Por David Tolbert
Es probable que Charles Taylor se pase el resto de su vida en prisión, después de que, en segunda instancia, los magistrados del Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL, por sus siglas en inglés) refrendaran su condena a 50 años de cárcel por inducir a los rebeldes de Sierra Leona a cometer crímenes contra la humanidad en la guerra civil registrada en ese país. Aunque no ha sido condenado por los presuntos crímenes cometidos en su Liberia natal, que gobernó entre 1997 y 2003, el veredicto también tendrá una gran influencia en ese país, donde cabe esperar que se haga también cierta justicia a las víctimas.
El fallo definitivo del Tribunal Especial determina que Taylor es penalmente responsable de haber apoyado al Frente Revolucionario Unido (RUF, por sus siglas en inglés) y a otros grupos rebeldes en su campaña de terror contra la población civil de Sierra Leona. Aunque el tribunal rechazó la petición de la fiscalía, que reclamaba la condena de Taylor por su responsabilidad personal en la campaña de asesinatos, violaciones, actos de sometimiento a esclavitud sexual y amputaciones, sí se le consideró culpable de “inducir” a la comisión de esos horrendos crímenes, ya que apoyó de manera fundamental al RUF, proporcionándole armas y otros suministros.
El presente fallo pone el fin que corresponde a la singular carrera de Taylor como brutal señor de la guerra, presidente, playboy y, en cierto momento, niño mimado de Occidente. Al mismo tiempo, completa la labor del SCSL, el primer tribunal “híbrido” o mixto, en el que jueces y personal extranjero colaboraron con colegas sierraleoneses, que sin duda dejará un profundo legado en el país, en su sistema judicial y en sus iniciativas para curar las heridas de la guerra civil.
No obstante, la relevancia del fallo del caso Taylor, emitido hace unos días en La Haya, va más allá del propio condenado e incluso del Tribunal Especial para Sierra Leona. La sentencia constituirá un inevitable precedente jurídico para cualquier deliberación futura relativa al papel de dirigentes y Estados en crímenes cometidos en terceros países por fuerzas que cuenten con su apoyo. El fallo del SCSL en el caso Taylor tiene implicaciones jurídicas de gran relevancia, porque se diferencia de veredictos similares dictados por otro tribunal internacional y porque alienta un debate ya de por sí intenso sobre la responsabilidad penal de quienes apoyan indirectamente a responsables de atrocidades masivas.
El precedente del ICTY
Para comprender esta situación debemos remontarnos a la década de 1990, a un conflicto registrado a miles de kilómetros de la costa de África occidental, es decir, a la guerra de Bosnia-Herzegovina, y a otro tribunal internacional que, con sede en la misma ciudad holandesa, está a sólo unas manzanas de donde se emitió el veredicto del caso Taylor.
| El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés), el primer tribunal internacional creado después de los de Núremberg y Tokio para juzgar crímenes de guerra, acaba de emitir un polémico veredicto final sobre el caso Momcilo Perišić, ex comandante del Ejército yugoslavo en la época de Slobodan Milošević. Perišić estaba acusado de inducción a la comisión de crímenes cometidos en Bosnia por parte de fuerzas serbo-bosnias, entre ellos el genocidio perpetrado por éstas en Srebrenica. |
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Perišić y sus acólitos habían proporcionado armas, equipos y otras ayudas a quienes planearon y cometieron crímenes que afectarona miles y miles de bosnios.
Después del primer juicio, Perišić fue condenado y sentenciado a 27 años de cárcel. Algo nada sorprendente en vista de la jurisprudencia y la práctica del tribunal hasta la fecha. No cabía duda de la gravedad de los crímenes cometidos en Bosnia por fuerzas a las que Perišić había proporcionado un considerable apoyo material, que incluía grandes cantidades de armas y municiones, sin las cuales puede que esos crímenes no se hubieran cometido o que, por lo menos, no hubieran tenido la misma magnitud.
Sin embargo, después del recurso, en una sorprendente decisión que ha suscitado un gran debate en círculos jurídicos internacionales (y también consternación y enfado en Bosnia-Herzegovina) Perišić fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad. En segunda instancia, los jueces del ICTY dictaminaron que, para que Perišić hubiera sido legalmente responsable de los crímenes cometidos por el Ejército serbo-bosnio, al que apoyó activamente, debería haber tenido la intención de que el apoyo material proporcionado a esas fuerzas fuera utilizado en la comisión de tales crímenes. O, en palabras del tribunal, la fiscalía no logró demostrar que el hecho de que Perišić proporcionara esas armas, ese apoyo y esos materiales, estuviera “específicamente orientado” a la comisión de tales crímenes.
En tanto que los juristas siguen discutiendo el caso Perišić, en la práctica la decisión supone que será enormemente difícil hacer penalmente responsables a quienes proporcionen ayudas esenciales como armas y municiones a fuerzas interpuestas o aliados que cometan crímenes. Es prácticamente imposible demostrar la existencia de “orientación específica”, porque los países que proporcionan ayuda a grupos criminales no suelen dar instrucciones concretas sobre cómo utilizar esa ayuda para la comisión de crímenes, aunque eso sea algo que salte a la vista para todos los implicados.
Un fallo de gran resonancia
El fallo del caso Perišić ha tenido gran resonancia en tribunales y facultades de derecho de todo el mundo, pero también entre jerarquías militares que dan o han dado apoyo a diversos contingentes en conflictos actuales o recientes. Además, también ha proporcionado una oportunidad a Charles Taylor y los suyos. En vista de que el SCSL está obligado a incorporar la jurisprudencia de los tribunales yugoslavo y ruandés, y a seguir sus directrices, varios observadores creían que Taylor sería absuelto, ya que era difícil demostrar la presencia de la “orientación específica” exigida por el fallo del ICTY en el caso Perišić.
No obstante, los jueces del Tribunal Especial para Sierra Leona, después de examinar los precedentes de los tribunales internacionales y las fuentes habituales de derecho internacional, no siguieron la interpretación del ICTY en lo tocante a la “inducción al delito” en el caso de Perišić y mantuvieron la condena a Taylor.
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En el resumen de la sentencia, el juez Gelaga King explicaba sin ambages el fallo: “Al Tribunal de Apelaciones no le convenció el fallo emitido recientemente por el Tribunal de Apelaciones del ICTY en el caso Perišić, que aducía que en las fuentes de derecho internacional habituales la presencia de “orientación específica” es un componente de la responsabilidad de la inducción al delito. Señalaba que la jurisprudencia del ICTY no contiene un análisis claro y detallado de las fuentes autorizadas que avalan la conclusión de que la “orientación específica” es un componente de las fuentes habituales del derecho internacional”. |
La opinión de las juezas Shireen Avis Fisher y Renate Winter no se limitó a hacer hincapié en ese enfoque. Ambas rechazaron de plano la argumentación de Taylor, para quien, en ausencia de un patrón de “orientación específica”, la responsabilidad en materia de inducción al delito sería demasiado imprecisa, criminalizando la conducta de Estados que ayudan a movimientos rebeldes de otros países y que, al mismo tiempo, podrían estar apoyando al SCSL o a otros tribunales internacionales. La juez Fisher fue bastante tajante: “Insinuar que los jueces de este Tribunal estarían dispuestos a admitir que se deba cambiar la ley o adaptar nuestras decisiones a los intereses de los dirigentes de los Estados que dan apoyo a éste o a cualquier tribunal penal constituye una afrenta al derecho penal internacional y a los jueces que lo sirven”.
Sería imposible minusvalorar este veredicto. El fallo del SCSL no sólo ha hecho por fin cierta justicia a las muchas víctimas de Charles Taylor en Sierra Leona, sino que ha lanzado un contundente mensaje a quienes pretenden cometer crímenes horrendos a través de terceros o de marionetas: quizá no les resulte fácil esconderse detrás de complejas teorías jurídicas y seguramente tengan que sentarse en el banquillo. Estamos ante una victoria de la justicia mundial y ante una advertencia para quienes creen que, como el Mago de Oz, pueden manipular a distancia las atrocidades sin tener que afrontar sus consecuencias.
David Tolbert es presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.
Este artículo fue previamente publicado en Al Jazeera en inglés.
FOTO: El ex presidente de Liberia, Charles Taylor, esperando el veredicto en el caso presentado contra él por el Tribunal Especial de Sierra Leona en Leidenscham, cerca de La Haya, el 26 de abril de 2012. (UN Photo/SCSL/AP Pool/Peter DeJong)
