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El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) firmó el 16 de enero un acuerdo de cooperación con el Gobierno tunecino para seguir asesorándole en el establecimiento de mecanismos de justicia transicional en el país. Este avance llega dos años después de que, en enero de 2011, las manifestaciones obligaran al presidente Zine El Abidine Ben Ali a abandonar el poder y el país.

Por segundo año consecutivo, el ICTJ forma parte del Top 100 mundial de ONGs elaborado por la revista The Global Journal. Asimismo, el ICTJ fue incluido en el Top 3 de ONGs especializadas en el ámbito del derecho y la justicia, reconociendo así su labor única en ayudar a los países a fortalecer el Estado de derecho.

La guerra civil iniciada en Siria en marzo de 2011 con el levantamiento contra el régimen represivo de Bashar Al Asad continúa costándole muy cara a los civiles. Según los cálculos de la ONU, ya se ha cobrado unas 60.000 vidas. Mientras las potencias mundiales y regionales siguen debatiendo posibles soluciones, recientemente varios grupos han propuesto que se utilice la justicia transicional para estabilizar el país. Mientras las facciones sirias y los actores internacionales reunidos en su condición de "Amigos de Siria" sopesan esas propuestas, es absolutamente crucial plantear claramente qué se entiende por justicia transicional.

El lunes, 28 de enero, los tribunales guatemaltecos sentenciaron que el general retirado Efraín Ríos Montt deberá ser juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los augurios no eran tan optimistas justo antes de las vacaciones navideñas, y de hecho algunos sucesos hicieron tambalear la rendición de cuentas. Para analizar y contextualizar estos recientes sucesos en el ámbito de la justicia guatemalteca conversamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ y experta en cuestiones de derechos humanos en Guatemala.

La decisión de un juez de Ciudad de Guatemala de someter a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de guerra constituye un momento decisivo en el difícil camino que transita el país hacia el verdadero respeto por el Estado de derecho. Este juicio por genocidio – el primer intento genuino en el mundo de juzgar a un ex jefe de estado acusado de genocidio en su propio país – podría contribuir significativamente a derribar el muro de negación que aún rodea a Guatemala. Para que esto suceda, el juicio ha de ser justo y debe estar libre de intimidación, defiende Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en este artículo de opinión.

Mientras el Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL, por sus siglas en inglés) ultima los casos contra presuntos criminales de guerra, los días 6 y 7 de febrero se celebra en Freetown una conferencia para evaluar el trabajo del tribunal y su legado. La conferencia, organizada por el ICTJ, forma parte de una iniciativa internacional que pretende reflexionar sobre cómo ha ayudado esta instancia judicial a traer la paz y el Estado de derecho a los pueblos de Sierra Leona y Liberia, y al conjunto de la región.

Cada vez es más habitual que diversas medidas de justicia transicional aborden los derechos indígenas y el ICTJ participa activamente en la elaboración de un discurso que defiende la utilidad de las comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

El martes 12 de febrero de 2013, más de 200 personas, entre ellas representantes del ICTJ, se reunieron en el Estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, para celebrar el acto oficial de constitución de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine Wabanaki. El día de la ceremonia una serie de actuaciones y oraciones dieron oficialmente comienzo a un proceso de tres años durante el cual se indagará en la asimilación forzada de los niños wabanaki a través de los servicios sociales públicos de asistencia a la infancia.

Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, destacados activistas indígenas se reunirán con sus homólogos y expertos de todo el mundo en la Universidad de Columbia para analizar cuál es la mejor manera de utilizar esos mecanismos para afianzar el derecho a la verdad y mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.