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Reconocido mundialmente como el Día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto nos recuerda que la desaparición forzada y la justicia transicional comparten una misma historia. De hecho, los procesos que obran en concierto y que le dieron forma al ámbito de la justicia transicional nacieron de la búsqueda de la verdad y la justicia con respecto a los desaparecidos.

La desaparición forzada es uno de los delitos más crueles. Además de secuestrar, torturar y en muchos casos asesinar a la víctima, los perpetradores buscan deliberadamente generar miedo e incertidumbre sobre la suerte de la persona desaparecida. Aunque las víctimas de la desaparición forzada son en su mayoría hombres, el impacto que este delito tiene sobre las mujeres es severo y constante. Hoy, en el Día Internacional de los Desaparecidos, queremos resaltar los daños específicos sufridos por las mujeres víctimas de estos crímenes, los cuales deben ser comprendidos y reconocidos para luego ser enfrentados y obtener rendición de cuentas.

Cerca de cumplirse siete años de haber puesto en marcha el proceso de Justicia y Paz en Colombia, éste avanza en medio de controversias y de importantes reflexiones acerca del rumbo que debe seguir. ¿Cuáles han sido sus avances y cuáles sus deficiencias?

Puede que estemos asistiendo al fin del conflicto armado más longevo del hemisferio occidental. El 17 de octubre se iniciaron en Oslo, Noruega, las negociaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que después continuarán en La Habana, Cuba.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, les invitamos a conocer la situación de cuatro países que durante este año se situarán entre nuestras prioridades en materia de justicia de género.

Cada vez es más habitual que diversas medidas de justicia transicional aborden los derechos indígenas y el ICTJ participa activamente en la elaboración de un discurso que defiende la utilidad de las comisiones de la verdad y otros mecanismos de justicia transicional en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

La Unión Africana y la Unión Europea han lanzado oficialmente un proyecto de tres años para apoyar a los estados miembros de la UA a medida que incorporan la Política de Justicia Transicional de la Unión Africana y emprenden procesos de justicia transicional a nivel nacional. El proyecto, denominado Iniciativa para la Justicia Transicional en África, será implementado por un consorcio de tres organizaciones lideradas por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Fondo Africano del Legado de Justicia Transicional y el Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación.

Este informe analiza las importantes dimensiones de género de la desaparición forzada y cómo estas afectan tanto a las mujeres desaparecidas como a aquellas que son víctimas en virtud de sus lazos familiares con los desaparecidos. En ambos casos, los roles de género y las desigualdade...

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.