El presente informe es el cuarto en una serie de reportes de seguimiento de la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas ejecutado en Perú entre 2007 y 2011. Se trata de un trabajo en conjunto del ICTJ y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), de Perú. El informe busca conocer los efectos de esta política de reparación, a través de consultar la opinión de sus beneficiarios. Se pretende así traer las voces de las comunidades de los Andes y la Amazonia para responder a la pregunta de en qué grado esta política ha logrado ser reparadora.
El informe concluye que las comunidades que han recibido reparación colectiva se sienten satisfechas con los proyectos construidos, consistentes mayoritariamente en infraestructura de riego (canales), actividades pecuarias (proyectos de ganadería), equipamiento educativo (construcción o ampliación de escuelas), agua potable y desagüe, y construcción de locales comunales. El haber ejecutado estas obras en 1.492 comunidades gravemente afectadas por la violencia es un esfuerzo importante. Sin embargo, la mayoría de los encuestados afirma que estas medidas no son suficientes como reparación.
Los proyectos son bienvenidos porque el nivel de carencia de las comunidades es significativo. Ello responde a los altos niveles de marginalidad y abandono en que muchas de ellas viven. Dicha marginalidad histórica, que persiste luego de once años de restablecida la democracia, fue constatada por la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) como uno de los factores característicos del conflicto armado interno.
Esta constatación refuerza la necesidad de integralidad de la reparación, afirmada por las recomendaciones de la CVR, y expresada en la Ley que creó el Plan Integral de Reparaciones. Dicho Plan consta de siete programas, uno de los cuales es el de reparación colectiva. La percepción de insuficiencia de las comunidades, aún cuando los proyectos en concreto son bienvenidos, confirma la necesidad de integralidad de todos los programas, y que no basta con ejecutarlos de forma aislada o extemporánea. Difícilmente las comunidades afectadas por la violencia se sentirán reparadas por un proyecto aislado si no se implementan otras de las medidas, incluidas en el Plan, en las áreas de educación, salud, reparaciones simbólicas, restitución de derechos ciudadanos, vivienda y reparación económica individual. Por ello, es importante el anuncio hecho por el nuevo gobierno de asumir nuevamente el compromiso de implementar todos estos programas de forma integrada.
La insuficiencia de los proyectos como reparación también se refiere a la carencia de esfuerzos en materia de investigar los crímenes, reconocer a las víctimas, asumir la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos y en el abandono histórico, y a encontrar a los detenidos desaparecidos. Proyectos aislados que no van acompañados de esfuerzos en materia de reconocimiento de la verdad, justicia y garantías de no repetición pueden ser vistos como esfuerzos que carecen de sentido. La opinión de las comunidades da así una lección sobre cómo ellas entienden la complementariedad de las diferentes políticas que involucra la justicia transicional.
Finalmente, la insuficiencia constatada expresa la necesidad de una política más amplia de inclusión social y desarrollo. Si bien la reparación no es lo mismo que el desarrollo, ambos esfuerzos son complementarios, particularmente en conflictos donde se superponen la marginalidad histórica con las violaciones masivas de los derechos humanos. Es imposible pensar en reparaciones en salud o educación sin mejorar la infraestructura y la calidad de dichos servicios. Tampoco se puede pensar en mejorar el acceso a la justicia si no hay suficientes tribunales, fiscales, defensores, expertos forenses y policía. La infraestructura vial es básica para la integración del territorio y mejorar la productividad, comercialización, así como el acceso a los servicios del Estado. Una política de integración social es fundamental para hacer las reparaciones posibles, focalizando éstas a los daños individuales y colectivos, pero generando a través del desarrollo social las condiciones que permitan que las políticas de reparación generen un impacto positivo en las víctimas directas.
El informe ofrece lecciones importantes sobre todas estas materias y ayuda a recordar la importancia de escuchar a las víctimas, especialmente a aquellas más marginadas y que habitan en localidades aisladas. Ofrece una oportunidad para mirar al país lejos de la capital, y a partir de esa mirada diseñar e implementar políticas que respondan a la magnitud del desafío.
