Si la comunidad internacional se compromete realmente a que las atrocidades masivas no queden impunes, hay que dar prioridad a la constitución de tribunales nacionales en los países donde se han cometido esos crímenes. Para que eso sea posible, es crucial contar con los organismos internacionales para el desarrollo.
La Corte Penal Internacional (CPI) se instituyó para juzgar crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra en situaciones en las que los Estados realmente no pueden o no quieren hacerlo. Según el Estatuto de Roma que instituyó la CPI en 1998, los principales responsables de que se juzguen esos crímenes son los Estados, y a esa idea se le denomina principio de complementariedad.
Siguiendo este principio, la CPI es un tribunal de última instancia, que complementa las iniciativas de los sistemas judiciales nacionales. Pero es frecuente que los sistemas jurídicos que afrontan la tarea de juzgar casos de violaciones masivas de los derechos humanos estén devastados por el propio conflicto o por periodos de régimen autoritario, responsables últimos de esas violaciones. Algunos Estados también obstaculizan legalmente el fin de la impunidad mediante amnistías, inmunidades o indultos.
La CPI, ni siquiera cuando logra llevar ante la justicia a los principales responsables, puede evitar situaciones de impunidad si hay cientos o miles de acusados. Es preciso conceder a las estructuras judiciales nacionales el apoyo necesario para que puedan sobrellevar mejor el peso que conlleva acabar con la impunidad. Para poder aplicar adecuadamente el principio de complementariedad es imprescindible la cooperación de los defensores de la justicia internacionales, los organismos de desarrollo y quienes apoyan a los Estados que se recuperan de conflictos y de periodos autoritarios.
Después de la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, celebrada el año pasado en Kampala, el ICTJ organizó una reunión de alto nivel con representantes del sector judicial internacional, miembros de organizaciones de desarrollo y partidarios nacionales del Estado de derecho para fomentar el apoyo político a la complementariedad y profundizar en las formas de aplicar ese concepto.
Con el apoyo de los Gobiernos de Dinamarca y Sudáfrica, el ICTJ -cuya labor vital en la aplicación de la complementariedad se ha reconocido-, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), celebra entre el 8 y el 9 de diciembre en Greentree Estate, Nueva York, una segunda reunión para continuar esas conversaciones. El encuentro tiene como objetivos analizar los progresos en materia de complementariedad, debatir sobre la capacidad de los países para crear estructuras judiciales que pongan en marcha ese principio y fomentar el protagonismo en el proceso de los sectores dedicados al desarrollo y el Estado de derecho, y también su coordinación.
En este podcast el presidente del ICTJ David Tolbert subraya la importancia que tiene para la aplicación de la complementariedad, objetivo primordial de este segundo encuentro de Greentree, que la comunidad jurídica internacional y los integrantes del sector del desarrollo debatan y cooperen.
“Estamos intentando activar el diálogo entre esos dos grupos", señala Tolbert, "para que cuando se cometan crímenes graves la financiación, las estrategias y las capacidades no solo se destinen al desarrollo, en su conjunto, de un sistema jurídico, sino que sirvan para que se juzguen esos graves crímenes".
Lea la entrevista completa con David Tolbert aquí</a href>.
