Puede que estemos asistiendo al fin del conflicto armado más longevo del hemisferio occidental. El 17 de octubre se iniciaron en Oslo, Noruega, las negociaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que después continuarán en La Habana, Cuba.
Los problemas que se tratarán demuestran el interés de ambas partes en analizar las raíces y causas continuas del conflicto colombiano, como son los aspectos políticos de la propiedad de la tierra y la agricultura, las posibilidades de la participación política de las FARC y el tráfico de drogas.
Durante las últimas cinco décadas los colombianos han soportado sucesivas oleadas de combates entre guerrillas izquierdistas, las fuerzas armadas colombianas y grupos paramilitares de derechas, tradicionales aliados del Estado, que han comportado devastadores ciclos de violencia para la población civil y destrucción de bienes e infraestructuras.
Partiendo de un ideario marxista, la lucha política de los grupos guerrilleros constituidos hace más de cinco décadas aspiraba a la construcción del socialismo, pero con el tiempo se transformó en un brutal combate por el control del territorio y los recursos. La posterior implicación en el conflicto de traficantes de drogas y paramilitares de derechas consolidó un ciclo de violencia al que múltiples intentos de pacificación no han logrado poner fin.
Aunque los contornos políticos y militares del conflicto siguen siendo complejos, es evidente el devastador impacto de la guerra sobre los civiles: cientos de miles de personas han sufrido sistemáticas acciones de violencia indiscriminada como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, agresiones sexuales y desplazamientos forzados. Además, miles de niños han sido reclutados por la guerrilla o grupos paramilitares.
La justicia es clave para una paz duradera
La chispa del proceso de justicia transicional colombiano la prendieron las iniciativas de desmovilización iniciadas en la década de 1990. La fase de desmovilización más reciente se produjo entre 2003 y 2006, cuando el Gobierno constató la de más de 30.000 paramilitares de derechas a consecuencia del pacto político puesto en marcha por el expresidente Álvaro Uribe.
La Ley de Justicia y Paz (2005) contemplaba la constitución de tribunales penales especiales para juzgar a combatientes desmovilizados y que estos tendrían sentencias máximas de ocho años si cumplían requisitos como la confesión de sus crímenes y el abono de indemnización a las víctimas. Las organizaciones de la sociedad civil fueron las que más se opusieron a un aspecto del proceso, que permitía a los autores de crímenes graves acceder a sentencias indulgentes a cambio de confesar, y algunas asociaciones civiles tomaron medidas legales para declarar inconstitucional la ley.
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La desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 no significó el fin de la violencia para los colombianos: algunos de esos grupos se han reorganizado, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también izquierdista, siguen activos, e igualmente grupos criminales o neoparamilitares, conocidos como “bacrims”, compuestos principalmente por ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o por guerrilleros desmovilizados. |
Las negociaciones de paz se enfrentarán al reto de abordar el papel de las instancias judiciales durante la transición, sobre todo en relación con los líderes principales de las FARC, que probablemente aspiren a tener una participación política en el futuro. El Marco Jurídico para la Paz, aprobado en junio de 2012, proporciona al Congreso la posibilidad de aprobar otras leyes posteriores, entre ellas las destinadas a redefinir en qué condiciones podrán los antiguos insurgentes acceder a la esfera política.
Esa ley incorpora cláusulas que contemplan la priorización y selección de casos penales para su investigación y juzgamiento, contemplando, entre otras cosas medidas, la creación de una comisión de la verdad. Se espera que esta reforma ayude en parte a proporcionar el marco legal necesario para llegar a un acuerdo de paz con las FARC.
Para poder alcanzar una paz completa y duradera en Colombia, además de la cuestión de las FARC habrá que abordar otras, entre ellas la presencia del ELN, la violencia ocasionada por diversas organizaciones ilegales armadas que defienden intereses de los narcotraficantes, la constante influencia ideológica de la extrema derecha y de grupos armados afines, y las acciones de otras bandas criminales.
Hasta el momento, diversas iniciativas de paz y justicia han demostrado que sin un enfoque global no se podrá romper el ciclo de abusos registrado en Colombia. Una forma integral de plantear la justicia debería abordar tales acciones fortaleciendo el Estado de derecho y la confianza ciudadana. Ese enfoque podría servirse de una amplia gama de medidas de justicia, entre ellas la asunción de responsabilidades penales, el esclarecimiento de la verdad, las reparaciones y la reforma institucional.
Por otra parte, para que un proceso duradero represente la consolidación de la democracia colombiana será preciso poner realmente en evidencia la corrupción del Estado.
El proceso de desmovilización paramilitar ha sido clave para demostrar hasta qué punto el Gobierno y el Estado de derecho colombianos han sido víctimas del conflicto. El movimiento paramilitar se convirtió en un fenómeno sociopolítico que apoyaron activamente e integraron líderes empresariales y políticos. En el escándalo de la "parapolítica" cientos de políticos han sido acusados de participación directa en los crímenes de los paramilitares.
| También está el problema de los "falsos positivos", la práctica por parte del Ejército de asesinar a civiles o prisioneros para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Parece que miles de personas fueron asesinadas por las fuerzas armadas a cambio de compensaciones monetarias y más permisos. |
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El mantenimiento de la paz dependerá en gran medida de la fe que los ciudadanos tengan en la capacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales y proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo económico del conjunto de la población. Las conversaciones de paz también constituyen una oportunidad de arrojar nueva luz sobre la naturaleza de los crímenes y la magnitud de su influencia sobre la sociedad colombiana. Los procesos de esclarecimiento de la verdad no sólo podrían proporcionar un espacio de expresión para las víctimas, sino que también podrían servir para identificar y evaluar las responsabilidades de los múltiples actores implicados en el conflicto, incluyendo las del propio Estado colombiano.
Las FARC, una guerrilla campesina
Las FARC nacieron en 1964, tras décadas de violencia en Colombia por el enfrentamiento político armado entre liberales y conservadores que habían tenido su origen en 1946 y se habían agudizado a partir del 9 de abril de 1948. En esta época proliferaron los grupos insurgentes en el país que, según el experto en conflictos Vicenç Fisas, buscaron en la lucha armada una manera de enfrentar “la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición”.
Desde su origen, este movimiento guerrillero ha estado conformado principalmente por campesinos y colonos, familias que, ante la falta de oportunidades, han llegado a establecer su vida en zonas inhóspitas, alejadas del centro del país. Sus más importantes asentamientos están ubicados en las zonas andinas de montaña y las selvas de la amazonia, al sur del país, aunque también han tenido presencia amplia en todas las regiones de Colombia.
La población civil ha sufrido a menudo el fragor de las acciones armadas entre las FARC y el Ejército Nacional. También ha sido víctima del secuestro, la extorsión, los campos minados, el reclutamiento ilícito, entre otras formas de violencia cometidas por las FARC. En algunas partes del territorio esta agrupación ha impuesto restricciones que limitan la libertad y los derechos de expresión y desplazamiento de sus habitantes.
El proceso de diálogo iniciado este mes entre el Gobierno y las FARC-EP (denominación que adopta desde 1983) es el cuarto intento formal por dar una solución política negociada al conflicto desde los años 80. El primero fue promovido por el presidente Belisario Betancur y llevó a un alto el fuego a partir de 1984.
1984: El alto el fuego de Betancur
Al cumplir tres años del cese del fuego acordado con el gobierno de Betancur, en 1987, diversos grupos insurgentes – el M-19, parte del EPL, el ELN, el PRT, el Quintín Lame y las FARC-EP- conforman la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, y se sientan a negociar en forma articulada con el Gobierno en el campamento de las FARC-EP, en el municipio de La Uribe, Meta. La tregua con las FARC-EP, sin embargo, se rompe en 1987 y provoca un recrudecimiento de la guerra. Poco tiempo después, en procesos de diálogo particulares durante el final del gobierno de Virgilio Barco y el inicio del gobierno de César Gaviria, se firman acuerdos definitivos de paz con el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame.
1991: Los diálogos de Caracas y Tlaxcala
Los diálogos entre el Gobierno y las FARC se retoman entre 1991 y 1992, con los encuentros de Tlaxcala y Caracas entre el gobierno nacional y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de la que entonces formaban parte las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Estos encuentros duraron un año y se rompieron por falta de acuerdos y por la muerte en cautiverio del ex ministro Argelino Durán, quien había sido secuestrado por el EPL.
1998: Los diálogos del Caguán
En 1997, durante las elecciones presidenciales, 10 millones de colombianos fueron a las urnas y agregaron una papeleta a su voto que decía “Sí” al Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad. El voto masivo por la paz se convirtió en un compromiso para los candidatos presidenciales del momento. El presidente electo, Andrés Pastrana, dio inicio a los diálogos con las FARC-EP en la región del Caguán.
Para ello, creó una zona de distensión que abarcaba cinco municipios, de los cuales el Estado retiró sus instituciones y Fuerza Pública. Allí se realizaron los encuentros entre el Gobierno y miembros del secretariado de las FARC, con amplia participación de la sociedad civil y la comunidad internacional. El equipo negociador por parte del gobierno contó con representantes del sector privado, la Iglesia y diferentes partidos políticos, que enfocaron sus esfuerzos en la creación de una Mesa Nacional de Diálogo y Negociación. Los negociadores firmaron un primer acuerdo sustantivo, que se convirtió en la primera agenda concreta de negociación.
Pero después de muchos intentos y cambios en la delegación del Gobierno, en 2002 se levantó la mesa de negociación y se puso fin al despeje militar e institucional de la zona. Analistas consideran que algunas de las situaciones que condujeron al fracaso de estos diálogos fueron: una agenda de temas demasiado amplia, la falta de claridad en torno a la verificación del despeje y la diferencia en la postura del Gobierno y de las FARC-EP frente al orden de discusión de los temas –mientras el Gobierno pretendía que la desmovilización del grupo armado fuera el primer punto, para las FARC ésa era la meta, después de lograr acuerdos en los temas estructurales del país.
¿A la cuarta va la vencida?
Tras el fracaso de los diálogos del Caguán, gran parte de la opinión pública en Colombia perdió la confianza en la salida negociada del conflicto y durante 10 años el Estado se concentró en resolverlo por la vía militar. El presidente Álvaro Uribe negó la existencia de un conflicto armado y dio a la guerrilla tratamiento de terroristas. A su vez, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos incluyeron a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas en 2001. Asimismo, se fortaleció la Fuerza Pública, que desde 2002 ha reducido el campo de acción de las FARC-EP y les ha dado fuertes golpes, como la muerte de varios de sus comandantes, entre ellos su principal líder, Alfonso Cano, en 2011.
Al llegar Juan Manuel Santos a la presidencia en 2010, el discurso de la paz empezó a cambiar. El presidente afirmó que “la puerta del diálogo no está cerrada con llave”, y las FARC-EP expresaron su disposición a conversar con el nuevo Gobierno sobre cinco puntos: las bases militares de Estados Unidos, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la tierra, el régimen político y el modelo económico.
Durante la administración de Santos se han dado varios pasos que, sin duda, allanan el camino hacia los diálogos, como la aprobación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, y la reforma constitucional de justicia transicional, conocida como Marco jurídico para la paz.
Aquí puede leer una entrevista reciente a la directora del programa ICTJ Colombia.
Foto: Por Jenny Fonseca
