La población del norte de Uganda sigue sufriendo las consecuencias de las pasadas hostilidades entre el Ejército de Resistencia del Señor (LRA por sus siglas en inglés) y el Gobierno ugandés.
Dentro de una amplia campaña de violencia dirigida contra la población civil, que causó miles de muertos y secuestros, además del desplazamiento de millones de personas, las mujeres y las niñas se vieron especialmente afectadas. Sufrieron violaciones, secuestros, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazos no deseados, trabajos forzados, mutilaciones y otras formas de violencia sexual. Muchas se vieron obligadas a vivir en campos de desplazados internos con malas condiciones higiénicas y escaso acceso a agua potable, alimentos e instalaciones sanitarias.
Hoy en día, las sobrevivientes de violaciones o actos de violencia sexual siguen estando muy estigmatizadas en sus comunidades y familias, y la mayoría siguen esperando que se haga justicia por las penalidades que han sufrido. Aunque las víctimas tienen derecho al reconocimiento oficial de sus experiencias y para recuperarse necesitan respuestas coherentes, la estigmatización y la constante marginación de las mujeres han silenciado en gran medida sus opiniones sobre el tipo de justicia que quieren para ellas, sus familias y su país.
Ahora que se están realizando esfuerzos para acelerar la adopción de la Normativa de Justicia Transicional Nacional y determinar cómo se aplicará es precisamente cuando las mujeres tienen que estar presentes.
Reconociendo la necesidad de que las futuras iniciativas de justicia transicional incluyan a las mujeres y les proporcionen la reparación que merecen, el ICTJ ha presentado un nuevo informe, Confronting Impunity and Engendering Transitional Justice Processes in Northern Uganda [Plantándole cara a la impunidad y generando procesos de justicia transicional en el norte de Uganda], que analiza cómo se han visto afectadas las mujeres por el conflicto y cómo pueden responder a sus necesidades las nuevas medidas de justicia transicional que están surgiendo en el país.
Basándose en entrevistas hechas por el ICTJ a casi 100 mujeres, el informe describe determinados tipos de violaciones de derechos humanos por motivos de género cometidas en el norte de Uganda. También identifica las necesidades que, a medio y largo plazo, tienen esas víctimas en cualquier proceso de búsqueda de la verdad, contribuyendo también a definir qué reparaciones deben proporcionarse. En conclusión, el informe ofrece recomendaciones que las asociaciones de víctimas han hecho al Gobierno con el fin de que se conciban mejores iniciativas de justicia transicional que tengan en cuenta el género.
“Con demasiada frecuencia los debates ‘oficiales’ sobre justicia transicional han dejado de lado o excluido las experiencias de las mujeres en situaciones de conflicto”, señala Sarah Kasande Kihika, colaboradora del programa Uganda del ICTJ. “Para que Uganda conciba medidas eficaces que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, primero debe entender cómo han vivido las mujeres el conflicto, y también sus secuelas, y por qué esas experiencias han sido realmente distintas a las de los hombres”.
Cómo afrontar las repercusiones del conflicto para las mujeres
El origen más inmediato del enfrentamiento registrado en el norte de Uganda entre el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), liderado por Joseph Kony, y el Gobierno ugandés se encuentra en la agitada historia del país después de su independencia en 1962. El conflicto se caracterizó por la generaliza impunidad con que se cometieron atroces violaciones de los derechos humanos, sobre todo contra mujeres y niñas. Se calcula que, hasta el 2005, 75.000 niños y niñas fueron raptados y obligados a combatir, cargar materiales y servir de esclavos sexuales. Según un informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre el rapto de niños, en torno al 85 por ciento de las chicas que acuden al Centro contra el Trauma de Gulu, creado para personas secuestradas por el LRA, contrajo enfermedades de transmisión sexual durante su cautiverio.
El acuerdo de Juba, aprobado en 2006, prometió que futuros mecanismos de justicia transicional como las medidas de esclarecimiento de la verdad y las reparaciones reconocerían y abordarían las singulares necesidades de mujeres y niños. En consecuencia, el Gobierno creó el Grupo de Trabajo de Justicia Transicional –en virtud del Programa sobre el Sector Judicial y de Orden Público (JLOS por sus siglas inglesas)-, apuntando la importancia de convertir el enfoque de género en una herramienta esencial para el desarrollo de las medidas de justicia transicional en Uganda, y abogando igualmente por la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.
Aunque el borrador de la Normativa de Justicia Transicional reconoce la igualdad de género como uno de sus principios rectores y a pesar de que el JLOS ha reiterado que quiere permitir a las mujeres que contribuyan a la creación de programas de justicia transicional, éstas han gozado de poca participación en los procesos previos al desarrollo de la política de justicia transicional. Por otra parte, el borrador de la normativa no concreta cómo se incorporarán las consideraciones de género a los principios esenciales del proceso.
En líneas generales, el estancamiento político ha ralentizado el proceso, extendiendo la desilusión y la frustración entre las víctimas.
El nuevo informe del ICTJ, Confronting Impunity and Engendering Transitional Justice Processes in Northern Uganda, pone de manifiesto las múltiples repercusiones que la guerra ha tenido para la vida de mujeres de todas las edades, basándose en consultas con asociaciones de mujeres de Gulu, Lira y Soroti, realizadas en marzo de 2013. En ellas participaron más de setenta mujeres de 18 distritos.
La inmensa mayoría de las víctimas declara que el estigma –sobre todo alrededor de la violación y la violencia sexual– ha impedido que sus comunidades sepan hasta qué punto ellas se han visto afectadas por el conflicto. El informe recalca que iniciativas de justicia transicional como el esclarecimiento de la verdad ofrecen oportunidades para narrar esas historias por primera vez y para que sus comunidades las escuchen.
“El estigma que rodea a las víctimas de violencia sexual es una cuestión difícil de abordar en una sociedad patriarcal”, señala Kasande Kihika. “Sin embargo, concienciando y sensibilizando a las comunidades podemos empezar a cambiar las actitudes para que se deje de avergonzar y culpar a las víctimas y se comience a apoyarlas”.
Para muchas comunidades queda patente que, aunque la violencia se ha apaciguado, la guerra ha perturbado hasta los niveles más sutiles de las relaciones comunales y las normas familiares.
Por ejemplo, en la región de Lira las consecuencias de los desplazamientos han sido profundas y varias participantes consideran que la permanencia durante largos periodos en campos de desplazados ha erosionado los roles y los valores tradicionales, lo cual se ha reflejado en un elevado índice de divorcios, un incremento de la violencia doméstica y de las violaciones intramaritales, además de los matrimonios forzosos en edad temprana y de las tasas de natalidad. También se ha debatido el aumento de delitos que, como los robos y los atracos, aprovechan el derrumbe generalizado del imperio de la ley.
La gran mayoría de las encuestadas opina que los elevados índices de pobreza de la región son consecuencia de los años de inestabilidad y que, a su vez, esta situación ha propiciado que las mujeres sean más vulnerables.
Según el informe del ICTJ, cuando se conciban reparaciones para las mujeres, hay que tener en cuenta el coste económico que la guerra ha tenido para ellas. Otras de sus urgentes necesidades también deberían inspirar los programas de reparaciones: por ejemplo, mujeres y niñas que sufrieron agresiones sexuales en cautividad han recalcado la necesidad de apoyo psicosocial y de que haya centros de atención psicológica que contribuyan al proceso curativo.
Además, Kihika apunta que las disculpas oficiales pueden servir a las víctimas como reconocimiento formal, como gesto simbólico para honrar a quienes más han sufrido.
“Cargos oficiales de todos los niveles continúan rechazando de plano los horrores que pasaron esas mujeres”, ha declarado. “Si el país no puede mirarlas a la cara y escuchar verdaderamente cómo esa violencia ha transformado sus vidas, puede que las iniciativas destinadas a cambiar la trayectoria de nuestro país mediante la justicia transicional no hagan ninguna mella”.
El proceso de implementación
Durante la primera semana de octubre el ICTJ celebró una conferencia de alto nivel para hablar del borrador de ley de justicia transicional ugandés y debatió estrategias para la aplicación eficaz de dicha política, incluyendo enfoques sensibles al género. Las conclusiones del estudio del ICTJ se presentaron a los asistentes en la reunión, facilitando así un debate entre representantes de varios importantes ministerios, en el que también participaron asociaciones ciudadanas, de víctimas y ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
“El simple hecho de que, en un contexto de justicia transicional sensible a las cuestiones de género, se discutiera y hablara de actos de violencia de género como la despojo de tierras, la falta de acceso a la educación, el estigma de las víctimas y la incapacitación económica nos dio mucho ánimo”, ha declarado Amrita Kapur, asociada sénior del ICTJ en Justicia de Género. “Esperamos que al conocer las opiniones de esas sobrevivientes el país pueda cumplir sus promesas en materia de verdad y justicia para con las mujeres y las niñas”.
FOTO: Un grupo de jóvenes madres ugandesas espera pacientemente en la consulta del promotor de salud comunitaria. A pesar de los decididos avances que el mundo ha dado en la reducción de la mortalidad infantil, una proporción creciente de esa mortalidad se concentra en el África subsahariana, donde uno de cada nueve niños muere antes de llegar a los cinco años y en el sur de Asia, donde uno de cada 16 muere antes de alcanzar a esa edad. (Dougal Thomas/Corbis / APImages).
