Por David Tolbert, presidente del ICTJ
Recientemente, España fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante por un periodo de dos años, empezando en enero de 2015. Este importante logro implica también serias responsabilidades con respecto a la protección de los derechos humanos y es una oportunidad inestimable para que España muestre su compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos y la protección de los derechos de sus propios ciudadanos.
Durante mi reciente visita a España pude observar de primera mano la paradójica situación en el país con respecto a su traumático pasado. Aunque es una democracia consolidada, el país en gran parte ha fracasado a la hora de enfrentar los muchos crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Las Fuerzas Armadas han sido objeto de importantes y profundas reformas, lo cual constituye un importante paso para avanzar hacia la democracia. Sin embargo, por lo demás, España ha desoído casi por completo las reivindicaciones de las víctimas que piden que se afronten los crímenes del pasado y se ha negado constantemente a encarar las consecuencias a largo plazo de las violaciones graves de derechos humanos. En consecuencia, el país y sus instituciones democráticas conviven con una persistente impunidad y con profundas heridas que, aún separando a los bandos enfrentados en la guerra, ahora tienen un carácter intergeneracional.
De hecho, en España se ha cuestionado la propia naturaleza de la transición, e importantes preguntas sobre ese proceso histórico siguen sin respuesta. Como en julio de este mismo año señaló con acierto Pablo de Greiff, Relator Especial de la ONU para la Verdad, la Justicia, las Reparaciones y las Garantías de No repetición en su informe sobre España, el país ha logrado la “consolidación de una democracia robusta y estable”. Sin embargo, también descubrió un enorme desfase entre la perspectiva de gran parte de las instituciones públicas –para las que ya se ha respondido a las demandas de las víctimas- y las propias víctimas, que se sienten “insuficientemente reconocidas y reparadas”. Queda patente que las víctimas y el conjunto de la sociedad, después de las crueldades de la Guerra Civil y la dictadura, apenas han recibido verdad, justicia o reparaciones.
Esta conclusión la pone de relieve el debate público sobre verdad y memoria que, después de un largo intervalo en el que poca atención se prestó a estos asuntos, ha resurgido con renovadas fuerzas en la última década. Objetivos como aclarar los hechos, identificar a víctimas y verdugos, explicar el contexto que hizo posibles los abusos y evaluar la naturaleza y la gravedad de los mismos son un fin en sí mismo. Ello se debe a que tienen que ver con derechos concretos de las víctimas –el derecho a saber, el derecho a la verdad– y a que el reconocimiento del pasado es un buen punto de partida para futuras transformaciones institucionales y sociales.
Aunque ha pasado mucho tiempo desde que se cometieron los abusos, se pueden impulsar diversas medidas y procesos para reparar las heridas sufridas por las víctimas y respetar sus derechos. El Relator Especial ha hecho diversas consideraciones a este respecto en su informe para la Asamblea General de la ONU, en el que da buena cuenta de recomendaciones muy útiles. En concreto, dada la falta de investigaciones al respecto, en España se echa mucho en falta información sobre las desapariciones forzadas, lo cual perjudica al derecho que tienen las víctimas a saber la verdad.
Sería un avance conseguir que todas las víctimas accedieran a la cobertura contemplada en la Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito y que se prestara atención a los problemas que plantea la Ley de Amnistía, con el fin de adecuarla a la legislación internacional actual. También me gustaría unirme a la llamada que ha hecho el Relator Especial y solicitar que se reformen las leyes que otorgan reparaciones e indemnizaciones para incluir a todas las víctimas. Es especialmente importante conseguir que se atiendan plenamente las consecuencias de las violaciones de derechos sufridas por las mujeres. Otra medida podría ser la anulación de las sentencias dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura, que constituiría una importante reparación simbólica para las víctimas.
Habría que plantearse otras medidas, entre ellas retirar los símbolos y monumentos que ensalcen el papel del Ejército durante la Guerra Civil y el franquismo, mejorar la pedagogía con respecto a esos dos periodos, crear instituciones dedicadas a la memoria histórica y ampliar el acceso a los archivos. Las exhumaciones también pueden desempeñar (y ya han desempeñado) un importante papel para las víctimas (), y es el Estado quien debe facilitarlas.
Con frecuencia se considera que la justicia transicional sólo tiene que ver y es importante para sociedades que acaban de sufrir conmociones sociales y políticas (como conflictos armados, regímenes autoritarios o la represión violenta de grupos rebeldes) , en las que el desarrollo de la paz y la democracia es algo que se alcanzará en un futuro próximo mediante reformas institucionales orientadas exclusivamente a restablecer el Estado de derecho y a dejar atrás un Estado inestable o arbitrario. No obstante hay que recalcar que, incluso en el caso de democracias consolidadas como la española, su calidad siempre puede mejorarse para hacerla más incluyente y más respetuosa con la legislación internacional y sus principios básicos.
Conocer la verdad, respetar a las víctimas o responder a las expectativas y a las justas reivindicaciones de los supervivientes son elementos constitutivos de un diálogo ciudadano que puede fortalecer a democracias como la española, haciéndola más legítima, duradera y estable. Una democracia siempre se puede tornar más incluyente ampliando su capacidad jurídica e institucional para proteger los derechos de un número cada vez mayor de ciudadanos, entre ellos los relativos a un pasado turbulento, lejano pero nunca olvidado. Gracias a una evaluación mesurada y crítica de su propio pasado traumático, una sociedad siempre puede ser más justa -algo en sí mismo positivo- y más transformadora.
Esos son los desafíos y las oportunidades que España tiene ante sí. No pierdo la esperanza de que en un futuro próximo se dé respuesta a estas importantes cuestiones con métodos innovadores.
Este artículo fue previamente publicado en inglés en The Huffington Post.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.
FOTO: Un miembro de la Asociación por la Memoria Histórica muestra una lista de nombres de los 130.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española a la entreda de la Audiencia Nacional en Madrid, el 22 de septiembre de 2008. (Daniel Ochoa de Olza/AP Photo)
