Ignorando sus demandas de justicia, Sudáfrica fracasa ante las víctimas del apartheid

Varios años después de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica expusiera sus recomendaciones, las víctimas siguen reclamando justicia y una reparación digna. ¿Continuará el Gobierno haciendo caso omiso a sus demandas?

El proceso de transición sudafricano es señalado a menudo como un ejemplo a seguir, pero más de una década después de la tarea realizada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) han salido a la luz algunas de las carencias de ese alabado proceso, especialmente en lo que respecta a la rendición de cuentas y la reparación.

Las víctimas del apartheid siguen enfrentando graves dificultades para reclamar justicia y una reparación digna, tras las violaciones sufridas durante décadas. A día de hoy, el Gobierno sudafricano sigue sin escuchar las demandas de las víctimas.

Howard Varney, asesor programático del ICTJ y abogado en activo del Colegio de Abogados de Johannesburgo, trabajó para la CVR de Sudáfrica y posteriormente siguió con la tarea de representar a las víctimas de violaciones pasadas ante los tribunales. En esta entrevista, Varney explica en qué estado se encuentra el proceso de transición Sudáfricano, rompiendo muchos mitos y exponiendo sin miramientos las carencias y errores que se han cometido en las dos últimas décadas de reconciliación.

Más de 40 años de apartheid proyectan sobre Sudáfrica una larga sombra de violaciones de derechos humanos, compuesta de masacres, torturas, encarcelamientos prolongados de activistas y una perniciosa discriminación racial. Pero la mayoría de las iniciativas destinadas a conseguir que los crímenes cometidos durante el apartheid no quedaran impunes han fracasado y, hoy en día, las víctimas siguen organizándose para exigir justicia y reparación. ¿En qué situación diría usted que se encuentra en la actualidad la justicia transicional en Sudáfrica si se compara con la década de 1990, cuando se iniciaron multitud de procesos de reconciliación?

A pesar de las grandes esperanzas que teníamos en la primera mitad de los noventa y de algunas labores pioneras, realizadas gracias a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que comenzó a trabajar en 1995 y terminó su cometido a finales de esa misma década, se ha avanzado con lentitud. Y lo más penoso con respecto a las reparaciones y la justicia es que la mayoría de las víctimas siguen esperando que les concedan las reparaciones adecuadas, y que con la inmensa mayoría no se ha hecho realmente justicia.

Ha mencionado usted el trabajo de la Comisión de la Verdad, que en el campo de la justicia transicional se suele considerar un modelo bastante exitoso. Pero parece que algunos de esos problemas están lejos de resolverse.

Me parece que muchas víctimas tendrían una visión cínica de la Comisión de la Verdad, sobre todo por la enorme y en general positiva acogida que tuvo en los medios de comunicación a través de libros, documentales y películas.

Hay que reconocer que la comisión de la verdad realizó un trabajo muy importante, aunque fue fruto de una serie de cesiones y negociaciones, y se le añadió una amnistía para conseguir el apoyo de diferentes partidos e individuos.

Y creo que existe un consenso sobre el papel que desempeñó esa iniciativa como impulsora de la transición sudafricana. Siempre supimos que no estábamos en situación de juzgar a cientos, cuando no miles, de personas. Así que la comisión era un método para buscar la verdad y proporcionar cierta rendición de cuentas.

Y lo hizo mediante un abanico de iniciativas, pero sobre todo celebrando vistas públicas, bastante novedosas en esa época. Antes de la comisión sudafricana, lo que hacían prácticamente todas las comisiones era celebrar sesiones o entrevistas a puerta cerrada. Y los sudafricanos demostraron que las vistas públicas eran importantes porque permitían a las víctimas compartir su dolor y su sufrimiento con la nación. Pero también porque conseguían que las cuestiones esenciales recibieran bastante atención pública a través de los medios de comunicación.

La experiencia sudafricana tuvo bastante más éxito como viaje que como destino. En realidad, donde en general se han incumplido los compromisos, las promesas, ha sido en las labores de seguimiento de la experiencia de justicia transicional.

Y esto ha sido lo más penoso del caso sudafricano. Se considera un enorme éxito, un ejemplo a emular. Pero muchos no son nada conscientes, se olvidan de que la mayoría de las víctimas sudafricanas siguen luchando, sobre todo para conseguir reparaciones adecuadas y una auténtica justicia.

¿Las promesas que ha mencionado aluden a la creación de un programa de reparaciones?

Sí. En ocasiones lo consideramos un pacto que se hizo con la nación y, en concreto, con las víctimas. Fue cuando se negoció la transición sudafricana y, sobre todo, cuando se acordó que habría una amnistía: no una amnistía indiscriminada, pero sí que no habría juicios como los de Núremberg. Se seguiría una especie de camino intermedio, que ahora conocemos con el nombre de amnistía a cambio de verdad, de amnistía condicionada.

Se acordó que las víctimas tuvieran que hacer cesiones y aceptar que, en los casos en los que se aplicara la amnistía, perderían la posibilidad no sólo de recurrir a la justicia penal, sino de reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios o presentar denuncias ante instancias civiles.

Sin embargo, a cambio se pactó de antemano que se concederían reparaciones. Y eso está consagrado en el epílogo de la Constitución provisional sudafricana. También en el preámbulo de la Ley de Constitución de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Y se dijo que, dentro de esa comisión, habría un comité especial que se ocuparía de cuestiones relativas a la rehabilitación y la reparación.

De hecho, la comisión de la verdad sudafricana hizo recomendaciones bastante exhaustivas sobre rehabilitación y reparación, todas ellas ignoradas.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno?

Hasta ahora, el Gobierno ha proporcionado un tipo concreto de reparación, consistente en un único pago, proporcional, a cualquier persona que tuviera la suerte de dar su testimonio ante un empleado de la CVR y cuya condición de víctima, de alguien que había sufrido daños a causa de violaciones flagrantes de los derechos humanos, fuera avalada por ella.

Por desgracia, las reparaciones de pago único no han tenido buena acogida entre la mayoría de las víctimas, porque son una compensación que no guarda relación con las necesidades individuales. No se ha intentado ni evaluar las necesidades ni los daños sufridos por cada víctima.

Las asociaciones de víctimas, en concreto una con la que colabora estrechamente el ICTJ, el Grupo de Apoyo a las Víctimas de Khulumani, han organizado campañas desde que se puso fin a la CVR a finales de la década de 1990, presionando para obtener reparaciones mejores y más razonables. Pero, hasta el momento, esa petición ha caído en saco roto.

¿Ha habido alguna novedad en materia de reparaciones en los últimos meses?

Gracias a esas campañas y a que algunas asociaciones han comenzado a defender los derechos de las víctimas, entre ellas el ICTJ y otras de la propia Sudáfrica, nos hemos reunido para formar la Coalición Sudafricana por la Justicia Transicional.

Hemos pedido al Departamento de Justicia -al que pertenece la Unidad de Verdad y Reconciliación, constituida especialmente para aplicar las recomendaciones de la CVR y, por supuesto, para ocuparse de las necesidades de las víctimas- que colabore con nosotros para concebir un nuevo plan de reparaciones con un nuevo marco legal.

Lamentablemente, esa colaboración ha sido escasa. Hemos intentado que se ampliara la lista de víctimas. Una de las quejas principales de muchas de ellas es que no pudieron acceder a la Comisión de la Verdad, que tenía competencias, personal y recursos limitados. La comisión no pudo llegar a todas las víctimas que había a lo largo y ancho del país. Aquéllas que, por diversas razones, no pudieron prestar declaración antes del 15 de diciembre de 1997, no son consideradas víctimas por el Gobierno sudafricano, independientemente de los daños que sufrieran durante el apartheid.

Varios miles de víctimas trataron de acercarse a la Comisión de la Verdad después de esa fecha y muchas acudieron a Khulumani y a otras asociaciones. Khulumani dice que ahora tiene una lista de más de 100.000 personas, la mayoría no incluidas en la lista original. Hasta ahora no hemos tenido ninguna alegría.

Así que, a finales de 2012, estamos ante un problema bastante grave y por eso la coalición decidió convocar un diálogo nacional sobre reparaciones. En ese diálogo se pidió también al Gobierno que atendiera a las penalidades y ruegos de las víctimas. Esperamos que el Gobierno cambie de actitud, que tome medidas relevantes para compensar los sufrimientos de muchas víctimas, que propicie un proceso de inclusión en la lista, que evalúe adecuadamente sus necesidades y que destine fondos suficientes para hacerlo de forma adecuada.

¿Qué lecciones podemos sacar de esta experiencia de lucha por las reparaciones?

En primer lugar, los países que se embarcan en estos importantes procesos de transición necesitan atender a experiencias de todo el mundo para inspirarse y aprender de ellas.

Aunque el Gobierno sudafricano envía misiones a todos los confines del mundo con regularidad, todavía tiene que interiorizar ese aprendizaje. Y aunque a nosotros nos inspiraron sobre todo las experiencias de América Latina, principalmente de Chile, de alguna manera nos negamos a aplicar otras lecciones surgidas de ese mismo continente, sobre todo de países como Chile y Argentina, que han tomado medidas importantes y de calado para reparar las injusticias sufridas por las víctimas de conflictos pasados.

Otro importante aprendizaje es que, aunque la Ley de Constitución de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica apuntó la necesidad de ofrecer rereparación a las víctimas, lo hizo de una forma bastante imprecisa. No hubo una definición detallada de los derechos ni una protección total de los mismos.

Al volver la vista atrás, lo que yo defendería es que el derecho de las víctimas a la reparación debe consagrarse como tal en la Constitución. Sería el derecho a acceder a reparaciones adecuadas y eficaces, lo cual supondría una obligación para el Estado.

Éste es el consejo que hemos dado a países de Oriente Próximo y el norte de África. Esperamos que lo recojan durante el proceso de desarrollo constitucional y que no cometan los mismos errores.

Ahora que hemos hablado de la situación de las reparaciones y de la lucha por el reconocimiento y la reconciliación en el país, ¿cuál es la situación de la justicia y de la rendición de cuentas penal respecto a algunos de esos crímenes?

Lamentablemente, la inmensa mayoría de las víctimas ha recibido poco o ningún resarcimiento de tipo judicial o en materia de rendición de cuentas. Reconozco que la Comisión de la Verdad sí proporcionó cierta rendición de cuentas porque dio nombres, identificó a individuos responsables de violaciones flagrantes de los derechos humanos y también a las facciones y organizaciones que, en gran medida, habían ocasionado el conflicto, el dolor y el sufrimiento.

Sin embargo, debería haberse realizado un seguimiento de los casos planteados por las investigaciones de la comisión. Y, en ese sentido, lamento decir que las autoridades sudafricanas han fracasado estrepitosamente. En lugar de hacerse cargo de los casos, han concebido políticas y protocolos destinados a esquivar y evadir sus propias responsabilidades. Y de ese modo han fomentado la impunidad en Sudáfrica, algo que en mi opinión constituye una mancha en el historial del país.

El Estado sudafricano también ha forzado las cosas para complacer a los victimarios mediante el llamado proceso de indulto político. Uno de sus presidentes permitió que se autorizaran, de forma excepcional, indultos políticos, con el fin de que quienes fueran condenados y cumplieran sentencias pudieran solicitarlos. Se partía de la misma base que la de la anterior y ya prescrita ley de amnistía, que permitía acceder a la libertad y ver canceladas las condenas. Y se hizo a puerta cerrada, al margen de las víctimas.

Éstas intentaron participar en el proceso, querían estar representadas y, si era necesario, oponerse a la concesión de indultos políticos. Tuvimos que dirigirnos al Tribunal Supremo, que, con carácter de urgencia, ordenó al presidente que se abstuviera de aprobar unos 150 indultos. El proceso sigue en marcha. Nosotros nos hemos opuesto desde el principio y lo hemos comunicado por escrito ante las autoridades. Seguimos esperando su respuesta.

Puede escuchar la entrevista a Howard Varney en inglés aquí.

Foto: Mamosadi Catherine Mlangeni, víctima del apartheid, con un retrato de su hijo asesinado, en Soweto, Sudáfrica, 2010. Por Per-Anders Pettersson/Getty Images

Más información sobre el trabajo del ICTJ en materia de reparaciones.