Cuando se trata de llevar ante la justicia a autores de crímenes masivos, únicamente se debería recurrir a los tribunales internacionales en última instancia. Para poder instaurar el Estado de derecho hace falta que cada país desarrolle la capacidad de juzgar a los autores de los delitos más graves.
El 25 y el 26 de octubre de 2012 destacados profesionales internacionales del ámbito de la justicia, el Estado de derecho y el desarrollo se reunirán en Greentree Estate, Manhasset, Nueva York, para asistir a la Tercera Conferencia de Greentree sobre Complementariedad. La reunión está dirigida por el ICTJ, cuenta con el apoyo del PNUD y actuarán como anfitriones los Gobiernos de Dinamarca y Sudáfrica.
El objetivo del encuentro es analizar las necesidades y retos a los que se enfrentan los juicios nacionales de crímenes graves en cuatro países: Colombia, Guatemala, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo.
En los próximos meses, el ICTJ irá publicando una serie de artículos y podcasts con análisis en profundidad sobre los procesos nacionales en esos países. Hablaremos con personas directamente implicadas en el fortalecimiento de las capacidades judiciales y sopesaremos los retos y necesidades de esos cuatro contextos transicionales tan distintos.
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Impartiendo justicia en los tribunales nacionales
Cuando se han cometido violaciones masivas de los derechos humanos, no pueden ignorarse las exigencias de rendición de cuentas de una sociedad. Los procesos penales -uno de los principios fundamentales de la justicia transicional- son uno de los métodos más tangibles que tiene un país para demostrar que las "normas" abusivas del pasado eran en realidad crímenes punibles e intolerables.
Cuando los artífices de las atrocidades pierden el poder, los procesos penales presentan potencialidades transformadoras: el juicio, un concepto que muchos pueden comprender, define concretamente los cargos que pesan sobre un acusado. Cuando son justos, los juicios pueden lanzar con fuerza la señal de que nadie está por encima de la ley y, en ocasiones, las condenas pueden tener un enorme efecto disuasorio.
Sin embargo, los actos criminales no surgen en el vacío y, cuando se han cometido delitos graves, la tarea de hacer justicia es increíblemente compleja: en ocasiones los magistrados se ven obligados a contrarrestar intereses políticos de toda índole y, en algunos casos, no pueden contar con que el Estado garantice la seguridad de las investigaciones, la fiscalía o los testigos. En diversas ocasiones, la comunidad internacional ha intervenido cuando las instancias judiciales nacionales no podían juzgar crímenes graves: la ONU constituyó tribunales penales especiales para Ruanda y la antigua Yugoslavia, y tribunales mixtos para los casos de Sierra Leona y Camboya.
En 2002 se constituyó la Corte Penal Internacional (CPI) en calidad de primer tribunal penal permanente internacional, con el mandato de investigar y juzgar a los principales responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. El principio de “complementariedad” que rige la CPI remite a las jurisdicciones nacionales de sus 121 Estados miembros, limitando la participación de ese tribunal a aquellas situaciones en las que el Estado en cuestión sea incapaz de investigar o no esté dispuesto a hacerlo.
En junio de 2010 los Estados parte de la CPI aprobaron una resolución confirmando que tanto la lucha contra la impunidad como el respeto al Estado de derecho exigen que sean los propios Estados los que juzguen los crímenes más graves cometidos en su propio territorio o por sus ciudadanos.
Posteriormente, tres encuentros sobre complementariedad reunieron a profesionales nacionales e internacionales para determinar qué pasos había que dar para fortalecer la capacidad de celebrar juicios nacionales.
Greentree III ahondará en esos avances, centrándose en las experiencias de cuatro países:
Colombia
En Colombia la CPI está realizando análisis preliminares sobre crímenes cometidos durante el conflicto armado. Está en marcha un abanico de iniciativas interconectadas, destinadas a encarar los crímenes masivos cometidos por múltiples grupos. Con el objetivo de poner fin al conflicto armado más longevo del hemisferio occidental, la nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC podría ser el primer paso para determinar cómo se juzgarán los crímenes del pasado.
Guatemala
Guatemala es un Estado parte que intenta llevar ante la justicia a los presuntos autores de crímenes de guerra y de genocidio cometidos en los peores periodos de guerra civil anteriores a la firma del Estatuto de Roma por parte del país. La seguridad de los investigadores y los jueces está gravemente amenazada.
Costa de Marfil
Costa de Marfil no es un Estado parte de la CPI, pero su situación está siendo investigada en virtud de una declaración que remite al Artículo 12(3) y de la posterior autorización de apertura de pesquisas por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. Después de unas polémicas elecciones presidenciales de 2010 se produjo un brutal estallido de violencia y ahora la CPI ha acusado de crímenes contra la humanidad al depuesto presidente Laurent Gbagbo. Se trata del primer ex jefe de Estado que se encuentra bajo custodia de la corte.
República Democrática del Congo
En la RDC, la CPI está llevando a cabo investigaciones y diversas iniciativas nacionales han tenido un éxito dispar. Los procesos conducidos por tribunales itinerantes han suscitado alabanzas y críticas, y, en algunos casos, las víctimas siguen esperando reparaciones concedidas judicialmente.
