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El final de 2022 en Venezuela estuvo marcado por señales de voluntad de todos los partidos de dar pasos concretos hacia la democracia. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones y acordaron permitir que Naciones Unidas administre un fondo por miles de millones de dólares en activos congelados, que se liberarían gradualmente para abordar la crisis humanitaria del país. Estados Unidos autorizó a la Corporación Chevron a reanudar operaciones limitadas de importación de petróleo venezolano. Finalmente, la Asamblea Nacional de 2015 votó a favor de poner fin al gobierno interino liderado por la oposición. Si bien estos pasos son iniciales para crear las condiciones para la confianza entre las partes, ofrecen oportunidades para mejorar las terribles circunstancias en las que viven actualmente muchos venezolanos.

ICTJ y el proyecto Bridges of Truth están lanzando Tomorrow We Continue, un nuevo cortometraje animado que sigue a una joven madre de dos hijos cuyo esposo fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad en Siria hace algunos años. La película lleva al espectador en su viaje como refugiada en busca de seguridad en Berlín y describe las luchas diarias que enfrenta una vez que se instala mientras trata de ganarse la vida y cuidar a sus hijos mientras continúa buscando a su esposo. Desde que comenzó el levantamiento en Siria en 2011, más de 100.000 personas han sido desaparecidas o detenidas arbitrariamente. Las familias que dejan atrás pueden mudarse a lugares más seguros como refugiados, pero la búsqueda de sus seres queridos persiste dondequiera que vayan. Esta película es una de sus historias.

La setencia sobre el caso de Thomas Lubanga puede ser la primera en la que la CPI establezca reparaciones para las víctimas que han sufrido violaciones de los derechos humanos. La corte ha pedido a expertos legales que presenten propuestas antes de tomar una decisión. Ruben Carranza, director del programa de Reparaciones del ICTJ, nos explica cuáles han sido las recomendaciones que el ICTJ ha remitido a la CPI para conseguir una reparación adecuada para las víctimas.

Decenas de miles de personas han desaparecido en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado. En el reciente acuerdo de paz logrado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC se incluye la creación de una unidad especial que busque, localice e identifique a las personas desaparecidas. ¿Qué esperan los familiares de las víctimas de esta nueva unidad?

En la última ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul el 29 de marzo, el presidente turco Tayyip Erdogan llamó a ambas delegaciones a actuar con responsabilidad y acordar un alto al fuego. Les recordó su misión histórica de lograr una paz justa. No hay nadie que se oponga a tal declaración. Sin embargo, como hemos visto antes en muchos otros conflictos, definir qué significa justicia en el contexto de la guerra puede representar un obstáculo aparentemente insuperable.

Después de tres años de proceso y de siete años detenido, Thomas Lubanga ostenta el dudoso honor de ser la primera persona condenada por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Sería alentador que el tribunal, y con él la fiscalía, señalara que considera el veredicto del caso Lubanga una oportunidad, tanto para aprender de las críticas como para celebrar un día histórico para la justicia internacional.

El documental del ICTJ Y sin embargo, crecen flores inspiró a Wilson Herrera, profesor de filosofía e investigador de la Universidad del Rosario, en Bogotá, a reflexionar en torno al rol de las víctimas en una sociedad democrática, y la importancia de potenciar y fortalecer su papel como agentes activos y poseedores de derechos, en lugar de hundirlas en la victimización.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, los familiares de las víctimas mantienen su juramento: "Hasta encontrarlos". Cuando en varios países se están estableciendo organismos responsables de la búsqueda de sus seres queridos, ¿qué esperan de ellos las víctimas?

Bosnia-Herzegovina conmemora el 20 aniversario del genocidio de Srebrenica. En este artículo de opinión, Refik Hodzic, director de Comunicaciones del ICTJ, se pregunta si se puede hablar de forma constructiva sobre la reconciliación en un país todavía esclavo de la guerra.

Durante más de 20 años, la Ley de Amnistía de El Salvador ha impedido que los autores de los graves crímenes cometidos contra la población civil durante la guerra que enfrentó al Gobierno y la guerrilla en los años 80 rindieran cuentas. Sin embargo, esto podría cambiar próximamente. El 20 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema aceptó a trámite una demanda contra la ley de amnistía aprobada en marzo de 1993 para proteger a los autores de crímenes graves cometidos durante ese conflicto, en la que se aduce que es anticonstitucional.