Una nueva ley aprobada por el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) concederá la amnistía a cientos de miembros de grupos armados involucrados en las hostilidades, incluidos miembros del temible grupo rebelde M23.
La decisión es el resultado de las negociaciones de paz entre el M23 y el gobierno que comenzaron a finales del año pasado, tras la derrota del grupo armado por las fuerzas armadas congolesas.
El acuerdo de paz, conocido como el Diálogo de Kampala, estableció las condiciones de la amnistía, que perdona los actos de insurrección, guerra y delitos políticos bajo la condición de que los individuos que reúnan los requisitos establecidos se comprometan por escrito a abstenerse de cometer dichos actos en el futuro.
| Cabe señalar, no obstante, que la ley prohíbe expresamente la concesión de amnistía a los responsables de delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la violencia sexual, la tortura o el reclutamiento de niños. Solo prevé la amnistía para los responsables de actos relacionados con la guerra que respeten las leyes y costumbres de la guerra. |
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Asimismo, la ley no interrumpirá los procesos civiles o de reparaciones relacionados con los delitos cometidos y amparados por la ley.
La ley de amnistía abarca los actos de insurrección, pero solo aquellos actos de violencia colectiva cuyo objeto sea rebelarse contra la autoridad para expresar una denuncia o insatisfacción. El perdón de delitos políticos se limita a los actos contra autoridades públicas, manejo o administración territorial ilícita con fines políticos, así como escritos, imágenes y declaraciones que inciten a la rebelión contra la autoridad pública.
“El ICTJ se suma a la sociedad civil congolesa y las organizaciones internacionales de derechos humanos en celebrar la decisión de restringir la amnistía a crímenes de bajo nivel”, dijo Sofia Candeias, asociada sénior del programa de Justicia Penal del ICTJ. “No obstante, si no se presta igual atención a la judicialización de los delitos graves, la amnistía solo servirá para formalizar la persistente y generalizada impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto”.
Las Naciones Unidas han elogiado la ley por demostrar el compromiso de la RDC de implementar la Declaración de Nairobi, el acuerdo mediante el cual se puso fin a la rebelión del M23, y señalaron que el acuerdo está dentro del Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la RDC y la Región (PSCF, por sus siglas en inglés).
“Al restringir la nueva ley de amnistía a ciertos delitos, la RDC envía una señal clara de que reconoce su obligación, según el derecho internacional, de no conceder amnistías por delitos graves”, explicó la directora adjunta de Programas, Anna Myriam Roccatello. “Si bien esta ley ayudará a reintegrar a los ex combatientes en la sociedad, no debemos olvidar que las víctimas de crímenes atroces aún siguen esperando que los responsables rindan cuentas. Los esfuerzos de la RDC por consolidar la paz fracasarán si se ignoran los reclamos de justicia de los sobrevivientes”.
Una lenta andadura hacia la justicia
Entre agosto de 1998 y abril de 2007, unos 5,4 millones de personas fueron asesinadas en sucesivas guerras en la RDC. Si bien en 2002 se firmó un acuerdo de paz que oficialmente puso fin al enfrentamiento, los altísimos niveles de desempleo, las disputas por tierras, las tensiones interétnicas y la abundante riqueza mineral del país continúan avivando el conflicto en toda la región.
Tanto las fuerzas del Estado como los grupos paramilitares nacionales y extranjeros han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil, entre otras asesinatos, abusos sexuales, trabajo forzado, desplazamiento forzado, y el reclutamiento de niños. Al margen de ciertas excepciones notables—como la condena del señor de la guerra Thomas Lubanga Dyilo por la Corte Penal Internacional—la mayoría de los responsables de crímenes graves han gozado de impunidad.
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El mes pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la RDC publicó la lista de los primeros beneficiarios de la ley de amnistía aprobada en febrero de 2014 por el presidente Kabila. Hasta la fecha, se han anunciado un total de 271 beneficiarios de la ley. Entre ellos se encuentra René Abandi, quien encabezó la delegación del M23 en las negociaciones del año pasado. |
En 2012, el grupo rebelde militar Movimiento 23 de Marzo (M23) —cuyos miembros anteriormente eran parte del Ejército—organizó una rebelión contra el gobierno de la RDC que causó la muerte y el desplazamiento de muchas personas. Tras la derrota del M23 en 2013, ambas partes se reunieron en el marco del Diálogo de Kampala, que resultó en la disolución de la facción del M23.
Si bien la RDC ratificó el Estatuto de Roma en 2002, y a principios de 2004 derivó la investigación y enjuiciamiento de ciertos delitos a la CPI, el gobierno aún no ha incorporado plenamente el Estatuto de la CPI a su legislación nacional. Una nueva ley aprobada en abril transfirió la competencia sobre los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio de los tribunales militares a los tribunales civiles, pero en la práctica aún no ha sido implementada. Además, esta ley no incorpora definiciones de los delitos internacionales, no prevé la participación de las víctimas y no tiene en cuenta el debido proceso. Es posible que se haga frente a estas deficiencias si finalmente se adoptan los proyectos de ley actualmente en circulación sobre la creación de una cámara especializada y la implementación del Estatuto de Roma.
“Los congoleses no han visto muchos avances con respecto a los delitos internacionales y otras violaciones fuera del alcance de la ley de amnistía de 2014”, dijo Roccattello. “Así como el gobierno ha tomado medidas para perdonar los crímenes de bajo nivel, también nos gustaría ver que se toman medidas igualmente concretas para garantizar que los delitos graves sean juzgados”.
El ICTJ continúa trabajando con actores del Estado y de la sociedad civil para fortalecer la capacidad judicial nacional de la RDC mediante el desarrollo del proyecto de ley sobre la creación de cámaras mixtas especializadas y el proyecto de ley sobre la implementación del Estatuto de Roma, entre otros.
FOTO: El Comandante de la Fuerza de la MONUSCO, Teniente General Carlos Alberto Dos Santos Cruz, y un equipo de observadores militares (MILOBS) durante una misión de observación en el monte Munigi mientras las FARDC lanzan un ataque contra las posiciones rebeldes del M23 en Kanyaruchinya, cerca de Goma, el 15 de julio de 2013. (Sylvain Liechti /MONUSCO)
