La justicia transicional tiene como misión primordial luchar por "abrir nuevos caminos hacia un futuro de paz y estabilidad". En países con pasados violentos o represivos -es decir, la mayoría- poner en marcha medidas de búsqueda de la verdad, justicia penal, reparación y reforma institucional es fundamental para poder establecer una cultura de justicia y de respeto al Estado de derecho.
Este fue el mensaje general de un debate informal que, organizado por el ICTJ y las Misiones Permanentes de Suiza y Túnez el 7 de mayo, se centró en la relación entre justicia transicional y Estado de derecho.
En su análisis, el presidente del ICTJ, David Tolbert, definió el papel clave que debe desempeñar la justicia transicional cuando se habla del Estado de derecho. En una sociedad que ha experimentado violaciones masivas de los derechos humanos "es preciso enfrentarse al pasado, reconocer a las víctimas, esclarecer la verdad y reformar las instituciones", afirmó. De no ser así, el Estado de derecho carecerá de cimientos.
Allí donde las sociedades no se han enfrentado al pasado, continuó diciendo, comprobamos que es más probable la reaparición de la violencia y los abusos. Por el contrario, también tenemos los ejemplos de países que, saliendo de conflictos y regímenes represivos, han construido sistemas sólidos basados en el respeto a la ley. Argentina, por ejemplo, es solo uno de los muchos casos de estudio en los que un proceso de justicia transicional consensuado ha sentado las bases de un sistema firme de seguridad y de respeto al Estado de derecho.
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Aunque se encuentra en un estadio muy inicial, Túnez también ha mostrado su disposición a adoptar un abanico de medidas de justicia transicional -investigaciones y juicios, comisiones de investigación sobre corrupción y violaciones de los derechos humanos, medidas de compensación a las víctimas-, destinadas a recuperar la fe en el Gobierno y en el Estado de derecho. |
"El Estado de derecho no se construye sobre los hombros de quienes cometieron crímenes", concluyó Tolbert. Debe construirse sobre la verdad, la justicia y el principio de la rendición de cuentas.
En su primera intervención pública como Relator Especial para el fomento de la Verdad, la Justicia, las Reparaciones y las Garantías de no Repetición, Pablo de Greiff presentó brevemente las funciones del mandato recién creado y su aportación al fortalecimiento del Estado de derecho.
Este nuevo puesto debe "enfrentarse a situaciones en las que se hayan cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos y graves vulneraciones del derecho humanitario internacional". Dada la amplitud y ambición deste mandato, recalcó de Greiff, "el éxito que podamos tener no será fruto de un esfuerzo individual sino colectivo".
| Los cuatro tipos de mecanismos que contempla el mandato -verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición- no deben considerarse estrategias independientes para enfrentarse al pasado, sino más bien partes de un todo, apuntó de Greiff. La complejidad y la magnitud de las situaciones en las que operan los mecanismos de justicia transicional -en sociedades que han sufrido violaciones masivas de los derechos humanos o del derecho humanitario- exigen la aplicación de un amplio abanico de medidas de esa índole. |
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Este asunto fue subrayado por un representante de la Misión Permanente de la ONU en Ruanda, quien analizó hasta qué punto la propia magnitud del genocidio ruandés de 1994 demostró que los procesos de justicia penal tradicionales resultaron insuficientes. Según este representante, en un conflicto con más de un millón de víctimas, 250.000 encarcelados y todavía más exiliados, se calcula que se necesitarían más de 100 años para juzgar a todos los responsables.
Los tribunales "gacaca", un sistema de justicia comunitario puesto en marcha después del genocidio, crearon un foro en el que a todo el mundo se le pedía que compartiera sus experiencias para poder tener una visión global de las atrocidades. "La verdad se convirtió en justicia", explicó.
En consonancia con esta mayor insistencia en fortalecer el Estado de derecho, este mismo año la Secretaría General de las Naciones Unidas publicó un nuevo informe titulado “Delivering Justice”, [Haciendo justicia], destinado a servir como programa de acción para la ONU. Edrid Selous, director de la Unidad para el Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU, repasó el contenido del nuevo informe.
En su opinión, el objetivo fundamental de esta publicación es fomentar y fortalecer el campo de la justicia transicional, un sistema útil para sentar las bases de sociedades justas y pacíficas.
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El sistema de la justicia penal internacional se basa en la implementación de medidas judiciales y de respeto al Estado de derecho a nivel nacional. Según Selous, en países que se enfrentan al legado de atrocidades masivas, esto no solo se consigue con justicia penal. El informe señala también que otras medidas de justicia transicional como las misiones de investigación y las comisiones de la verdad son fundamentales para promover la rendición de cuentas. |
La aparición de este informe irá seguida en septiembre de una reunión de alto nivel destinada a analizar la aplicación de sus recomendaciones, concluyó Selous. Se animará a los Estados a que sus compromisos individuales se basen en su propia concepción de las prioridades respecto al Estado de derecho. Estas podrían ser aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ayudar a otros Estados a fortalecer su propia capacidad para juzgar a autores de crímenes internacionales o poner en marcha mecanismos de justicia transicional destinados a garantizar que se rindan cuentas de las atrocidades pasadas.
Foto: Una mujer participa en una manifestación en el centro de Túnez, 19 de enero de 2011. Cortesía de Holly Pickett.
