Durante los últimos meses, el ICTJ ha estado trabajando junto con nuestros socios en el Centro de Cooperación Internacional en la Universidad de Nueva York en un documento integral sobre la situación de los miles de presos sirios que están confinados en la red carcelaria de este país. Las condiciones perversas dentro de estos centros de detención son tan lamentables de por sí, que era difícil imaginar al comienzo de este proyecto que la situación de los prisioneros podría empeorar. Y entonces llegó la pandemia del COVID-19, cambiando todas nuestras nociones preconcebidas- sobre el proyecto y nuestras vidas- de manera completamente inesperada.
En condiciones normales, los detenidos sirios – muchos de los cuales son considerados desaparecidos forzados porque sus familias no tienen la más mínima idea de dónde están o siquiera si están vivos- enfrentan condiciones horripilantes. Ex convictos han reportado situaciones de hacinamiento en las que es imposible que los prisioneros se sienten al mismo tiempo y por lo tanto deben tomarse turnos para dormir en cuclillas. Las enfermedades son el pan de cada día. Las condiciones de salud que resultan de las terribles condiciones sanitarias se vuelven peores por la tortura fisica y emocional. Hay muertos a diario y muy a menudo nadie sabe qué pasa con ellos.
Desafortunadamente, las condiciones se han tornado aún peores. En este momento, muchos de nosotros nos sentimos como prisioneros de muchas maneras: prisioneros de un virus invisible pero letal, prisioneros de nuestras propias casas, prisioneros de circunstancias económicas en las que dejar de trabajar es dejar de comer pero seguir trabajando representa poner nuestra vida y la de otros en riesgo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que son prisioneros en todo el sentido de la palabra? ¿Aquellos para quienes no es una opción lavarse las manos frecuentemente? ¿Aquellos para quienes un solo caso de COVID-19 dentro de las instalaciones podría significar miles de contagios casi inmediatos?
El ICTJ no es el primero en manifestar estas preocupaciones. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le urgió a los gobiernos la reducción de la población carcelaria para “evitar un contagio explosivo del virus en ambientes cerrados y sobrepoblados”. Este tipo de medidas ya se han tomado en muchos lugares, en especial enfocadas a los más vulnerables como los enfermos y ancianos, delincuentes de bajo nivel o no violentos, y aquellos que se acercan al final de sus sentencias. En Nueva York, donde quedan las oficinas principales del ICTJ, más de 1500 personas han sido liberadas de las prisiones, muchas con ayuda de ONGs como la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid Society). En Marruecos, 5.654 prisioneros han sido seleccionados para liberación basados en su edad, salud, buen comportamiento y tiempo de detención para poder mitigar el contagio de coronavirus. En Bahrain, Irán y Turquía, decenas de miles de prisioneros han sido liberados en respuesta directa a la pandemia, a pesar de que debe decirse que prisioneros políticos prominentes han sido excluidos de la lista de liberados en cada uno de estos países.
Estos pasos son cruciales pero no son suficientes, incluso en países que no vienen de procesos de conflicto. Pero para un país destrozado por la guerra como Siria, soltar a los prisioneros es más urgente que nunca. La cuestión es que ser un prisionero en Siria es ser parte de la población más vulnerable del mundo. Las condiciones carcelarias son tales que nadie puede mantenerse sano por mucho tiempo. Altos números de detenidos no son violentos: han sido apresados solamente estar o parecer estar en contra del gobierno sirio o tener parentesco con alguien que lo está. O por protestar, reunirse, o cuidar a otros. En Siria, hasta las actividades más mundanas y ordinarias pueden llevar a un arresto bajo leyes ambiguas y ampliamente interpretadas que criminalizan cualquier conducta de naturaleza inherentemente política.
En el documento en el que trabajamos, llamado “Sin rastro: los detenidos, secuestrados y desaparecidos forzados en Siria”, mostramos que la liberación de prisioneros en este país ha sido una cuestión de vida o muerte durante años. Quizás esta nueva causa potencial de muerte que nos atemoriza a todos, porque a todos nos amenaza, podrá hacernos tomar acciones para enfrentar la situación de las personas detenidas y víctimas de desaparición forzada en Siria.
El coronavirus podría, inclusive, proveer una salida del régimen sirio- seguramente quien más tiene prisioneros en el país, pero no el único. La detención y la desaparición forzada han sido herramientas comunes de dos generaciones de la familia Assad y, hasta ahora, parece poco probable que el régimen actual abandone esta táctica de terror, a pesar del hacinamiento extremo de las cárceles y centros secretos de detención y los reclamos cada vez más fuertes de las familias que buscan la verdad y el acceso a sus seres queridos. Esta podría ser la oportunidad para que el régimen muestre un rastro de humanidad después de casi una década de guerra cruel y brutal. Después de todo, si los prisioneros tienen la posibilidad de contraer el COVID-19, también la tienen los oficiales y trabajadores de las prisiones. El contagio no es el único peligro asociado a la pandemia: mientras se esparce la enfermedad y empeoran las condiciones en los centros de detención, el riesgo de motines crece y pone tanto a los prisioneros como a los guardias en una situación de peligro.
Una señal de que Siria reconoce que podría estar enfrentando una crisis de salud pública es la reciente aprobación de una ley de amnistía. Sin embargo, tal como nuestro documento señala, leyes de amnistía pasadas han demostrado quedar obsoletas en la práctica y no han cumplido las expectativas, algunas veces simplemente creando nuevas formas de poner en peligro a los sirios. Hasta ahora, se reporta que apenas un par de cientos de detenidos han sido soltados, de una población estimada de 128 mil. La Red Siria para los Derechos Humanos (Syrian Network for Human Rights) lo expresó así: si se mantiene la velocidad en la que el gobierno ha aplicado las 17 leyes de amnistía existentes, tomaría 325 años soltar a las personas detenidas en Siria, un 80% de los cuales fueron desaparecidos forzadamente.
Cuando se requería acción rápida, la comunidad internacional actuó muy despacio por mucho tiempo. Ahora estamos en el borde de otra catástrofe humanitaria en un sistema carcelario donde siempre ha reinado la falta de humanidad. Es, por tanto, más importante que nunca que se tomen medidas. Deberían liberarse la mayor cantidad de reos posibles de forma rápida, empezando por las poblaciones vulnerables y aquellos criminalizados por la libertad de expresión, libre asociación y libre reunión. Las condiciones carcelarias para aquellos que se mantengan presos deben ser mejoradas drásticamente, y los detenidos tanto antiguos como actuales deben tener acceso a un servicio de salud de calidad. El régimen y otras milicias que todavía tienen prisioneros deben colaborar completamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras agencias humanitarias para que los prisioneros puedan recibir el tipo de cuidado y asistencia que necesitan desesperadamente y para que las familias, muchas desplazadas nuevamente depsués de la detención de su ser querido, puedan acceder a información esencial para ayudar a reconectarse.
No es hora de esperar para ver qué tan devastador puede ser el COVID-19 para las poblaciones más vulnerables. Los sirios han tenido suficiente, hagamos lo que podamos ahora mismo para protegerlos de los peores efectos de esta pandemia.
Foto: Familiares de los detenidos y desaparecidos forzados protestan en Ginebra en 2017. (Families for Freedom/Dylan Collins)
