Photo: El ex general Efraín Ríos Montt en la jornada de apertura del juicio por genocidio en Guatemala. Sandra Sebastián/ Plaza Publica.
Por Marcie Merksy
“Muchas personas murieron en 1982, muchísimas; hubo masacres, hubo mujeres que acababan de dar a luz, fueron quemadas, y también niños. Y la madre que acababa de dar a luz y el hijo recién nacido, ¿qué culpa podían tener? Esa fue la peor época, la peor de todas”.
En las próximas semanas, un tribunal compuesto por tres jueces guatemaltecos escuchará docenas de testimonios como éste, que, recogido en 1999 por una comisión de la verdad avalada por la ONU, ofreció un superviviente de una aldea indígena ixil, situada en una apartada zona septentrional de ese país. Después de dos años de investigaciones, la comisión llegó a la conclusión de que durante la "guerra sucia" en Guatemala, fuerzas del Estado habían cometido actos de genocidio contra el pueblo maya-ixil y contra otros tres grupos étnicos, y que las autoridades tenían la obligación de investigar y castigar esos crímenes.
Catorce años han pasado desde entonces y casi veinte desde que los acuerdos de paz pusieran fin al conflicto armado, pero sólo ahora dos ex generales -José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez- comparecen ante un tribunal guatemalteco acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad, en un juicio que se inicia esta misma semana, el 19 de marzo. Después del golpe de Estado de marzo de 1982, Ríos Montt se convirtió en el jefe de Estado, manteniéndose en el poder hasta agosto de 1983, mientras que Rodríguez Sánchez fue el jefe de los servicios de inteligencia militar durante ese mismo periodo, uno de los más sangrientos de la historia guatemalteca.
No ha sido nada fácil que un tribunal guatemalteco decida abrir este juicio. Décadas de enfrentamiento armado y estricto control militar del Estado dejaron un sistema judicial sumamente debilitado y políticamente condicionado, y una sociedad acostumbrada a la impunidad hasta para los crímenes más atroces. Pero la importancia de este juicio rebasa las fronteras de este pequeño país centroamericano, ya que es la primera vez que un exjefe de Estado es juzgado por genocidio en un tribunal nacional de forma genuina, por autoridades nacionales, en el mismo país donde tuvieron lugar los crímenes de los que se le acusa.
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Igualmente notable es que no estemos ante la típica "justicia de los vencedores", en la que los tribunales acatan los dictados de un nuevo régimen contra sus antiguos adversarios. El actual presidente guatemalteco también fue general y estuvo a las órdenes de Ríos Montt. Unos pocos días antes de la fecha fijada para el comienzo del juicio, declaró que en Guatemala no hubo ningún genocidio, lo que contribuye a caldear el ambiente en un entorno político ya de por sí tenso, en el que la independencia judicial sigue dependiendo en gran medida de la valentía y la integridad de los fiscales y jueces. |
Gran parte del mérito corresponde a la Fiscal General de la Nación, Claudia Paz y Paz Bailey, cuyas políticas institucionales han permitido que los fiscales puedan llevar a cabo sus investigaciones y llevar a juicio a las personas acusadas de ser los máximos responsables de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado guatemalteco. También hay que reconocer la labor del Centro para la Acción Legal en Derechos Hum¬anos (CALDH), una organización guatemalteca defensora de los derechos humanos, y de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), una agrupación de víctimas y sobrevivientes de las regiones donde ocurrieron las operaciones militares. Salvando enormes dificultades, ambas organizaciones trabajaron durante años para desarrollar una base probatoria que amparara las denuncias, que ellas mismas apoyan en calidad de querellantes adhesivos (acusación particular que se une a la acción de la fiscalía). Finalmente, las demandas de justicia y el tesón de las comunidades de víctimas han sido la fuerza y la inspiración que han impulsado a todos los involucrados.
En los meses previos al inicio del juicio, la opinión pública ha estado muy polarizada. La Fiscal General ha sido acusada de simpatizar con la antigua guerrilla, y tanto fiscales como jueces han sido objeto de fuertes presiones de sectores cercanos al Ejército durante la guerra que ahora quieren detener o impedir el proceso judicial. En este contexto, resulta preocupante la seguridad de todas las partes involucradas en el juicio, entre ellos los fiscales, los jueces, los abogados, los testigos y las asociaciones de víctimas.
El juicio acaba de iniciarse y puede que la sentencia tarde meses en llegar. Cientos de testigos ofrecerán su testimonio y enfrentarán las preguntas tanto de los fiscales como de los abogados defensores; incluso los restos exhumados de cientos de víctimas mortales "hablarán" a través de los informes forenses. Docenas de expertos analizarán las campañas militares que hace treinta años arrasaron las comunidades ixiles, explicarán cómo funciona la cadena de mando en tiempo de guerra y analizarán qué papel tuvo el racismo en la dirección e ejecución de las operaciones castrenses. Respecto a la acusación de genocidio, tanto los fiscales como los abogados de la defensa se centrarán en una cuestión esencial para determinar si se produjo ese crimen: ¿actuó el acusado con la intención de destruir, en su totalidad o en parte, al pueblo ixil? La justicia está en juego, así como una interpretación histórica. Sin embargo, quizá lo más importante sea que el juicio nos proporcionará una lente para observar el futuro de un país: ¿acaso puede una sociedad tan dividida como la guatemalteca enfrentarse a su pasado y avanzar, reconociendo el valor de un Estado de derecho que conceda el mismo derecho a la justicia a los más marginados y a los poderosos?
Marcie Mersky es Directora de Programas del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Vivió en Guatemala durante más de 20 años y trabajó para la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala.
Este artículo fue previamente publicado por Al Jazeera en inglés.
ICTJ colabora con Open Society Justice Initiative y otros en la cobertura del juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sáanchez a través de su página especial de seguimiento del juicio.
