Cuando los crímenes masivos permanecen en la impunidad, sus consecuencias se perpetúan por generaciones. Un ejemplo de ello son las graves violaciones sistemáticas padecidas por el pueblo indígena mapuche a manos del Estado argentino desde hace más de un siglo.
A finales del sigo XIX, el Gobierno argentino inició una campaña militar para conquistar los territorios de los pueblos indígenas mapuches en la Patagonia. Además del desplazamiento masivo, los mapuches fueron sometidos a todo tipo de abusos con la intención de arrebatarles no solo sus tierras, sino también su identidad, y de destruir sus comunidades física y psicológicamente. A pesar del paso de los años, la falta de rendición de cuentas no ha hecho más que agravar la situación de injusticia, y los jóvenes mapuches no están dispuestos a permanecer en silencio. Recientemente, la tensión entre las protestas sociales a favor del pueblo mapuche y las fuerzas del Estado ha crecido.
A través del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), el abogado, argentino, de derechos humanos Fernando Kosovsky está acompañando la lucha por la justicia por las graves violaciones cometidas por el Estado argentino contra el pueblo mapuche – que, según Kosovsky, califican como genocidio. Durante su reciente visita a las oficinas del ICTJ en Nueva York, conversamos con Kosovsky sobre las estrategias judiciales y no judiciales que están desarrollando para reivindicar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación del pueblo mapuche. Su experiencia podría resultar muy útil para las demandas de otros pueblos indígenas.
Cuando empezó a trabajar con el pueblo mapuche ofreciendo apoyo jurídico para recuperar sus tierras, ¿qué sistematicidad empezó a detectar?
“Mapu” es tierra. Gente de la tierra. Lo primero que me llamó la atención fue que no hablaban de "nuestra tierra", sino que hablaban de "la tierra de nosotros", "donde nosotros pertenecemos" y ese vínculo de pertenencia es una característica distintiva del pueblo mapuche. Nosotros realizamos apoyo jurídico con campesinos e indígenas. Dentro de estas expresiones de base del pueblo siempre sonaba la historia de: "A nosotros nos quitaron nuestros territorios". Y estos desplazamientos forzosos de territorio, en muchos casos por violencia de agentes del Estado, otros por violencia de terceros con lo connivencia de las policías territoriales, se escuchan en palabras y se escuchan en los silencios también.
Durante muchos años yo, que vengo de una formación del derecho internacional de los derechos humanos, planteaba: "Bueno, vamos a reclamar el derecho a propiedad de la tierra". O sea, trataba de encasillarlo dentro de lo que yo sabía, en alguna de las categorías jurídicas que yo conocía y, en verdad, con el tiempo me fui dando cuenta que lo que yo estaba planteando era atomizar un reclamo territorial e histórico, si se quiere, en un proceso político mucho más amplio que va a la constitución de las condiciones de dominación y de sometimiento que ellos habían padecido. Y esto me llevó a entender lentamente que ese proceso de búsqueda de la verdad, por el cual ellos le piden al Estado no que les devuelva sus tierras: ellos primero quieren que el Estado investigue qué pasó, y una vez que se restablezca esa verdad, que se les dé lo que les corresponde, la tierra de la que ellos son parte.
En 2015 aparece un informe de la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Rurales donde se reconoce la existencia de genocidio contra el pueblo mapuche, y allí es donde caigo en cuenta que yo venía trabajando sobre una cuadrícula muy pequeña de una matriz enorme. En conversación con el ICTJ creo que he encontrado una mayor capacidad para comprender: primero, esas matrices de cómo se han destruido sociedades, se han impuesto condiciones de injusticia que generan situaciones muy violentas, de mucho dolor, y que generan inequidades espantosas que la gente no sabe cómo cambiar. Y creo que lo lindo de este primer encuentro entre ICTJ y el CEPPAS es poder pensar juntos y aprender sobre todos los procesos de reconstrucción de la dignidad de una sociedad, de una búsqueda de la verdad que le permita a los pueblos recuperar paz y justicia, sin tener que atravesar juicios eternos, sin tener que esperar generaciones para llegar a ver los resultados de ese proceso.
¿Cómo se manifiestan esas consecuencias del genocidio actualmente?
Fundamentalmente por la apropiación del territorio y la imposibilidad de desarrollarse en los territorios para las comunidades indígenas que integran el pueblo mapuche. Se han entablado muchas demandas para tratar de quebrar los obstáculos que pone el mismo Estado para que la gente se pueda desarrollar. Por ejemplo, movilizar hacienda y ganado de un lugar a otro para intercambiar o para vender y vivir de eso, aún en los lugares reducidos en los que están, son condiciones de genocidio silencioso, porque matan a la gente de hambre. Les impiden el acceso al agua alambrando los accesos a las superficies de agua más importantes y a las mejores pasturas.
La gente tiene mucho miedo de hablar, porque cuando ellos eran niños sufrían mucha discriminación por el hecho de que eran indígenas. Mucho maltrato, mucho abuso, mucho racismo: esto es lo que se ve todavía y se ha comenzado a revertir progresivamente, pero se sigue viendo.
¿Por qué debería el Gobierno argentino lidiar con algo que pasó hace tantísimos años?
Porque es la única manera, entendemos nosotros, de que pueda haber paz. En algún momento esto va emerger, va a explotar. Sobre todo los jóvenes tienen mucho odio acumulado por haber visto cómo se ha denigrado a sus padres y a sus abuelos. Y porque, además, el Estado se comprometió, se obligó legalmente a hacerlo. Hoy tenemos generaciones de jóvenes que han ido a la universidad, que saben qué derechos tienen, que saben que pueden reclamar y el Estado debe darles una respuesta. Y si no les dan una respuesta, van a buscar métodos alternativos al sistema legal y al sistema político a través de la violencia.
Es decir, el mismo Estado está generando un caldo de cultivo para que emerjan movimientos violentos y está generando también los mecanismos para reprimirlos. Y esto ya está sucediendo. En enero del 2017 en la Patagonia, en las tierras que están en conflicto con Benetton, se montó un escenario de violencia y de represión terrible, con mucha crudeza, con consecuencias que se pudieron haber prevenido y evitado. Y esto si no se interviene de manera urgente va a escalar.
Los conflictos o se gestionan o se hacen una bola de nieve, esto es el ABC de la conflictividad. Nosotros entendemos que por eso es urgente tomar acción, y llamar a la acción también: a las organizaciones indígenas, a las organizaciones políticas, a los organismos internacionales de derechos humanos, organizaciones locales, partidos políticos. A tomar conciencia de que si no nos tomamos el conflicto seriamente y no buscamos una salida de reparación y de reconciliación, de búsqueda de la verdad y de memoria, las heridas van a empezar a infectarse y a generar violencia.
¿Cuál es la estrategia que están utilizando ustedes para llegar a esa reconciliación y a esa justicia?
Lo primero que estamos haciendo es estudiar mecanismos alternativos al litigio. También estamos estudiando alternativas como en Canadá, para hacer una reparación económica; estamos viendo las experiencias de otros países de Latinoamérica, como Guatemala y El Salvador, pero que vienen de otro contexto de guerra civil más próxima en el tiempo.
Entonces, estamos en una etapa de estudio y también de toma de conciencia con talleres. Todos los meses estamos haciendo talleres en las comunidades donde compartimos información y aprendizajes con la gente. Estamos también interpelando a las instituciones académicas y las universidades. Dentro de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, de la que soy representante para la Patagonia, hemos conformado un grupo de trabajo en materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra pueblos indígenas para sentarnos a realmente a pensar con la intención de sostenerlo de manera estable.
¿Cuál sería el objetivo final de todo esto?
El objetivo final sería que el Estado argentino reconozca que cometió un genocidio; que pida perdón al pueblo mapuche y a otros pueblos indígenas con los que también cometió genocidio; y que repare con acciones políticas consultadas y participadas con estos pueblos, con medidas concretas, esos daños sociales e históricos que ha cometido.
Es muy interesante el caso de Argentina, porque desde el punto de la justicia transicional siempre se la ha considerado como el gran modelo a seguir a la hora de rendir cuentas con los crímenes de la dictadura. Y en cambio parece que con los derechos indígenas no está ocurriendo lo mismo.
En verdad, uno de los motivos por los cuales nosotros seguimos este modelo es gracias al movimiento de derechos humanos y las Madres de Plaza de Mayo, que nos demostró que no importa que en uno, en dos, en tres años no obtengas ningún resultado judicial. Porque el resultado judicial no depende directamente de cuán bueno sea tu abogado ni de cuán bueno sea el juez que va a decidir, sino de algo mucho más amplio que es la conciencia de toda una sociedad respecto a lo que sucedió.
La sensibilización es un cambio cultural y nosotros somos conscientes de eso. Nosotros, desde el GAJAT, los primeros dos años no ganábamos ningún juicio sobre los territorios, ni siquiera una simple petición, y a partir de entonces empezamos a avanzar sostenidamente. Y ahí está la clave: se tiene que conformar un grupo que esté convencido de que uniéndonos con un objetivo claro, más allá de que tarde meses o años, vamos a lograr ese objetivo. Entonces, yo no tomaría el movimiento de derechos humanos como un contraste sino como un ejemplo a seguir.
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FOTO: Fernando Kosovsky, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) durante su visita a las oficinas centrales del ICTJ en Nueva York en marzo de 2017. (ICTJ)
