El colectivo LGBTI reclama su presencia en los procesos de verdad y memoria en Colombia

04/15/2015

Durante el conflicto armado en Colombia, las voces de muchos colectivos y minorías han sido silenciadas por la violencia. Uno de los colectivos que más ha padecido la marginación, agravada por más de 50 años de enfrentamiento, es el de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI), quienes han sido objetivo de graves abusos por parte de todos los actores armados a causa de su orientación sexual.

Homicidio, violencia sexual o desplazamiento forzado son algunas de las graves violaciones que las personas LGBTI han padecido –y siguen padeciendo– en Colombia, pero este tipo de crímenes por motivos de identidad de género carecen todavía de una investigación y análisis adecuado en el país.

El ICTJ, en alianza con la Corporación Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y Santa María Fundación, y con el apoyo de la Embajada de Canadá, organizaron tres encuentros de activistas y víctimas del conflicto para conocer mejor las necesidades del colectivo LGBTI y reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen las medidas de justicia transicional –en especial las no judiciales– para contribuir a la restauración de su dignidad y sus derechos. Los eventos, que buscaban recoger los testimonios de los afectados en distintas regiones, tuvieron lugar en Cali, Riohacha y Bogotá durante los meses de marzo y abril.

De las experiencias compartidas en los encuentros se destilan algunas reflexiones esenciales que son comunes en todos los contextos y que pueden servir para articular las demandas del colectivo LGBTI de cara al posconflicto.

Objetos de violencia sistemática

“Queda claro que la violencia en contra de población LGBTI responde a una lógica de discriminación y de exclusión social estructurada, que se agudiza por el conflicto armado y el control social que los grupos armados buscan ejercer en el territorio”, explicó María Camila Moreno, directora del programa del ICTJ en Colombia. “Y todos los actores armados tienen imaginarios adversos a la identidad de género”.

Los testimonios compartidos en los encuentros dejan patente también que, a pesar de que todos los actores armados implicados en el conflicto han ejercido la violencia de forma sistemática y estructurada contra las personas LGBTI, el principal victimario es la Fuerza Pública. Esto es especialmente notorio entre la población de mujeres transexuales, quienes son las que más denuncian la discriminación por parte de la policía.    
"La sociedad no reconoce los derechos del colectivo LGBTI y puede llegar a entender la violencia contra éste como algo común o, incluso, justificado”

Otra reflexión importante es que el conflicto armado ha contribuido a la normalización de la violencia contra las personas LGBTI, ya que la mayoría de la sociedad no reconoce los derechos de este colectivo y puede llegar a entender la violencia contra éste como algo común o, incluso, justificado.

"Un proceso de esclarecimiento de la verdad que arrojara luz sobre estas violaciones sistemáticas por motivos de identidad de género contribuiría a romper con estos imaginarios de intolerancia y violencia”, añadió Moreno. “Hoy tenemos la oportunidad, en el marco del proceso de paz, de visibilizar esa violencia, y que un proceso de esclarecimiento de verdad y construcción de memoria empodere a estos colectivos, legitimando sus exigencias con respecto a la garantía de sus derechos, como una forma de dignificación”.

Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, puso énfasis en que, a diferencia de las causas económicas, las causas culturales que llevaron al conflicto armado no han sido casi investigadas. La marginación de las personas LGBTI viene de mucho antes del conflicto, destacó Albarracín, y estos encuentros han representado una oportunidad para “pensar cuáles son las raíces culturales que mantienen, sustentan y perpetúan este conflicto”.

“Vale la pena apostarle a la paz”, añadió Albarracín, “y trabajar para que se supere esta idea de sociedad de víctimas. Somos país de actores políticos, un país que necesita de todos nosotros para hacer transformaciones estructurales”.

El director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, destacó que los encuentros han servido para “pensar iniciativas de paz desde las subregiones”. Y añadió: “Es importante trazarnos metodologías que nos permitan pensarnos y construir escenarios de memoria que permitan identificar daños y afectaciones del conflicto”.

En otros países, la misma falta de investigación

La directora del programa de Justicia de Género del ICTJ, Kelli Muddell, compartió con los activistas y víctimas LGBTI colombianas sus reflexiones sobre cómo se han abordado las violaciones de derechos humanos por motivos de orientación sexual en otros países en conflicto.

Muddell destacó que la investigación sobre los abusos padecidos por colectivos LGBTI sigue siendo una tarea pendiente para la justicia transicional. Uno de los mayores problemas, según Muddell, es que estas violaciones a menudo se colocan bajo el paraguas de la “violencia ordinaria”, en lugar de ser consideradas una estrategia consciente e implementada en el contexto de un conflicto.

Sin embargo, la experta en justicia de género subrayó que estos crímenes por motivos de orientación sexual y su carácter sistemático han sido documentados en diversos contextos, desde el Holocausto de la Alemania nazi o la Sudáfrica del apartheid hasta el conflicto armado en el Perú. Aunque Muddell insiste que todavía hay mucho trabajo que hacer con respecto al esclarecimiento de estos patrones criminales por motivos de orientación sexual.

"Es muy importante incluir estos colectivos LGBTI en los procesos de justicia transicional desde el principio para que sus demandas puedan ser reconocidas y contribuyan a un auténtico cambio social"
    “Los actores políticos e institucionales deben ser conscientes de que no se puede separar la violencia ordinaria de la violencia causada por el conflicto; el conflicto llevó a la normalización de la violencia, y esta violencia influye en la vida cotidiana de las personas”, dijo Muddell.
En diversos países, las organizaciones de mujeres han logrado algunas victorias en cuanto al reconocimiento de las violaciones específicas que han padecido por motivos de género, pero esto no ha sucedido aún con los colectivos LGBTI.

Muddell también hizo hincapié en la importancia de que estas violaciones sean reconocidas tanto en los procesos de esclarecimiento de la verdad como en los de reforma institucional para que realmente tengan impacto. Usó el ejemplo de Sudáfrica: “Sudáfrica tiene una de las constituciones más progresistas del mundo en cuanto a derechos de la población LGBTI, sin embargo, esta no ha permeado en las instituciones, que siguen actuando con total impunidad. Una de las principales quejas de las víctimas sudafricanas es que, como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no investigó la naturaleza sistémica de las violaciones del apartheid, la violencia cotidiana no se ha disipado, sino que se ha transformado en lo que se considera violencia ordinaria, como pueden ser los abusos por parte de la policía”.

En el caso colombiano, Muddell destacó que es un gran avance el hecho de que las distintas organizaciones que luchan por la afirmación de los derechos de la población LGBTI estén ya bien articuladas y formulando sus demandas. Concluyó: “Es muy importante incluir estos colectivos LGBTI en los procesos de justicia transicional desde el principio para que sus demandas puedan ser reconocidas y contribuyan a un auténtico cambio social”.


FOTO: Manifestantes durante la Novena Marcha de la Diversidad Sexual y de Género Región Pacífico, el 6 de julio de 2014 en Colombia. (Natalio Pinto/Flickr)