Después de conflictos armados y actos generalizados de violencia, los Estados deben recurrir al rendimiento de cuentas penal para conseguir que los autores de crímenes graves asuman la responsabilidad de sus acciones. Esta es una de las conclusiones principales del nuevo informe del Relator Especial de las Naciones Unidas para el fomento de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición, el colombiano Pablo de Greiff.
Este mes, en su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, de Greiff advirtió de que “a pesar de las claras obligaciones internacionales, sólo unos pocos autores de violaciones masivas de derechos llegan a ser investigados y juzgados”, reclamando también que los Estados que dejan atrás conflictos se esfuercen por establecer responsabilidades penales de los crímenes graves incorporando estrategias de acusación integrales as procesos más amplios de justicia transicional.
En su informe, de Greiff defiende que las acciones judiciales deben entenderse como un elemento esencial de una política de justicia transicional integral, insistiendo en el deber de investigar y enjuiciar. Analiza en profundidad cómo debe elaborarse una estrategia eficaz de priorización en materia de denuncias judiciales y también cómo puede diseñarse ese enfoque para reflejar las necesidades y las demandas de justicia de las víctimas.
“La participación empodera a las víctimas y cataliza las demandas de justicia”, ha declarado de Greiff.
Esta publicación es el segundo informe temático de una serie que se irá centrando en cada una de las cuatro áreas de interés que contempla el mandato del Relator Especial.
La estrategia y la priorización, claves para el éxito
El informe nos recuerda que las investigaciones y el enjuiciamiento de responsables de abusos cometidos en épocas de conflicto pueden ayudar a reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, uno de los ejes del restablecimiento del Estado de derecho. En su informe, de Greiff afirma que los procesos penales eficaces reconocen a las víctimas como sujetos de derechos y que, a largo palzo, pueden incluso conducir a la reconciliación social.
No obstante, el texto apunta que en muchas sociedades que dejan atrás conflictos, por razones que van desde la falta recursos, de capacidad o de voluntad política, hasta el enorme número de victimarios o el propio mantenimiento del poder o la influencia política del antiguo régimen, nunca se juzga a la mayoría de los responsables de crímenes del pasado. Muchos países deciden “optar por no exigir la rendición de cuentas” en los tribunales, temiendo que el enjuiciamiento de antiguos líderes ponga en peligro la estabilidad del Gobierno de transición o simplemente por lo imponente que sería esa tarea. Las amnistías son algo especialmente preocupante para de Greiff, quien advierte de que situar a algunas personas por encima de la ley puede afianzar una cultura de la impunidad.
Reconociendo esas deficiencias judiciales, en su informe de Greiff explica cómo crear estrategias nacionales de acusación y priorización, a la vez que se contienen los riesgos.
De Greiff señala que las estrategias de priorización adaptadas a los contextos locales sirven para maximizar el impacto de los procesos judiciales. Explica que la mejor forma de entender una estrategia de priorización es considerarla una “herramienta de focalización”: un marco que ofrece directrices a las investigaciones, las iniciativas de acusación y la distribución de recursos.
Una estrategia integral puede identificar pautas criminales y de violencia sistemática, y las estrategias que centran las acusaciones en las pautas de victimización pueden ayudar a proteger a los grupos sociales más vulnerables. Si las estrategias de la acusación otorgan prioridad al estudio de las estructuras que permitieron desde el principio las violaciones de derechos humanos, pueden tener la ventaja añadida de desmantelar esas estructuras, consiguiendo así que el propio juicio no sea un acontecimiento aislado.
Según de Greiff, también son esenciales la comunicación pública y los programas de divulgación, para mantener los procesos judiciales abiertos y accesibles a la sociedad y explicar, por ejemplo, por qué se juzgan unos casos antes que otros o para gestionar las expectativas. De Greiff recalca que incluso la articulación de una estrategia debe basarse en el diálogo y el debate con sectores externos al sistema judicial.
Lea más sobre el informe aquí o descárguese el informe aquí (por ahora disponible solamente en inglés).
FOTO: Formando filas, en un control situado a 20 kilómetros de Abiyán, Costa de Marfil, una multitud espera que las fuerzas republicanas marfileñas revisen sus bolsas y comprueben sus documentos de identidad antes de dirigirse en transporte público hacia el interior del país, un día después de que soldados aliados con Alassane Ouattara capturaran al hombre fuerte Laurent Gbagbo. 12 de abril de 2011 (AP Photo/Rebecca Blackwell).
