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Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

El Tribunal Supremo español ha sentenciado que no es trabajo de las cortes investigar las muertes y desapariciones del franquismo. La sentencia es una decepción para las víctimas y confirma que España sigue negándose a hacer jsuticia con los crímenes del pasado, escribe Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ.

Reconocido mundialmente como el Día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto nos recuerda que la desaparición forzada y la justicia transicional comparten una misma historia. De hecho, los procesos que obran en concierto y que le dieron forma al ámbito de la justicia transicional nacieron de la búsqueda de la verdad y la justicia con respecto a los desaparecidos.

La desaparición forzada es uno de los delitos más crueles. Además de secuestrar, torturar y en muchos casos asesinar a la víctima, los perpetradores buscan deliberadamente generar miedo e incertidumbre sobre la suerte de la persona desaparecida. Aunque las víctimas de la desaparición forzada son en su mayoría hombres, el impacto que este delito tiene sobre las mujeres es severo y constante. Hoy, en el Día Internacional de los Desaparecidos, queremos resaltar los daños específicos sufridos por las mujeres víctimas de estos crímenes, los cuales deben ser comprendidos y reconocidos para luego ser enfrentados y obtener rendición de cuentas.

Cerca de cumplirse siete años de haber puesto en marcha el proceso de Justicia y Paz en Colombia, éste avanza en medio de controversias y de importantes reflexiones acerca del rumbo que debe seguir. ¿Cuáles han sido sus avances y cuáles sus deficiencias?

De las muchas dificultades que surgen cuando se negocia una transición hacia la paz y el final de la guerra, una de las mayores puede ser la tensión entre dar prioridad a la paz o e insistir igualmente en la penalizaión de los crímenes de guerra.

Puede que estemos asistiendo al fin del conflicto armado más longevo del hemisferio occidental. El 17 de octubre se iniciaron en Oslo, Noruega, las negociaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que después continuarán en La Habana, Cuba.

Más allá de los autores materiales, habría que castigar a los que dieron las órdenes y aún -detrás de ellos- a los “autores de escritorio”, que movieron los hilos de estas empresas criminales. Gracias a los avances en el derecho penal internacional, Justicia y Paz podría coordinarse mejor con la Justicia Penal Ordinaria".

Con el fin de presentar experiencias internacionales y promover el intercambio de ideas acerca de qué lecciones podrían resultar útiles para Colombia en materia de justicia penal, el ICTJ celebrará una conferencia en Bogotá el 24 de noviembre que reunirá a reconocidos expertos que estuvieron directamente involucrados en estas iniciativas de justicia penal en Bosnia-Herzegovina, Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y el Líbano.

Durante una alocución dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente del ICTJ, David Tolbert, instó a lo Estados a dar prioridad a la justicia transicional, viendo en ella un enfoque integral para la obtención de rendición de cuentas por crímenes cometidos contra los niños durante conflictos armados. Lea aquí el discurso completo del ICTJ ante que Consejo de Seguridad.