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Hoy es un día histórico para Guatemala pero también para la justicia transicional. En el Tribunal de Alto Riesgo de Guatemala se ha iniciado hoy el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt. Se trata del primer intento genuino de juzgar este grave crimen en tribunales nacionales, en el país donde los crímenes fueron cometidos. Para hablar sobre este histórico paso de Guatemala en su camino hacia la rendición de cuentas entrevistamos a una de sus protagonistas: la fiscal general de Guatemala, Dra. Claudia Paz y Paz Bailey.

El lunes, 28 de enero, los tribunales guatemaltecos sentenciaron que el general retirado Efraín Ríos Montt deberá ser juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los augurios no eran tan optimistas justo antes de las vacaciones navideñas, y de hecho algunos sucesos hicieron tambalear la rendición de cuentas. Para analizar y contextualizar estos recientes sucesos en el ámbito de la justicia guatemalteca conversamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ y experta en cuestiones de derechos humanos en Guatemala.

Las transiciones pueden resultar muy largas, y conseguir la rendición de cuentas por crímenes graves y masivos puede tomar muchos años, como es el caso de Guatemala. No fue hasta 2011 que se empezaron a llevar frente a la justicia a los máximos culpables de las matanzas. cometidas durante la guerra civil. Estas acciones tuvieron por fin lugar gracias a la infatigable lucha de las víctimas y sus familiares, y de la colaboración internacional. La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, ha jugado un papel clave en el avance de la rendición de cuentas por crímenes cometidos en el pasado. Durante su asistencia al encuentro sobre complementariedad en Greentree, el ICTJ entrevistó a la fiscal para conocer mejor los retos a los que jueces y fiscales se enfrentan en Guatemala.

De diversas maneras, las mujeres juegan un papel fundamental en la aplicación de mecanismos de justicia, verdad y reparación en Colombia. Por una parte, son las principales abanderadas del reclamo por la verdad y la justicia en los casos de violencia cometida contra un ser querido. Por otra parte, han sido víctimas de diversas formas de violencia, que aún poco se reconoce. Pero, sobretodo, porque las organizaciones feministas y las que luchan por los derechos de las mujeres han empezado a incluir en sus agendas la reparación de mujeres víctimas.

La expedición del denominado “Marco jurídico para la paz” en Colombia plantea varias preguntas. Gustavo Salazar, coordinador programático de ICTJ Colombia, analiza las posibilidades de esta reforma legislativa en el marco de la justicia transicional. "Una de las necesidades urgentes es la aplicación de una política integral de justicia transicional, que tenga presente la interacción y complementariedad de lo penal con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición", escribe.

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

Continuamos con nuestra serie especial de podcasts “Lecciones de América Latina”. Para hablar sobre los procesos judiciales sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y los problemas a los que se enfrenta la justicia argentina en la actualidad entrevistamos a Mirna Goransky, Fiscal General Adjunta de la Procuración General de la Nación, quien lleva a cabo la acusación en el juicio contra la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, más conocida como la ESMA. [Descargar](/sites/default/files/ICTJ-Goransky-ESMA-Podcast-ES.mp3) | Duración: 15:25mins | Tamaño del archivo: 10.8MB

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.

Después de varios meses de un profundo debate en el Congreso de la República, en los medios de comunicación y en distintos escenarios públicos, el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que busca articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Esta reforma constitucional...