Desde que la guerra civil nepalí llegó a su fin hace una década, las familias de sus 1.300 desaparecidos no han dejado de exigir verdad, reparaciones y rendición de cuentas. En 2006 el Gobierno se comprometió formalmente a proporcionar todas estas medidas. Pero un proceso que se inició proclamando los derechos de las víctimas ha generado incertidumbre y pocos resultados. Después de un limbo legal de diez años, las reivindicaciones de las víctimas se mantienen en el discurso político, pero sin respuestas.
La pasada primavera, un nuevo organismo público comenzó a investigar las desapariciones, con un amplio mandato para esclarecer la verdad sobre las desapariciones. Su constitución supone una importante oportunidad para dar confianza a unas víctimas que no solo han sufrido esos horribles crímenes, también una década de tira y afloja político con sus derechos.
Sin embargo, mientras las víctimas continúan exigiendo justicia sin descanso —encontrar a los suyos—, se preguntan si la comisión tiene realmente voluntad de ocuparse de sus necesidades.
Una década de debates
“La mayoría de las familias quiere saber qué ocurrió exactamente y cómo”, afirma Rim El-Gantri, directora de la oficina del ICTJ en Nepal. “Algunos quieren tener ni que sea algún hueso de los desaparecidos”.
En Nepal, el acuerdo de paz se concibió teniendo en cuenta esas reivindicaciones. Firmado en 2006, el Acuerdo de Paz Global (APG) puso fin a una sangrienta guerra civil entre el Gobierno y las fuerzas maoístas, que acabó con 13.000 muertos y otros cientos desaparecidos. Reconociendo el uso constante de la desaparición forzada que hicieron ambos bandos durante el conflicto, el APG sentó las bases para esclarecer la verdad y devolver a las familias los restos de las víctimas, contemplando la creación de un organismo público, la Comisión de Investigación sobre las Desapariciones Forzadas (CIDF), para abordar esas necesidades.
El tenso panorama político no tardó en desbaratar el plan estipulado por el APG. En 2007, el Gobierno redactó una ley que habría supuesto la creación de un organismo para investigar las desapariciones, pero con cláusulas que habrían concedido a sus integrantes capacidad para amnistiar a los victimarios. Después vendrían años de parálisis política en los que los derechos de las víctimas no dejaron de ser un arma arrojadiza.
La pugna por el poder político llegó a su punto culminante en 2014, cuando el Parlamento aprobó la Ley de Verdad y Reconciliación. Al igual que el proyecto de ley de 2007, este nuevo texto creaba por fin una CIDF de nuevo cuño, pero también concedía a un organismo paralelo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), capacidad para amnistiar a los autores de crímenes. Esas cláusulas eran inaceptables para muchas víctimas, que desconfiaban de una comisión con capacidad para amnistiar.
A comienzos de 2015, las preocupaciones de las víctimas parecieron aplacarse cuando el Tribunal Supremo de Nepal falló que las cláusulas sobre amnistía de la Ley de Verdad y Reconciliación eran anticonstitucionales. Sin embargo, el Gobierno siguió adelante con la CIDF y, sin adaptar la ley al fallo del tribunal, mantuvo las cláusulas relativas a la amnistía.
A pesar de algunos intentos de modificar la ley, esas cláusulas continúan en vigor. Cuando el fallo del Tribunal Supremo seguía sin aplicarse, en marzo de 2016 el Parlamento aprobó el reglamento de la CIDF y la puso en marcha.
La CIDF sobre el terreno
En este confuso contexto es en el que la CIDF comenzó por fin a funcionar la primavera pasada, iniciando en mayo la fase piloto de investigación ante mortem.
Las investigaciones ante mortem, en las que se recopila información sobre los desaparecidos con el fin de encontrarlos, suelen conllevar entrevistas con familiares o testigos que sirvan para ir recomponiendo la verdad. Esto significa que la CIDF depende enormemente de su relación con las comunidades de las víctimas.
No obstante, la comisión despierta sentimientos encontrados entre las víctimas, que entre las razones para su deconfianza mencionan los gestos para la galería que se hacen respecto a la amnistía. No están seguras de que la comisión pueda esclarecer lo que les ocurrió a sus seres queridos, por no hablar de que vaya a reportarles justicia.
“Dudo que la comisión esclarezca la verdad”, afirma Laxmi Khadka, a cuyo marido lo desaparecieron los maoístas. “He oído que el Gobierno y la comisión no acatan la decisión del Tribunal Supremo, entonces, ¿cómo pueden dar voz a las víctimas del conflicto?”
A pesar de sus recelos, durante la primavera pasada Khadka participó en el programa piloto de la CIDF. Ella y otros como ella colaboraron con los miembros del organismo en sus investigaciones, en las que muchas personas ven una oportunidad, por imperfecta que sea, de averiguar la verdad. Está claro que muchas víctimas quieren apoyar las labores de la CIDF, pero solo si se cumplen ciertas condiciones.
“Espero que la comisión haga algo para averiguar la verdad. Yo estoy dispuesta a apoyarla”, declara Shova Bhatta, cuyo marido también desapareció a manos de los maoístas. “Pero la comisión debe consultar a las víctimas”.
Lo mismo piensa Ratna Ghimire, cuyo hijo desapareció a manos de las fuerzas de seguridad. Las víctimas han superado las fronteras ideológicas para defender a sus seres queridos desaparecidos y exigen la aplicación del fallo del Tribunal Supremo.
“No estoy seguro de que, en su forma actual, la comisión vaya a contribuir al proceso de paz en Nepal”, afirma Ghimire.
La rendición de cuentas y un entorno propicio a las víctimas
Este mes, la CIDF cerró el registro de denuncias, después de 4 meses recopilando información sobre casi 3.000 casos relacionados con desapariciones forzadas. Para revisar esas denuncias, llevar a cabo más investigaciones ante mortem e identificar a los desaparecidos, la comisión necesita la confianza de las víctimas. El desarrollo de esa confianza depende, según ellas, de que Estado responda a sus expectativas en materia de rendición de cuentas, seguridad y reparaciones.
“Puede que la comisión no esté trabajando en un ambiente propicio por las cláusulas legales de la ley de constitución de la CVR”, afirma Dharma Chaudhary. El hermano de Chaudhary desapareció durante la guerra civil cuando estaba en manos de las fuerzas de seguridad y a ella tenía esperanzas en el plan contemplado en el acuerdo de paz de 2006. Al principio, le agradó incluso que se creara la CIDF para investigar. Pero ahora cree que los intereses políticos se sitúan por encima de los de las víctimas.
“Creemos que la comisión no se ocupa de nuestras necesidades”, declara. “Las cláusulas del Acuerdo de Paz Global están bien, pero el partido político ha ido definiendo el proceso según su conveniencia y la comisión no funciona de manera independiente”.
Las víctimas quieren que la actuación del Gobierno tenga en cuenta sus intereses. Eso conlleva la posibilidad de que los responsables de las desapariciones de sus seres queridos comparezcan ante la justicia.
La propia CIDF ha tomado medidas para garantizar esa posibilidad. Ha declarado abiertamente que el código penal nepalí debe considerar delito ciertas violaciones de derechos humanos que recaen dentro de sus competencias, entre ellas las desapariciones forzadas. Sin embargo, esas recomendaciones no han avanzado de manera apreciable en el órgano legislativo de Nepal.
“La desaparición forzada es un crimen grave y una violación de los derechos humanos”, afirma Shova Bhatta-Dhading, cuyo marido desapareció a manos de los maoístas. “La comisión debe presionar al Gobierno para que castigue a los verdugos”.
Otras expectativas de las víctimas: reparaciones y seguridad
Aunque las víctimas afirman que la posible amnistía perjudica enormemente la credibilidad de la CIDF, añaden que esta puede recuperar gran parte de su confianza comprometiéndose del todo con la concesión de reparaciones a las familias de los desaparecidos. En muchos casos, estos eran el único sustento de sus familias, con lo que sus deudos no solo sufren las repercusiones emocionales del crimen, también las económicas.
“La comisión debe ofrecer reparaciones a los sobrevivientes durante el periodo de investigación”, explica Khadka. “Después de eso, las víctimas podrán confiar en ella”.
Aunque el Gobierno creó un programa de ayuda provisional, concebido para otorgar 5.000 dólares a las víctimas en tres plazos, no todas recibieron el dinero. Según las víctimas, la CIDF podría obtener su confianza si se comprometiera a ofrecer un programa de reparaciones más global.
Las víctimas y los testigos también temen por su seguridad si participan en las investigaciones de la comisión. La CIDF no tiene un programa de protección de testigos y los comités que se ocupan de las denuncias no son independientes. El Ejército, al que siguen perteneciendo responsables de crímenes cometidos durante la guerra civil, ya pidió en su día acceso a los registros de denuncias. Esto ha hecho dudar a algunos posibles denunciantes.
Khadka es de la región de Bardiya, donde se produjeron la mayoría de las desapariciones. Dice que los testigos relacionados con el caso de su marido no saben si testificar porque tienen miedo.
“Pregunté a los testigos y me dijeron que no quieren presentarse ante la comisión por problemas de seguridad. La comisión no puede garantizar la protección de los testigos”, afirmó.
Mirar hacia adelante
Diez años después de que el acuerdo de paz pusiera fin a la guerra, sigue sin estar claro si el Gobierno nepalí tiene voluntad política para esclarecer la verdad sobre los desaparecidos en el conflicto. La actual política de gestos sobre las cláusulas de la amnistía demuestra lo endeble que es el convencimiento de que hay que afrontar el pasado.
Otro de los síntomas de esa situación es la escasez de recursos que tiene la CIDF, que simplemente carece de dinero suficiente para ejecutar su mandato. Hace poco, uno de sus miembros se lamentó de la falta de recursos destinados a la comisión y dijo que la magnitud de su labor exige más tiempo. Su mandato expira en febrero, aunque tiene programado seguir trabajando con posterioridad.
“No apreciamos una verdadera voluntad política de afrontar el pasado”, reconoce El-Gantri.
A pesar de las dificultades con que tropieza la CIDF y la vacilante voluntad política del país, la comisión sí podría ofrecer las respuestas y la justicia que las víctimas llevan exigiendo desde hace años. Sin embargo, para que así sea el Gobierno debe reafirmarse en los compromisos hechos en 2006, cuando firmó el acuerdo de paz. Para ello tendría que acatar el fallo del Tribunal Supremo, aplicar las recomendaciones que ha hecho la CIDF y convertir en delito las desapariciones forzadas, y atender a las expectativas que tienen los familiares de los desaparecidos.
FOTO: Activistas de derechos humanos nepalíes y familiares de los desaparecidos exigen la verdad sobre sus seres queridos en una manifestación en 2003. (Devendra M. Singh/Getty Images)
