Se espera que la Corte Penal Internacional haga pública su primera sentencia en las próximas semanas. La semana pasada, el fiscal de la CPI pidió 30 años de prisión para Thomas Lubanga, el señor de la guerra condenado por usar a niños soldado en el conflicto armado de la República Democrática del Congo –pena que puede ser rebajada si éste ofrece una “disculpa sincera” a las víctimas y a las comunidades destruidas por el cruel grupo rebelde bajo su mando.
Este histórico juicio, ya que se trata de la primera vez que la CPI obtiene un veredicto, podría sentar precedente en la lucha contra la impunidad por atrocidades masivas. Según establece el Tratado de Roma, la corte debe “establecer principios con respecto a la reparación” de las víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, los jueces están en este momento deliberando si las víctimas que han participado en el juicio contra Lubanga serán compensadas por los daños sufridos.
Además de ser el “conejillo de indias” de la corte en cuestión de reparaciones, la sentencia sobre Lubanga presenta retos únicos a este respecto. La sentencia abarcó solamente algunos de los crímenes y son pocas las víctimas de reclutamiento forzado que pueden optar a recibir compensaciones de la corte. Aun así, éstas son solamente una mera fracción de las que han sufrido abusos de los derechos humanos a manos de Lubanga o sus subordinados, víctimas que deberían tener derecho a reclamar su reparación tanto ante cortes internacionales como domésticas.
Los investigadores tampoco consiguieron identificar bienes que fueran propiedad de Lubanga y que podrían usarse para sufragar reparaciones, haciendo que sean los países que apoyan y financian la CPI los responsables de esas compensaciones, a través del Fondo Fiduciario para las Víctimas.
Inmersa en la discusión de estos retos y problemáticas, la CPI invitó a expertos legales y en reparaciones a presentar sus propuestas antes de tomar una decisión. La propuesta del ICTJ recomienda que el caso reconozca formalmente y permita el acceso a los procedimientos de todas las víctimas de violaciones, que se consideren tanto reparaciones individuales como colectivas y que se identifiquen los patrones de las violaciones y las necesidades de las víctimas, entre otras propuestas.
Aquí puede consultar un resumen de las recomendaciones presentadas por el ICTJ ante la CPI [en inglés]. Y aquí puede leer la propuesta completa [en inglés].
Entrevista a Ruben Carranza
El director del programa de Reparaciones del ICTJ, Rubén Carranza, nos explicó con más detalle cuáles son los retos de este caso a la hora de poner a prueba el mandato de reparaciones de la CPI, las recomendaciones por las que el ICTJ aboga y las lecciones que la CPI puede tomar de otras cortes del mundo que han creado jurisprudencia sobre cuestiones de reparaciones. Carranza señaló el importante fallo en Colombia, el año pasado, del Alemán, un jefe paramilitar acusado y condenado por el reclutamiento forzado de menores para combatir en su grupo. Este caso tuvo “importantes repercusiones sobre el cálculo de las indemnizaciones, la decisión de las formas de rehabilitación apropiadas para los niños que fueron víctimas del reclutamiento forzoso y la distribución de las indemnizaciones entre las familias y comunidades afectadas por ese reclutamiento.”
Lea la entrevista completa a Ruben Carranza aquí.
Foto: Un niño soldado en las calles de Bunoa, la capital provincial de Ituri, en la República Democrática del Congo, 2003. Por Spencer Platt/Getty Images.
