
Las reparaciones pretenden reconocer y responder ante los daños sufridos por las víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El programa de Justicia Reparadora del ICTJ proporciona conocimientos y experiencias comparadas sobre reparaciones a grupos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y políticos de todo el mundo.
Los Estados tienen el deber legal de reconocer y responder ante las violaciones generalizadas o sistemáticas de los derechos humanos en aquellos casos en los que la acción o inacción oficial de los mismos implique su responsabilidad.
Las iniciativas de reparación intentan ocuparse de los daños causados por esas violaciones. Pueden ser medidas compensatorias por las pérdidas sufridas, y así ayudar a superar algunas de las consecuencias de los abusos. También pueden orientarse al futuro, proporcionando rehabilitación y una vida mejor para las víctimas, así como pueden ayudar a cambiar las causas subyacentes de las violaciones.
Las reparaciones proclaman públicamente que las víctimas tienen derechos y, a causa de la violación de los mismos, deben ser compensadas.
Hay múltiples formas de diseñar las iniciativas de reparación. Entre ellas figuran las indemnizaciones individuales o colectivas; las garantías de no repetición; servicios sociales como la sanidad o la educación; y medidas simbólicas como la disculpa formal o la conmemoración pública.
Algunos ejemplos:
En ocasiones, cuando las iniciativas de reparación no han ido acompañadas de otras medidas de justicia, han sido criticadas por tratar de comprar el silencio de las víctimas.
El ICTJ cree que las iniciativas de reparación más justas y eficaces son las derivadas de una colaboración bien entendida con las víctimas. Tal como recomienda la ONU en sus Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitaria a interponer recursos y obtener reparaciones, el hecho de vincular las reparaciones con otras formas de reconocimiento y de justicia, y con garantías de no repetición, también puede contribuir a su eficacia.
El ICTJ tiene un papel preponderante en iniciativas de investigación y asesoría en materia de reparaciones.
El ICTJ analiza y evalúa iniciativas de reparación pasadas y presentes. También investiga, analiza y hace informes sobre factores relacionados con necesidades de las víctimas como la influencia de los sesgos de género, la pobreza, el desplazamiento, la corrupción y las tensiones étnicas. Nuestro documento informativo El derecho a la reparación en situaciones de pobreza estudia a qué desafíos se enfrentan en el post-conflicto, los programas de reparación en países en desarrollo y con altos índices de pobreza.
Partiendo de nuestro conocimiento de iniciativas de reparación de todo el mundo, ayudamos a organismos de búsqueda de la verdad, tribunales y actores políticos a desarrollar políticas y programas de reparación. Hemos asesorado a la Corte Penal Internacional (CPI) y al Fondo Fiduciario de Víctimas (TFV), indicándoles formas de concebir las reparaciones judiciales para las víctimas. También facilitamos la comunicación entre a la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú a consultar con las asociaciones de víctimas mientras que aquélla formulaba sus recomendaciones en materia de la reparación.
Trabajamos con asociaciones de víctimas y grupos de la sociedad civil para ayudarles a definir sus necesidades y prioridades. En Nepal, preparamos materiales informativos en lengua nepalí sobre complejos proyectos de ley y trámites burocráticos. En Liberia, asesoramos a los supervivientes de masacres para ayudarles a organizar asociaciones de víctimas.
Compartimos el conocimiento de otras experiencias con colaboradores locales, ayudándoles a desarrollar redes y poner en común las lecciones con sus contrapartes en otros paíseslegas. En 2009, el ICTJ y el Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos celebraron una conferencia sobre reparaciones colectivas a la que asistieron defensores de víctimas y representantes gubernamentales de siete países en que las medidas de reparación estaban implementándose o por venir.