Colombia lleva más de cuatro décadas enfrentando un complejo conflicto que ha causado cerca de 400.000 víctimas registradas y más de tres millones de desplazados.
Inestabilidad y “autodefensa”
A menudo se considera que el origen del conflicto moderno colombiano se sitúa en 1948, cuando el asesinato en público del político Joge Eliécer Gaitán derivó en una década de violencia generalizada. El periodo, conocido como “La Violencia”, terminó con la negociación del Frente Nacional para compartir el poder con partidos conservadores y progresistas.
Los grupos guerrilleros de ideología comunista crecieron entre 1962 y 1964, como respuesta a las reformas de propiedad de tierras que desplazaron a mucha gente de poblaciones rurales. En las décadas de los 80 y los 90, algunas de estas guerrillas se desmovilizaron por medio de negociaciones que ofrecían amnistías por los crímenes cometidos y la reintegración a la vida civil y política.
Las dos guerrillas principales que no se desmovilizaron y que actualmente siguen luchando contra el gobierno son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Los grupos paramilitares armados de extrema derecha surgieron como unidades locales de “autodefensa”, creadas por los propietarios de tierras y negocios supuestamente para proteger sus intereses frente a la inestabilidad social y las amenazas de los grupos guerrilleros. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se establecieron formalmente en 1997, como un intento de aglutinar a 18 grupos en una única estructura de mando. Algunos de los peores crímenes sufridos por la sociedad civil fueron cometidos por los paramilitares. |
Gran parte de la violencia perpetrada por los paramilitares y las guerrillas se cometía contra civiles, en lugar de contra bandas rivales. Los tipos de violencia cometidos incluyen desplazamiento forzado, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, abusos sexuales y el reclutamiento de menores.
Al ya de por si complejo contexto hay que añadir el creciente papel de Colombia como centro neurálgico del tráfico de drogas y las bandas que lo controlan, cuya lealtad a los partidos políticos involucrados ha ido cambiando a lo largo del conflicto.
Los intereses por controlar el crimen organizado han calentado todavía más la lucha por la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el poder político.
La Ley de Justicia y Paz en crisis: Persiguiendo a los máximos responsables
Varios gobiernos han intentado desarmar y desmovilizar a los paramilitares, con poco éxito. Las estructuras de poder, las relaciones y las redes criminales se extendieron mucho más allá de las filas armadas, llegando a alcanzar a actores muy poderosos en los sectores políticos y económicos, que en muy pocas ocasiones han sido afectados por las desmovilizaciones o las medidas de justicia transicional. El aparato criminal –político, militar y económico– que ha respaldado las acciones paramilitares durante décadas sigue en gran parte intacto.
La Ley de Justicia y Paz fue aprobada en 2005. Se trata de un mecanismo especial de justicia penal centrado en la confesión que permite a los ex paramilitares conseguir reducciones de penas a cambio de develar toda la verdad sobre los crímenes cometidos contra personas y propiedades.
La ley de Justicia y Paz representa una oportunidad sin precedentes de desmantelar a los grupos paramilitares, asegurar la no repetición de sus terribles crímenes y restaurar la confianza en un estado democrático gobernado por el Estado de derecho.
De todas formas, la ley parece estar en crisis. En la actualidad, la lista presentada por el gobierno a la justicia incluye 4.643 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y 506 de grupos subversivos.Sin embargo, se espera que al menos dos mil de estos no participen efectivamente en el proceso de Justicia y Paz. Información de la Fiscalía General de la Nación presentada en junio de 2011 muestra que 1.342 postulados han rechazado la oportunidad de participar en este proceso judicial que ofrece una pena alternativa máxima de ocho años. Otros 1.301 no se han aproximado al sistema judicial a ratificar su interés en participar, y otros tantos ya han fallecido. En consecuencia, se espera contar con alrededor de 2.800 participantes del proceso. De ellos, alrededor de 1.000 ya están detenidos. Hasta el día de hoy se han obtenido solamente siete sentencias, con 11 personas condenadas. El gobierno calcula que, al ritmo actual, el proceso podría demorarse casi un siglo en terminar.
Además, muchos creen que gran parte de los detenidos actuales son miembros de bajo rango de los grupos paramilitares desmovilizados. No parece que planearan u ordenaran los crímenes, o que cometieran crímenes de tal gravedad como para considerarlos máximos responsables.
Selección y priorización de casos: análisis de Paul Seils
Resulta cada vez más obvio que el proceso de Justicia y Paz necesita ser renovado si se quieren conseguir los objetivos de sentenciar a los perpetradores de los crímenes, a la vez que se devele la verdad sobre aquellos que ordenaron, instigaron, respaldaron o sacaron provecho de ellos. Un elemento crucial en la reforma serán los criterios de selección y priorización de los casos para asegurar que el proceso sea efectivo, que los máximos responsables sean juzgados.
El vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, explora en este análisis los conceptos de priorización y selección de casos, expone ejemplos de tribunales que han seguido los criterios de selección y analiza en profundidad el caso colombiano. Puede descargar el documento aquí.
Foto: Audiencia del proceso de Justicia y Paz en el Tribunal de Bogotá. Por Astrid Elena Villegas.
