Más de seis años después del final formal de la guerra en Uganda, el país ha dado un primer paso histórico al aprobar unánimemente una resolución que abre las puertas al primer fondo de reparaciones con perspectiva de género del país.
La resolución, aprobada unánimemente por el parlamento el 9 de abril de 2014, insta al gobierno a otorgar reparaciones a aquellas personas-tanto mujeres como hombres- que hayan sido víctimas de la violencia a manos del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) en el norte de Uganda, y a abordar con firmeza la situación de las miles de víctimas que aún necesitan ayuda.
“Con esta resolución, Uganda envía una clara señal de que al fin está dispuesta a tomar medidas concretas para cumplir con su compromiso previo de ‘promover la reparación’ y la reconciliación en todos los niveles de la sociedad ugandesa”, explica Michael Otim, director de la de la oficina del ICTJ en Uganda. La resolución es el primer reconocimiento por parte del parlamento de Uganda de la necesidad de apoyar institucionalmente la sanación y la búsqueda de justicia de las mujeres, y llega con varios años de retraso.
“El simple hecho de que se emplee el término ‘reparaciones con perspectiva de género’ nos parece muy alentador”, dijo Amrita Kapur, asociada senior del programa de Justicia de Género del ICTJ. “A menudo, el análisis de las experiencias de las mujeres en conflictos como el de Uganda se limita a la violencia sexual. Gracias a la promesa de que tendrá en cuenta todas las formas en las que las mujeres —y los hombres— experimentan el conflicto, este fondo de reparaciones podrá también abordar los perjuicios relacionados con el conflicto que tienen una dimensión de género, como la desposesión de tierras, la falta da acceso a la educación, el estigma de la victimización y la privación económica”, añadió.
El diseño de la justicia reparativa
Si bien las hostilidades entre el LRA y el gobierno de Uganda cesaron formalmente en 2006, el conflicto dejó a miles de personas con profundas heridas emocionales y físicas. Con la firma del acuerdo sobre responsabilidad y reconciliación en Juba en 2007, Uganda se comprometió a ‘promover la reparación’; sin embargo, más allá de pagos esporádicos a algunas víctimas, el Gobierno aún no ha tomado medidas concretas.
Estas constantes interrupciones ilustran por qué los aspectos fundamentales de la nueva resolución representan un importante avance: instan al gobierno a crear un fondo de reparaciones con perspectiva de género para abordar las necesidades de los hombres y mujeres que se han visto afectados por el LRA. Estas reparaciones priorizarían la provisión de servicios a las víctimas, como atención médica, formación profesional y educación.
Asimismo, la resolución recomienda ampliar el presupuesto para incorporar servicios de salud adicionales para las víctimas, en concreto en los ámbitos de salud reproductiva, ortopedia y apoyo psicosocial, y sugiere apoyar los esfuerzos de los Gobiernos regionales afectados por la violencia del LRA por identificar e integrar a los niños que hayan nacido o hayan sufrido abusos en cautiverio. Además, urge al Gobierno a que se esfuerce por identificar, integrar y reubicar a niños y mujeres secuestrados durante la guerra.
La inclusión de una perspectiva de género en el fondo de reparaciones es el resultado de la victoriosa y ardua lucha de las organizaciones de base de mujeres de la sociedad civil de Uganda. Con ayuda técnica del ICTJ y el Proyecto de Justicia y Reconciliación, la Red de Defensa de las Mujeres (WAN, por sus siglas en inglés) presentó una demanda y movilizó a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de todo el país, entre ellas la Asociación de Mujeres Parlamentarias de Uganda.
Kapur recuerda la escena de la aprobación de la resolución: “Fue un momento muy emotivo. Estaban presentes muchas víctimas de la violencia del LRA. Una mujer me habló de lo conmovida que se sentía de estar ahí, de ver los resultados directos de la acción de la comunidad, y de retomar el control de su vida”.
Una de las defensoras de las víctimas presentes en el debate dijo: “Hoy he comenzado a sanar”.
Garantizar la implementación
Tras la aprobación de la resolución, el vicepresidente del parlamento designó a un comité para monitorear e informar al parlamento sobre los avances del gobierno en la implementación de la resolución.
“La aprobación de la resolución sobre reparaciones con perspectiva de género es un gran primer paso, pero aún queda mucho por definir en cuanto a su diseño e implementación”, dijo Rubén Carranza, director del programa de Justicia Reparativa del ICTJ. “Si bien se trata de un indicador positivo, esto no quiere decir que el éxito esté asegurado. Es fundamental que la sociedad civil permanezca alerta para garantizar que la forma que finalmente adopte el programa de reparaciones no se vea diluida por la política”.
El informe del ICTJ titulado Unredressed Legacy: Possible Policy Options and Approaches to Fulfilling Reparations in Uganda, (Un legado desatendido: Posibles políticas y enfoques para reparar en Uganda, disponible solamente en inglés) publicado en 2012, ofrece un marco para la discusión de las reparaciones en caso de que el estado y los supervivientes establezcan un diálogo directo. El marco toma en cuenta las lecciones del trabajo de ayuda humanitaria llevado a cabo anteriormente por las ONG y los donantes en el norte del país, así como las capacidades y recursos de los que disponen los programas de desarrollo del gobierno.
El próximo paso, según Michael Otim del ICTJ, será la participación activa del gobierno junto con la sociedad civil en el diseño del fondo. “El Estado tiene la obligación de extender la mano a los sobrevivientes”, dijo. “No al revés”.
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FOTO: A la derecha, Adye Sunday, de 25 años, secuestrada a los 13 años por el líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) Joseph Kony, y forzada a ser una de sus docenas de “esposas”. Sunday afirma además que Kony es el padre de sus dos hijos. Una de ellos, Betty, de 3 años, a la izquierda, prepara comida para vender en un centro creado para ayudar a las personas que han escapado o han dejado el LRA en Gulu, Uganda, en 2012. (AP Photo/Ben Curtis)
