TPIY y la reconciliación se ha visto empañada por debates poco centrados, protagonizados, entre otros, por funcionarios judiciales. Cuando se dice, sin concretar, que esas instituciones judiciales pueden contribuir a la reconciliación, no siempre se parte de una concepción clara de la justicia penal ni de una base normativa.

“¿Cómo podía servir un tribunal constituido en pleno conflicto interétnico como herramienta para la reconciliación?”
    Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU encomendó al TPIY que “contribuyera al establecimiento y mantenimiento de una paz duradera” en la antigua Yugoslavia, nunca precisó de qué manera. ¿Cómo podía servir un tribunal constituido en pleno conflicto interétnico (que aún tenía que presenciar sus peores atrocidades, entre ellas el genocidio de Srebrenica) como herramienta para la reconciliación?

Y, algo igual de importante, ¿qué idea de la reconciliación tenía en mente el Consejo de Seguridad? Es preciso analizar seriamente esas cuestiones, ya que otros tribunales internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional (CPI), han suscitado expectativas similares.

La reconciliación tiene significados distintos para distintas personas. En América Latina, las iniciativas destinadas a conseguir que se rindieran cuentas por las masivas violaciones de derechos humanos cometidas por las dictaduras militares derechistas durante las décadas de 1970 y 1980 llevaron a muchas asociaciones ciudadanas a identificar el término reconciliación con la impunidad y la amnesia, cargando sobre las víctimas el peso del perdón, mientras se permitía que torturadores y asesinos escaparan de la justicia.

Otro enfoque se adoptó a comienzos de la década de 1990 en Sudáfrica, donde la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por Desmond Tutu, fomentó el perdón y la reconciliación, no sólo por pragmatismo, sino porque esos valores eran especialmente importantes en África.

Hay que dejar claro que no sólo la reconciliación tiene significados distintos para distintas personas, sino que tiene poco sentido pensar que la reconciliación pueda significar lo mismo cuando hablamos de una guerra entre Estados que cuando abordamos actos de violencia entre comunidades desgarradas por la guerra civil o la represión.

Hoy en día, casi con seguridad podemos decir que el ejemplo más claro de reconciliación entre Estados es el de Francia y Alemania. Es fácil olvidar que eran los más irreconciliables enemigos y que Francia, en concreto, se había visto humillada en tres guerras durante un periodo de tres cuartos de siglo. ¿Cómo se produjo esta reconciliación? Por lo menos en parte la posibilitaron los líderes alemanes, que consiguieron aceptar su culpa y comprometerse a reformar radicalmente la relación de Alemania con el Estado francés. Se trataba de asumir realmente responsabilidades.    
"Muchos políticos destacados de Serbia, entre ellos su actual presidente, Tomislav Nikolic, se niegan a reconocer que los serbo-bosnios cometieron realmente un genocidio en Srebrenica"

Por mucho dolor y mucha amargura que Francia continuara sintiendo, también comprendió que había que encontrar una nueva vía.

En la antigua Yugoslavia, y a pesar de algunas disculpas teóricas de antiguos jefes de Estado, ese proceso nunca tuvo lugar. De hecho, es bien sabido que muchos políticos destacados de Serbia, entre ellos su actual presidente, Tomislav Nikolic, se niegan a reconocer que los serbo-bosnios cometieron realmente un genocidio en Srebrenica. El TPIY esclareció lo ocurrido en esa localidad y la Corte Penal Internacional se pronunció al respecto, pero está claro que todo eso no bastó para promover un reconocimiento como el ofrecido por Alemania a Francia.

Puede que este ejemplo ni siquiera sea del todo relevante para la situación de Yugoslavia, en la que un país quedó dividido en varios Estados independientes. Cuando se han producido conflictos que consideramos guerras civiles o fruto de regímenes represivos nuestra concepción de la reconciliación debe ser más realista. La represión y los enfrentamientos internos desgarran el pacto social. Lo que la gente creía que podía legítimamente esperar de sus conciudadanos y de sus instituciones públicas pierde todo su valor cuando los abusos y las atrocidades extirpan el propio núcleo de la confianza. En esas circunstancias, muy familiares, por ejemplo, para comunidades antes tan unidas como las de Bosnia y Herzegovina, la reconciliación debe centrarse en lo que se precisa para recuperar la confianza mutua entre los ciudadanos y, quizás algo más importante, en el propio Estado.

La confianza debe ganarse. No puede asentarse en la negación y tampoco en relaciones de poder. Hay que tomarse en serio la dignidad de las partes afectadas. Es esencial reconocer la verdad de lo ocurrido, pero también proporcionar cierta justicia. No es razonable esperar que la gente, y en concreto las víctimas, confíe en ver protegidos sus derechos por un nuevo régimen cuando, después de los abusos más atroces, no se ha hecho esfuerzo alguno por reivindicarlas.

“Se puede considerar impresionante la actividad del TPIY por la cantidad de acusados que ha juzgado. Sin embargo, su contribución al proceso de reconciliación en la región ha sido muy escasa”
    ¿Acaso pueden los tribunales nacionales ayudar a recuperar esa confianza demostrando que el Estado se tomará en serio los crímenes del pasado? Es posible. ¿Cabe esperar que los tribunales internacionales hagan lo mismo mediante procesos largos y complicados, con frecuencia alejados de las realidades de unas sociedades que posiblemente sigan debatiéndose con las causas latentes de la violencia? Es mucho menos probable.

Los procesos de justicia penal son importantes, pero su principal objetivo es juzgar de manera imparcial situaciones concretas y estructuras de mando que suelen ser extremadamente complejas.

Hay que tener cuidado de no atribuirles objetivos relacionados con complicadas y polémicas ideas como la reconciliación, esperando que de alguna manera unos pocos juicios celebrados en La Haya solucionen todos los problemas de un sociedad después de un conflicto. En este sentido, el debate de la Asamblea Generalde la ONU está totalmente desenfocado.

En comparación con otros tribunales internacionales, se puede considerar impresionante la actividad del TPIY por la cantidad de acusados que ha juzgado; porque se ha capturado y procesado a todos los fugitivos y porque se ha llevado ante la justicia a algunos de los máximos responsables de las atrocidades cometidas en la antigua Yugoslavia. Sin embargo, su contribución al proceso de reconciliación en la región ha sido muy escasa. Al buscar explicaciones a tal situación, quizá debamos reconocer que los tribunales internacionales no tienen capacidad para responder a esas expectativas, y que, como en el caso del TPIY, a veces no existe siquiera un proceso de reconciliación al que contribuir.


David Tolbert es presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Anteriormente fue fiscal general adjunto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), secretario general adjunto del Tribunal Especial para el Líbano y secretario general adjunto y subsecretario general y experto especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la asistencia de la ONU a los procesos contra los jemeres rojos.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo