Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres, para denunciar la violencia de género y exigir medidas para ponerle fin. Además, manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia de Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes del estado que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.
Según las conclusiones de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (TJRC) de 2008, la violencia sexual y de género (VSG), incluidas las violaciones en grupo, las agresiones y torturas sexuales, la esclavitud sexual y la mutilación genital forzada, ha sido durante mucho tiempo un problema en el país, especialmente en tiempos de conflicto. Esto concuerda con las conclusiones anteriores de la Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral (CIPEV) de 2007, que documentó la violencia sexual y de género sin precedentes cometida durante la violencia postelectoral de 2007 que sacudió a Kenia. Tanto la CIPEV como la TJRC condenaron una cultura de impunidad en Kenia y señalaron el fracaso del gobierno a la hora de responsabilizar a los perpetradores en las fuerzas policiales. Como escribió la TJRC en el capítulo 4 de su informe final, “a pesar de la evidencia de violencia sexual perpetrada por agentes de seguridad del Estado durante operaciones de seguridad, ha habido pocas o ninguna investigación, y mucho menos procesamiento, de los responsables”.
Además, según las conclusiones de la TJRC, a pesar de haber ratificado una gran cantidad de instrumentos internacionales de derechos humanos y promulgado leyes nacionales relacionadas con la violencia sexual, el gobierno de Kenia no ha implementado plenamente dicha legislación, exponiendo aún más a las mujeres y niñas kenianas a la violencia sexual y de género y negando a las víctimas el acceso a la justicia. El gobierno de Kenia no sólo debe tomar medidas concretas para castigar a los perpetradores de violencia sexual y de género, sino que también debe implementar las recomendaciones de la TJRC relacionadas con la reparación para las víctimas.
Los organizadores de las dos protestas lograron llamar la atención que tanto se necesitaba sobre la crisis de feminicidios y violencia contra las mujeres en Kenia. Durante casi dos décadas, organizaciones y redes locales lideradas por sobrevivientes han buscado incansablemente poner fin a la violencia sexual y de género y a la impunidad de estos crímenes, así como el reconocimiento y la reparación por parte del gobierno. Han pasado 17 años desde que la violencia postelectoral sacudió Kenia y 11 años desde que la TJRC entregó su informe final al entonces presidente. El gobierno no debería esperar más para implementar las recomendaciones de la TJRC sobre reparaciones y acceso a la justicia y finalmente prestar atención a las protestas de la población.
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FOTO: Fanis Lisiagali, directora ejecutiva de Healthcare Assistance Kenya, encabeza una marcha de la Campaña del Lazo Blanco en Nairobi, Kenia, el 24 de octubre de 2017, y promueve la línea directa de respuesta rápida de su agencia, que responde a la violencia contra las mujeres en las elecciones. (Carla Chianese/Fundación Internacional para Sistemas Electorales vía Flickr)
