Tanto la elección parlamentaria como la consulta popular de comienzos de diciembre tienen un derrotado en común: todos aquellos quienes, en el gobierno o en la oposición, buscaban incrementar su poder y desplazar al sector rival, concebido solo como un enemigo a ser derrotado. El gobierno no logró obtener la legitimización que buscaba. La mayoría obtenida en la Asamblea Nacional por su Partido Socialista no le otorga más poder que el que ya ejercía sin contrapesos mediante la Asamblea Nacional Constituyente. Su aislamiento internacional persistirá y su única posibilidad de obtener el alivio de sanciones y paliar el padecimiento de la gente será buscar un camino negociado.
Por su parte, la estrategia de aquellos en la oposición que insistían en la absoluta ilegitimidad del régimen y reclamaban para sí un gobierno interino también fracasó. Al basar en gran medida su reclamo de legitimidad en el reconocimiento internacional descuidó su capacidad de conectarse y representar a la gente en el país. La postura asumida por la Unión Europea recientemente de no reconocer al gobierno interino, si bien comprometiéndose a trabajar activamente con la oposición para ayudar a recuperar la democracia, ha dejado a esta sin un apoyo crucial. A pesar de la mutación de los escenarios, los sectores radicales de la oposición persistieron con obstinación en una ruta que se demostraba inviable. Incluso algunos de ellos llegaron a intentar estrategias insurreccionales que generaron falsas expectativas entre muchos venezolanos, derivando en posterior desapego.
En Venezuela hay hoy un vacío de representatividad y de confianza en los actores políticos partidistas. Sin embargo, esta situación abre una oportunidad para otros actores y otras miradas, hasta el momento demonizadas por ambos extremos. La sociedad civil, con la legitimidad que le otorga su trabajo enfrentando la crisis humanitaria y defendiendo los derechos humanos, puede aprovechar esta oportunidad, y hay indicios de que lo está haciendo, mediante la elaboración de propuestas de mirada a futuro. Esto es particularmente cierto para los defensores de derechos humanos, los trabajadores humanitarios y las organizaciones laborales o indígenas cuya proximidad a las personas y a las necesidades de diferentes sectores sociales y regiones otorga mayor legitimidad y mejor comprensión del país. Las diversas propuestas que está haciendo este sector, en vías de articulación, ofrecen esperanzas de una transición que podría ser más que un cambio de quienes detentan el poder político.
La justicia transicional constituye un aporte significativo al desarrollo de una transición democrática en Venezuela. Un país en el que quepan todos los venezolanos necesita examinar su pasado. No es posible pensar el futuro sin entender cómo el país llegó a tanta polarización y crueldad, ni sin sanar las heridas que afligen a tantos, haciéndose cargo de sus causas estructurales y exigiendo a aquellos responsables asumir las consecuencias. ¿Cómo responder a este desafío en Venezuela? Hay otras sociedades que han debido enfrentar desafíos similares, aunque nunca idénticos.
En Venezuela comienza a hablarse actualmente de estos temas. Más allá de las definiciones teóricas, hay muchas formas de aproximarse en la práctica a la justicia transicional y no todas ellas acertadas o recomendables. Algunas aproximaciones enfatizan el término justicia, entendiéndola sólo como justicia criminal, haciendo hincapié en la necesidad de retribución y en los tribunales penales como instrumentos ejemplarizadores para restablecer el imperio de la ley y sancionar a todos los responsables. Otras aproximaciones enfatizan lo transicional, entendiéndola como perdón, amnistía y pacificación. En ocasiones, el concepto es manipulado, como si la justicia transicional implicara una transacción que admite impunidad. Existe también el riesgo de reducir la noción de la justicia transicional a la mera creación de una serie de mecanismos, que una vez instalados, se aspira a que resuelvan todos los problemas del país.
En mi experiencia, es más útil entender la justicia transicional como un proceso para responder a las consecuencias de las violaciones y a sus causas; un proceso que contribuya a la paz y disminuya la polarización en el futuro. Basado tanto en la obligación de proteger como de garantizar los derechos humanos, la justicia transicional intenta hacerse cargo de aquellas violaciones cometidas en el pasado, aprendiendo lecciones de él y garantizando su no repetición.
Un segundo elemento, pero crucial para definir cómo asumir esta tarea, es que las respuestas deben considerar lo masivo y sistemático de las violaciones. La masividad y sistematicidad no se pueden enfrentar mediante los mecanismos tradicionales de la investigación caso a caso. Eso no solo es imposible por su volumen, sino inadecuado, por no reconocer la naturaleza diferente que implican las violaciones cuando son masivas y sistemáticas, ni en materia penal ni en reparación. La masividad y sistematicidad de las violaciones exige comprender sus causas y consecuencias más profundas, las dinámicas sociales y políticas que las favorecieron y aquellas que causaron.
Se requiere encontrar narrativas compartidas que ayuden a comprender como y por qué ocurrieron estos crímenes. Es necesario implementar políticas integrales que permitan hacerse cargo del conjunto de violaciones, con especial atención a aquellas más graves o que impactan más en el presente y para el futuro. En países en que gran parte de la población ha sido víctima, es necesario considerar a quienes han sido más afectados, garantizar que sean escuchados y sus derechos respondidos. Esas consideraciones debieran guiar la respuesta a preguntas tales como cuál es la verdad que necesitamos; cuál es el tipo de justicia que debemos perseguir y cuál es el papel que debe jugar la justicia penal para garantizar la no repetición de violaciones; qué tipos de violaciones exigen formas de reparación material y qué otras formas de reparación son posibles y necesarias; y qué lecciones debemos aprender y qué medidas implementar para que un nuevo ciclo de violencia y exclusión no se repita.
En la Venezuela de hoy es también esencial preguntarse algo adicional: ¿Cuál es la relevancia de discutir esto si no están claras las condiciones ni el momento de un cambio de régimen? Es cierto que el contexto, las condiciones institucionales y la distribución de poder son esenciales para definir una estrategia de justicia transicional. Sin embargo, hay dos grandes motivos para tener esta discusión hoy, algo que varios organismos de sociedad civil ya están haciendo.
El primer motivo, como le he escuchado a dos venezolanos a los que respeto mucho, es que el proceso de transición hacia la democracia comienza cuando se cuestionan las dinámicas predominantes y se inicia el examen de los cambios que se requieren para superar la crisis. No necesariamente cuando ocurra el cambio político que supone la sustitución del régimen por un nuevo gobierno, sea transitorio o permanente.
El segundo motivo es que puede ayudar hoy a tender puentes el definir cómo vamos a hacernos cargo del pasado para, habiendo aprendido las lecciones, sentar las bases de un futuro en el que quepan todos. Da certeza a aquellos que apoyan el régimen de que una negociación no implicará purgas masivas arbitrarias ni venganza. Permite a aquellos que desconfían de una democracia pluripartidista y de la alternancia en el poder saber que sus experiencias y agravios por formas de exclusión anteriores a 1999 también serán consideradas entre las lecciones a aprender. Y da claridad a quienes han sufrido, violaciones a los derechos humanos, tanto en el pasado como de forma más reciente, que van a ser esclarecidas y reconocidas para evitar su repetición.
Por estas razones, deliberar sobre un proceso de justicia transicional hoy puede ayudar a acercar a venezolanos de diferentes posiciones políticas, quienes con frecuencia se ven como enemigos y crear un clima favorable a una negociación, pero a una que no se funde en el negacionismo. Ofrece un espacio de encuentro a aquellos divididos por una justificada desconfianza y resentimiento. Permite, en fin, crear puentes para edificar una Venezuela en la que quepan todos.
Foto: Un hombre ondea la bandera venezolana en la localidad de Mucuchíes, en el estado de Mérida, Venezuela. (Henry Moncrieff Zabaleta)
