Nueve organizaciones internacionales de derechos humanos y grupos legales apoyan la reanudación del juicio en Guatemala contra Efraín Ríos Montt, ex dictador militar, por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad. El juicio está entrando ya en su fase conclusiva con los alegatos finales por parte del Ministerio Público y los representantes de las víctimas, ayer y hoy.
El juicio contra Ríos Montt, el general ya retirado que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, se abrió en la Ciudad de Guatemala el 19 de marzo de 2013. Juntamente con Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia durante el mismo periodo, Ríos Montt está acusado de atrocidades cometidas contra miembros de la comunidad maya ixil durante esos años.
“Los defensores de la justicia internacional están siguiendo de cerca el juicio contra Ríos Montt, ya que es un modelo de rendición de cuentas”, dijo James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative.
El juicio se paralizó a finales de abril, a causa de varios impedimentos y maniobras legales por parte de la defensa, que podría todavía poner en peligro el fin del juicio. Durante el proceso se han ido incrementado los comentarios beligerantes por parte de los aliados de los dos acusados, llegando a publicar ataques contra los jueces que presiden el juicio, los fiscales y miembros de organizaciones internacionales no gubernamentales.
Cuando se interrumpió por primera vez el juicio, el 19 de abril, el tribunal ya había escuchado los testimonios de muchos sobrevivientes mayas ixiles y familiares de víctimas de los crímenes de los que se les acusa.
Los grupos citados a continuación piden que se celebre el juicio hasta el final y solicitan a todos los implicados que mantengan su compromiso con el debido proceso, que respeten los derechos tanto de los acusados como de las víctimas, a la vez que apoyen la justicia y el Estado de derecho en Guatemala:
La Open Society Justice Initiative, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el Center for Justice and Accountability, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Due Process of Law Foundation, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), Rights International Spain y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Los grupos han expresado su preocupación por el uso que la defensa ha hecho de tácticas que aparentemente no tienen otra intención de retrasar el proceso. Solicitan a la Corte de Constitucionalidad que limite los impedimentos legales que retrasan y obstruyen el proceso y que perpetúan la impunidad.
Los abogados de la defensa han interpuesto muchos recursos legales en el año que ha transcurrido entre la imputación y la apertura del juicio. Ahora que el juicio está en marcha, la defensa ha intentado repetidamente impedir que el juicio se celebre hasta el final, incluyendo la interposición de muchos más recursos durante las últimas semanas –que ahora están siendo analizadas por diversos tribunales y que llevan a más interrupciones y suspensiones del juicio. El equipo de la defensa, en su totalidad, abandonó la sala del juicio el 18 de abril, en contra de lo ordenado por los jueces.
Los recursos legales juegan un papel esencial –en este juicio y en cualquier otro– a la hora de proteger los derechos de los acusados, las víctimas y otros. Sin embargo, el derecho internacional prohíbe el uso de dilaciones procesales que impidan el debido proceso y dañen la protección de derechos de las víctimas y la sociedad, incluyendo el derecho de las víctimas a la reparación efectiva.
En al menos dos casos contra Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha criticado el “uso abusivo de recursos de amparo como prácticas dilatorias” para retrasar los procesos judiciales de derechos humanos. El derecho internacional requiere la intervención judicial para asegurar que no se están produciendo retrasos indebidos y obstrucciones que llevan a la impunidad.
“Los retrasos y obstrucciones menoscaban los derechos de las víctimas a la justicia”, dijo Marcia Aguiluz, directora del programa de América Central y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional.
Cerca de 100 testimonios, incluyendo a sobrevivientes de masacres y familiares de víctimas, han testificado sobre masacres y otras atrocidades que padecieron, como desplazamiento forzado, violaciones sexuales, torturas, asimilación forzada y reeducación. Expertos forenses, militares y de otros ámbitos también han testificado.
Esta es la primera vez que un ex jefe de Estado es juzgado por genocidio en tribunales nacionales, en lugar de en un tribunal internacional. El caso incluye masacres y otras violaciones cometidas hace más de 30 años. De hecho, este caso fue presentado por primera vez ante los juzgados hace 12 años.
“Lo que está en juego no es solamente este juicio, sino la credibilidad del sistema judicial de Guatemala”, dijo Marcie Mersky, directora programática del Centro Internacional para la Justicia Transicional. “Este caso está poniendo a prueba si se pueden enjuiciar crímenes internacionales en tribunales nacionales”.
Pueden encontrar más información sobre el juicio en la página web de seguimiento del proceso: www.es.riosmontt-trial.org. La página está dirigida por Open Society Justice Initiative (OSJI), en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el National Security Archive (NSA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Plaza Pública. La página proporciona resúmenes expertos y análisis de lo sucedido dentro y fuera de la sala.
FOTO: Ríos Montt en la Sala A del Tribunal de Alto Riesgo de Guatemala el 8 de mayo de 2013. Sandra Sebastian para Plaza Pública.
