¿Qué papel puede desempeñar una comisión de la verdad en Colombia?

Por Fernando Travesí y Félix Reátegui

A lo largo de los años, ha habido numerosos intentos de poner fin al conflicto que durante décadas ha causado un enorme sufrimiento y un gran número de víctimas mortales en Colombia. Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC-EP, que comenzaron hace dos años y ya han logrado importantes avances a pesar de enfrentar innumerables dificultades y desafíos, parecen ser la mejor oportunidad que se ha presentado hasta ahora para lograr una paz sostenible en Colombia.

Las partes negociadoras, y en paralelo todo el país, están debatiendo las diferentes posibilidades y enfoques de una transición que debería basarse en el derecho de las víctimas a la justicia, la reparación y la verdad. Esta es una ocasión especialmente oportuna para subrayar la necesidad de que la transición se lleve a cabo en base a estos principios: hoy, 9 de abril, Colombia celebra el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Para conmemorar este día, el Gobierno colombiano hará oficialmente entrega del terreno donde se ubicará el futuro Museo de la Memoria, lo que debería constituir un paso importante de cara a la reafirmación del derecho a la verdad de las víctimas.

En la agenda de negociaciones de paz en La Habana se menciona la creación de una comisión de la verdad. Sin embargo, antes de empezar a trabajar en ella, es necesario que las partes negociadoras entiendan claramente cuáles son sus expectativas. Una comisión de la verdad no se debería adoptar con una actitud mecanicista, como si fuera un imperativo legal. Mucho menos debería concebirse como una institución omnipotente, o replicarse ciegamente por la fascinación del mecanismo mismo y los mitos que lo rodean. Las partes deben saber qué es lo que verdaderamente quieren lograr. Y esto exige no solo una profunda reflexión y entendimiento de lo que realmente pueden lograr las comisiones, sino también conocer y entender las expectativas de la sociedad colombiana.

Dadas las experiencias en otros países, tal enfoque sería muy problemático. Incluso en aquellos casos en los que las comisiones tienen un mandato amplio y ambicioso, resulta imposible esclarecer cada incidente desde el punto de vista de la verdad forense. Es importante reiterar, tantas veces como sea necesario, que una comisión de la verdad no sustituye a un proceso judicial, no puede esclarecer todo aquello que no haya sido abordado en los tribunales, y no está diseñada para canalizar beneficios. Una comisión de la verdad no debería concebirse bajo la lógica de un proceso judicial. No entender estas diferencias puede llevar a un grave error.

Una comisión de la verdad puede hacer un aporte fundamental a la paz estable y duradera a través del reconocimiento de las experiencias y el dolor de las víctimas. De hecho, la búsqueda de la verdad es por encima de todo una búsqueda de justicia en el sentido más amplio: el reconocimiento de que los daños sufridos por las víctimas son un problema nacional, social e institucional; el reconocimiento de que sus necesidades y sus reclamos de justicia y reparaciones han de ser abordados; y el compromiso genuino de que se tomarán todas las medidas necesarias y se implementarán todos los cambios necesarios a fin de evitar que se vuelvan a cometer los mismos crímenes.

Los beneficios de este reconocimiento oficial son evidentes. El principal es la sensación de las víctimas y las comunidades afectadas de que han recuperado la dignidad y vuelven a ser capaces de controlar sus propias vidas. En este sentido, la verdad también puede fortalecer a las comunidades y la ciudadanía a medida que las personas toman conciencia de sus derechos y su condición de ciudadanos, y ayudar a restaurar las relaciones entre los ciudadanos y el Estado.

Pero las comisiones de la verdad no incumben solo a las víctimas. El proceso que una comisión de la verdad pone en marcha es una oportunidad única para generar un debate social acerca de lo que se sabe pero aún no ha sido aceptado, de lo que aún no se sabe, y de las múltiples responsabilidades de los actores institucionales, políticos y sociales que deben salir a la luz luego de décadas de negación. Muchas veces, las comisiones de la verdad se topan con la indiferencia o la incomprensión del público y del Gobierno. A fin de facilitar un proceso real de reconocimiento colectivo, una comisión de la verdad deberá involucrar a sectores de la sociedad que a menudo han permanecido ausentes, lejanos o contrarios a estos procesos; así como a aquellos que de algún modo hayan participado o se hayan lucrado del conflicto.

Si bien al comienzo de su labor muchas comisiones de la verdad esperaban que su contribución final fuera un informe y un archivo de testimonios escritos, pronto empezaron a descubrir que lo que la sociedad y los diferentes grupos sociales estaban pidiendo realmente era un proceso en el que la interacción, la participación y el debate abierto tengan tanto peso como las conclusiones. Este sin duda sería el caso en Colombia, donde ya han surgido numerosos proyectos colectivos, así como una gran diversidad de identidades sociales y políticas, y varias iniciativas han reclamado colectivamente un proceso así.

La selección de los miembros de la comisión de la verdad es un factor decisivo. El liderazgo es tan fundamental como la participación, y la selección y el nombramiento de los comisionados deben estar inspirados y basados en criterios de capacidad e independencia. Al contrario de la creencia general, el criterio de representación demográfica no garantiza necesariamente la idoneidad y legitimidad de los miembros de la comisión, y de hecho puede reproducir (en el seno de la comisión de la verdad) la misma polarización que busca revertir. La comisión de la verdad no tiene que ser un parlamento en miniatura ni una asamblea de delegados de diferentes sectores. Debería reunir a personas electas que tengan un profundo compromiso con los derechos humanos y con el mandato de la comisión de la verdad, que sean capaces de inspirar y liderar un proceso tan complejo y difícil.

En Colombia ya se ha avanzado mucho en cuanto al esclarecimiento de la verdad y la construcción de la memoria histórica gracias a procesos judiciales como el de Justicia y Paz; el trabajo del Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica; iniciativas no oficiales de la sociedad civil a lo largo y ancho del país; y las conclusiones de anteriores comisiones de la verdad oficiales que abordaron cuestiones o periodos específicos del conflicto. No obstante, aún existe en el país una gran demanda de conocimiento y reconocimiento de la verdad sobre el conflicto armado.

En Colombia, un proceso eficaz de esclarecimiento de la verdad tendrá el potencial de nutrir una democracia más inclusiva y estable al reflejar las diversas identidades culturales, de género, políticas y religiosas que integran la sociedad, y al poner de manifiesto públicamente esta diversidad mediante una amplia gama de testimonios.

Hacer públicas las voces de las víctimas, integrando las expresiones de su lucha al vocabulario común de la sociedad, mejora nuestra conversación con otros y con nosotros mismos. Esa conversación, compuesta de palabras repletas de significado, es el tejido de la democracia. Es también una base sólida sobre la que construir una convivencia pacífica entre todos los colombianos.

Fernando Travesí es Director Adjunto de Programas del ICTJ.

Félix Reátegui es asociado sénior del programa de Verdad y Memoria del ICTJ.

Esta columna de opinión ha sido previamente publicada por El Espectador.

FOTO: Una mujer víctima del conflicto armado conmemora el recuerdo de un ser querido fallecido durante un plantón organizado por la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Putumayo, Colombia. (Camilo Aldana Sanín/ICTJ)