Manifestantes y abogados tunecinos gritan consignas ante el ministerio de Interior en la avenida Habib Bourguiba, Túnez, tras el discurso a la nación del presidente Zine El Abidine Ben Ali'sel 14 de enero de 2011. FETHI BELAID/AFP/Getty Images
Por David Tolbert, presidente del ICTJ
Cuando el vendedor ambulante tunecino de 26 años Mohamed Bouazizi se incineró el 17 de diciembre de 2010, su acción tuvo resonancia a lo largo de toda una región y desató lo que se conoce como la Primavera Árabe. Su grito hizo eco en todo el mundo, pues se trataba de una petición universal por la justicia, la equidad y el trato equitativo. En efecto, fue una petición en favor del Estado de derecho.
Casi dos años después, la Organización de Naciones Unidas tiene una oportunidad única para atender esa petición durante una reunión de alto nivel sobre el Estado de derecho que celebrará la Asamblea General de la ONU en septiembre. Los Estados miembros de la ONU están en condiciones de tener una discusión seria sobre cómo fomentar el Estado de derecho a través de la creación de herramientas y foros donde se puedan asumir compromisos verdaderos. En un contexto de parálisis en el Consejo de Seguridad de la ONU ante el baño de sangre en Siria y las transiciones políticas en el Oriente Próximo y en otros lugares, pocos temas son más apremiantes para la comunidad internacional.
Si bien el escepticismo popular nos indicaría que nada sería menos útil que una consulta interna en la ONU, estos debates pueden tener un impacto que va mucho más allá de la cámara de la Asamblea General. Algunas resoluciones que han sido producto de estos debates han preparado el terreno para acontecimientos innovadores con respecto a temas globales como el medioambiente, el trabajo infantil, la discriminación racial y asuntos de justicia. Además, los resultados de estas reuniones pueden tener un impacto irreversible en los años venideros: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General en 1948, sigue transformando el derecho y las costumbres del siglo 21 en todo el mundo.
Sin embargo, el historial de la ONU en materia del Estado de derecho no es precisamente sobresaliente, y se necesitan con urgencia acciones contundentes en muchos países. En casi todos los continentes, vemos gobiernos represivos o conflictos violentos con muchísimas víctimas e indecibles sufrimientos. Mientras el mundo observa cómo Siria arde en llamas, las peticiones para que la ONU actúe poco han logrado motivar a un Consejo de Seguridad polarizado. En vista del estancamiento del Consejo, lo cual resultó en la renuncia de Kofi Annan y el resquebrajamiento de sus labores de conciliación en Siria, la Asamblea General tiene una oportunidad única para cobrar una mayor relevancia. Para que el compromiso de la ONU con los derechos humanos y la justicia no se quede en el discurso, el Estado de derecho tiene que ser uno de los elementos centrales del trabajo de la ONU.
Las décadas recientes han demostrado que se puede establecer el Estado de derecho afrontando un pasado represivo o violento mediante el esclarecimiento de la verdad sobre los abusos, la responsabilidad penal de los máximos responsables de los crímenes masivos, la reparación de las víctimas y la reforma de instituciones claves, como la policía y las fuerzas de seguridad. En conjunto, estas medidas se suelen catalogar como justicia transicional, y establecen los cimientos para hacer frente a un pasado de abusos y trazar un camino hacia un futuro más pacífico.
| La ONU ha reconocido la importancia de las medidas de justicia transicional en su discurso, y, en menor grado, en la práctica. Ha manifestado este reconocimiento a través de la creación de tribunales internacionales e híbridos (como aquellos para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona), el apoyo a las comisiones de la verdad y las conmemoraciones, el respaldo a los programas de reparaciones y la depuración de las estructuras policiales y militares. Ha tomado medidas para reconocer a los más vulnerables ante la violencia y los abusos – los niños, las mujeres, los pueblos indígenas y otras minorías– y ponerle especial atención a sus necesidades. A través de la aplicación de estas medidas, países en todas partes del mundo han comenzado a avanzar hacia un futuro más pacífico y alentador. |
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A fin de tratar de cumplir el deseo universal de justicia y el Estado de derecho, el próximo debate de la Asamblea General debe preguntarse cómo podrá la ONU cumplir sus promesas de forma más concreta, y cómo podrá acabar con las barreras de comunicación internas que le impiden abordar de forma eficaz estos asuntos de gran trascendencia. También debe preguntarse cómo podrán las instituciones claves de la ONU, incluyendo la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, mejorar sus respuestas ante situaciones de deterioro del Estado de derecho. Estos asuntos merecen ser objeto de serios debates, reflexión y acción.
Si bien hay bastantes motivos de preocupación en el Oriente Próximo, se han logrado avances reales a lo largo de los últimos 18 meses: se celebraron elecciones fiables en Libia; está en curso una transición auténtica en Túnez (con un verdadero héroe de los derechos humanos como presidente); y a lo largo de la región crece una sociedad civil robusta que aboga por la justicia y las reformas. Falta mucho por hacer, pero la Primavera Árabe nos demuestra que no se pueden menospreciar las demandas por obtener la justicia y el Estado de derecho. Es hora de que la Asamblea General de la ONU demuestre su compromiso con el Estado de derecho a través de medidas concretas e integrales. Es lo mínimo que merecen las personas como Mohammed Bouazizi.
Artículo publicado previamente en inglés en Al Jazeera.
