La Ley de Justicia y Paz de Colombia, aprobada en 2005, aborda la desmovilización de los grupos paramilitares y contempla un proceso compuesto de juicios y de medidas de reparación y de búsqueda de la verdad. Hasta la fecha se han iniciado más de 750 investigaciones penales, aunque solo se han obtenido cinco condenas.
Según Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, "a este paso, con los recursos de que se dispone, se tardaría casi un siglo en juzgar todos estos casos".
Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.
Pocos días después, el ICTJ organizó en Bogotá una reunión de magistrados de todos los tribunales superiores de distrito encargados de aplicar la ley de Justicia y Paz. A su término, se llegó a la conclusión de que era necesario centrarse en investigar y juzgar a las figuras más destacadas, los máximos responsables de las atrocidades cometidas por los grupos paramilitares. Gracias a este enfoque se maximiza la rendición de cuentas, dejando también constancia de las atrocidades cometidas, sus motivos y causas, y de los recursos que permitieron a las fuerzas paramilitares llevarlas a cabo.
"El proceso judicial debe lidiar con el gran volumen de posibilidades", afirma María Camila Moreno, directora del ICTJ Colombia. "El ICTJ está ayudando a los fiscales a maximizar la provisión de justicia. Pero parte de la respuesta -y parte de la aportación del ICTJ- radica en la adopción de una perspectiva general y en la conjunción de la justicia penal con iniciativas de búsqueda de la verdad y de concesión de reparaciones".
"Por ejemplo, el ICTJ hizo recomendaciones sobre las características del programa de reparaciones creado en junio de 2011. Si además de juicios se reconoce la violación de derechos humanos y hay iniciativas coherentes de compensación de las víctimas, los procesos ganan credibilidad y envían un importante mensaje sobre la posibilidad de justicia, aunque conseguir que todos los criminales rindan cuentas sigue sin estar a nuestro alcance".
Traducción al español del texto publicado en el Informe Anual 2011 del ICTJ. Pág. 17.
