A principios de mayo, el Congreso Nacional Africano (ANC) fue reelegido con una mayoría simple del 62% en las elecciones generales de Sudáfrica. En el 20 aniversario de las primeras elecciones democráticas que ganó Nelson Mandela en 1994, muchos celebraron el resultado de las elecciones generales como muestra de la prosperidad democrática del país.
A pesar de conservar el apoyo de la mayoría negra, el ANC ha recibido críticas por la creciente desigualdad, corrupción y brutalidad policial en Sudáfrica, así como la baja calidad de la educación y los servicios públicos, entre otras cuestiones, que en conjunto han generado cada vez más protestas. Millones de sudafricanos siguen sumidos en la pobreza, y el desempleo continúa estando muy extendido.
Igualmente preocupante es la sensación generalizada de que el partido que supervisó la creación de la pionera Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) ha incumplido sus compromisos con los sudafricanos: no se ha otorgado un nivel de reparaciones a la altura de lo que fue recomendado; se ha ignorado el impuesto a la riqueza—cuya finalidad era redistribuir parte de los recursos de los más ricos—; y no se ha enjuiciado a quienes rechazaron la amnistía.
| Alex Boraine, uno de los principales arquitectos de la CVR de Sudáfrica, piensa que el país está tomando un rumbo equivocado. Boraine, quien además es el fundador del ICTJ, defiende abiertamente la necesidad de implementar serias reformas. |
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Los fracasos políticos de Sudáfrica son el tema del nuevo libro de Boraine, What’s Gone Wrong? South Africa on the Brink of Failed Statehood (¿Qué salió mal? Sudáfrica al borde del Estado fallido). A través de sus recuerdos de la transición y del análisis de la situación política actual, el libro de Boraine examina cómo Sudáfrica se ha alejado tanto de los primeros años de aparente unidad y prosperidad tras la caída del régimen del apartheid.
“Quise centrarme en las instituciones y sus fracasos”, explica Boraine. “Si bien han pasado 20 años, yo diría que la reforma institucional aún debe formar parte del compromiso de quienes creen en la democracia constitucional”.
Lidiar con las consecuencias de la violencia del apartheid
En 1995, el Parlamento sudafricano ordenó el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). El informe final de la CVR, publicado en 1998, incluyó el testimonio de más de 22.000 víctimas y testigos, más de 2.000 de los cuales testificaron en audiencias públicas.
Las recomendaciones de la CVR abarcaban todos los aspectos de la vida, incluida la necesidad de abordar la brecha entre ricos y pobres, proporcionar apoyo integral a las víctimas y buscar la justicia en los casos que lo ameriten.
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Los comisionados recomendaron que el nuevo gobierno formara un comité de miembros del gabinete para analizar las recomendaciones, pero esto nunca se llevó adelante. |
Lamentablemente, la mayoría de los esfuerzos por lograr que los autores de los crímenes cometidos durante el apartheid rindan cuentas han fracasado, y muchos sudafricanos aún no han recibido reparaciones por los daños que sufrieron.
“La comunidad internacional realmente no es consciente de hasta qué punto el Gobierno sudafricano ha incumplido con sus compromisos en el marco de la CVR”, dice Howard Varney, asesor sénior del ICTJ en Sudáfrica.
A pesar del firme apoyo de Mandela a la CVR, la mayoría del gabinete apoyó la opinión del vicepresidente Thabo Mbeki de que el informe final de la comisión no diferenciaba lo suficiente entre la violencia de Estado y las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de liberación, y no se dio a las recomendaciones de la comisión la prioridad que merecían.
Según Boraine, las recomendaciones de la CVR sobre reparaciones fueron las que peor se manejaron.
“Les llevó mucho tiempo, y no aceptaron nuestras recomendaciones sobre el monto que deberían recibir las víctimas”, recuerda. “Las víctimas se sintieron engañadas, sintieron que habían arriesgado mucho al presentarse ante la comisión, y sin embargo esperaron, y esperaron, y algunas murieron esperando”.
Muchas de estas víctimas fueron encuestadas en 1998 para un informe realizado por el Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación y el Grupo de Apoyo Khulumani. El informe sobre la encuesta exponía una serie de críticas a la CVR, incluida la idea de que, para lograr la reconciliación, antes era necesario que se viera que se estaba haciendo justicia.
Varney explica que, si bien todas las víctimas registradas con la CVR recibieron un pago único del Gobierno, las reparaciones no tuvieron en cuenta el grado del daño sufrido ni la magnitud de las adversidades soportadas a consecuencia de las violaciones de los derechos humanos de las víctimas.
“Dado que la lista oficial de la CVR está cerrada, miles de víctimas que hubieran sido consideradas para recibir reparaciones fueron excluidas, y ahora se les niega la reparación”, añade Varney. “Tampoco se ha llevado a cabo una evaluación general de las necesidades de las víctimas”.
"Nuestra alma sigue estando profundamente dolorida"
Se suponía que la CVR de Sudáfrica iba a ser el principio—no el final—de la transición en el país. Sin embargo, señala Boraine, los sudafricanos opinan que se ha perdido el impulso necesario para cumplir con sus objetivos.
Muchas de las personas que participaron directamente en la transición están pidiendo hoy al presidente Jacob Zuma y la ANC que cierren los “asuntos pendientes” de la CVR. Una de ellas es el arzobispo emérito Desmond Tutu, quien en un artículo de opinión publicado en la víspera de las elecciones, advirtió que “cómo lidiamos con la verdad una vez ha sido contada define el éxito del proceso”.
| Boraine mantiene la esperanza de que la próxima generación se haga cargo de fomentar la confianza entre las instituciones del país y sus ciudadanos, y de ayudar a garantizar que se cumplan las recomendaciones de la CVR. |
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“Mi experiencia me ha enseñado que hace falta presionar mucho al Gobierno para que se tome en serio las recomendaciones de la CVR”, dice Boraine.
Hoy en día, los grupos de víctimas están presionando constantemente al gobierno. A principios de mayo, el Grupo de Apoyo Khulumani (KSG, por sus siglas en inglés), una organización nacional de víctimas y sobrevivientes de graves abusos de los derechos humanos cometidos durante el apartheid que cuenta con más de 90.000 miembros, publicó una carta abierta al presidente Zuma en la que explicaban sus necesidades.
“Escribimos esta carta como ciudadanos aún vivos, capaces de hablar en nombre propio y en nombre de los desaparecidos y asesinados ‘que no tienen voz’”, escribió el KSG. “Nos estamos muriendo en medio de un vergonzoso abandono y sin dignidad”.
Citando la preocupación generalizada por el rumbo que está tomando Sudáfrica y el silencio ensordecedor con el que se sigue encontrando su campaña, el KSG solicitó que se creara un comité asesor representativo para desarrollar políticas para lidiar con aquellos aspectos del pasado que aún no han sido encarados, y que se suspendiera el Fondo Presidencial hasta que se desarrollen este tipo de políticas para abordar los asuntos pendientes de la CVR. El ICTJ endorsó estas recomendaciones.
Tutu cree que el actual gobierno ha dado la espalda a las víctimas del apartheid, y ha calificado los asuntos de la comisión de “escandalosamente pendientes”.
“Nuestra alma aún está profundamente dolorida”, dijo Tutu. “La decisión de no seguir las recomendaciones de la comisión, hizo que el Gobierno no solo pusiera en riesgo los aportes de la comisión al proceso, sino también el propio proceso”.
Lea una entrevista con Howard Varney sobre las víctimas que aún están esperando a la justicia y las reparaciones aquí.
FOTO: simpatizantes del ANC vitorean al presidente Nelson Mandela al paso de su caravana durante la campaña electoral en Durban, Sudáfrica, en 1994.
