Una mujer congoleña pasa junto a un vehículo militar en las afueras de Bunagana, en la frontera con Uganda, el 22 de mayo de 2012. PHIL MOORE/AFP/GettyImages
Por Sharanjeet Parmar
El canciller británico William Hague y la representante especial de Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos, Zainab Hawa Bangura, visitaron la República Democrática del Congo (RDC) la semana pasada. Su viaje a este país asolado por el conflicto, conocido como la capital mundial de la violación, se centra en la urgente necesidad de responder a los alarmantes niveles de violencia sexual que sufren las mujeres y niñas congoleñas, especialmente en el este del país, donde continúa el conflicto armado. Las visitas diplomáticas de alto nivel son importantes, ya que subrayan la necesidad de ofrecer respuestas a las sobrevivientes de la violencia sexual. Sin embargo, sin un fuerte compromiso político por parte de las máximas autoridades del Congo para lidiar con la impunidad generalizada por la violencia sexual, ningún grado de atención o cobertura mediática podrá reducir la violencia o poner fin a los ciclos de sufrimiento.
Como parte de su iniciativa para luchar contra la impunidad frente a las violaciones sexuales cometidas durante situaciones de guerra, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha señalado la violencia sexual en la RDC como una de sus preocupaciones prioritarias. La Iniciativa para Prevenir la Violencia Sexual (PSVI, por sus siglas en inglés) apunta en parte a hacer frente a las violaciones en situaciones de guerra mediante el establecimiento de una cultura de disuasión ante este tipo de delitos. Con la presidencia del G-8 a cargo del Reino Unido en 2013, explica el canciller Hague, "queremos utilizar nuestra influencia diplomática y nuestros recursos para aumentar el número de procesamientos por violencia sexual y para desarrollar las capacidades legales y prácticas de otros países para lidiar con este tipo de delitos. "No obstante, el gobierno británico no es el primer actor que busca dar respuesta a los abrumadores niveles de violencia sexual en la RDC.
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Ya existen numerosas iniciativas de apoyo a los intentos locales de obtener justicia por los delitos de género, entre ellas varios proyectos financiados por la Unión Europea e implementados por agencias de Naciones Unidas y ONGs internacionales y congoleñas. ¿Por qué continúan fracasando los esfuerzos por acabar con la impunidad ante la violencia sexual en la RDC? Las causas subyacentes del conflicto en el Congo oriental son múltiples y complejas. Según cálculos fidedignos, más de cinco millones de congoleños han muerto a causa de la guerra desde que estalló la violencia a mediados de los años 90. Los ciclos de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros han destruido comunidades enteras y han afectado de manera desproporcionada a mujeres y niños. |
La impunidad generalizada ante los crímenes de guerra que continúan perpetrándose contribuye directamente a la inestabilidad en la RDC. Miembros de las fuerzas de seguridad del Congo, milicias regionales y redes criminales llevan más de una década operando sin que nadie les haya obligado a rendir cuentas. Si bien es habitual que los grupos armados violen a mujeres y niñas como parte de su estrategia para aterrorizar y controlar a las comunidades, también los miembros del ejército congoleño violan y saquean libremente en lugar de proteger a la población local.
El reciente traslado del señor de la guerra congoleño Bosco Ntaganda a la Corte Penal Internacional, acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, es un paso importante. No obstante, muchos actores armados continúan operando en la RDC oriental, y los procesamientos internacionales deben ir acompañados de serias reformas internas para garantizar la seguridad de la población local.
En definitiva, las soluciones para combatir la impunidad de los autores de delitos continuados de forma eficaz dependen de la voluntad política de los altos funcionarios del gobierno congoleño. La PSVI constituye una oportunidad para facilitar estas soluciones, siempre y cuando el gobierno británico ejerza presión diplomática en apoyo de la iniciativa. En concreto, se debe garantizar el compromiso de las autoridades congoleñas con la reforma de la seguridad y la justicia y con el fin de la interferencia política en el sistema de justicia militar mientras se procura hacer rendir cuentas a aquellos uniformados que hayan cometido delitos graves.
En la actualidad, el sistema de justicia militar del Congo tiene competencia exclusiva para juzgar los delitos graves cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y por civiles. Con el actual apoyo de la comunidad internacional, ciertos magistrados y jueces de instrucción se han mostrado dispuestos a investigar y juzgar delitos graves. Sin embargo, con frecuencia surgen impedimentos que obstaculizan sus esfuerzos.
| The recent transfer of Congolese warlord Bosco Ntaganda to the International Criminal Court to face charges of war crimes and crimes against humanity is an important step. Yet, many armed actors still operate in Eastern DRC, and international prosecutions need to be undertaken alongside serious domestic reforms to ensure security for the local population. |
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A menudo, el arresto de los autores de los delitos no es llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, y no se facilitan los recursos necesarios para realizar investigaciones sobre el terreno. Los casos que implican a altos y medios mandos a menudo se ven paralizados a causa de interferencias políticas. Finalmente, en un contexto de gran inseguridad, los costos de proteger a los testigos son muy elevados. Como resultado, la justicia militar depende en gran medida del apoyo de Naciones Unidas y otros actores internacionales.
A través de la presidencia del G-8, el Reino Unido debería coordinar los esfuerzos diplomáticos de todos los miembros para lograr que el gobierno del Congo establezca parámetros concretos para combatir la impunidad.
En primer lugar, el G-8 y otros actores de la comunidad internacional deben dejar claro que las actuales negociaciones de paz no deberían ofrecer una amnistía a los miembros de la guerrilla conocida como el M23 o el ejército del Congo por los crímenes cometidos durante la rebelión armada del año pasado. En segundo lugar, el parlamento del Congo debe aprobar el proyecto de ley de implementación del Estatuto de Roma, que permitiría que los tribunales juzguen delitos graves al ampliar la competencia judicial más allá de los tribunales militares. En tercer lugar, la ayuda internacional al sector de la seguridad del Congo debería estar condicionada al establecimiento de un programa integral de investigación de antecedentes destinado a los autores de delitos graves actualmente en el ejército y las fuerzas policiales del Congo. Finalmente, el gobierno del Congo debería efectuar los pagos pendientes en materia de reparaciones judiciales a víctimas de delitos graves cometidos por miembros del ejército del Congo.
En cuanto a la PSVI, la asistencia técnica que prevé debe situarse firmemente dentro del sistema legal del Congo. El equipo de expertos británico que se ha propuesto debería trabajar a través de contrapartes congoleñas, por ejemplo un equipo de expertos de la RDC, y complementar estratégicamente los esfuerzos internacionales existentes.
Por último, a pesar del interés de los medios internacionales por la violencia sexual generalizada en la RDC, todavía se necesitan urgentemente fondos para financiar los servicios de ayuda a las víctimas y para los programas de empoderamiento de mujeres a fin de reducir la vulnerabilidad ante la violencia sexual. Para obtenerlos, la PSVI necesita lograr un mayor apoyo a nivel nacional por parte del DFID y otros donantes de ayuda al desarrollo.
Sin un gran cambio en la voluntad política del gobierno del Congo, además de presiones e incentivos bien orientados por parte de las contrapartes internacionales, seguirá siendo improbable que se consiga acabar con la impunidad por la violencia sexual y otros delitos graves en la RDC. La PSVI tiene una importante oportunidad de lograrlo.
Sharanjeet Parmar es la directora de la oficina del ICTJ en la República Democrática delCongo, con sede en Kinshasa.
Más sobre el trabajo del ICTJ en la República Democrática del Congo en esta entrevista a Suliman Baldo, director del programa África del ICTJ.
