La Conferencia nacional para iniciar el diálogo sobre justicia transicional en Túnez se celebró el 14 de abril en la capital del país, iniciando así un proceso que debería llevar a la aprobación de una ley de justicia transicional integral por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.
La conferencia, organizada por el ministro tunecino de Derechos Humanos y Justicia Transicional, reunió a los más altos gobernantes, representantes de asociaciones de víctimas y de la sociedad civil, miembros de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. El encuentro es un paso más de Túnez en su esfuerzo por rendir cuentas con los abusos cometidos por el régimen anterior. Previamente, el Ministerio mantuvo varias reuniones con representantes de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas.
En Túnez se han llevado a cabo otras iniciativas importantes, como la creación de una Comisión de Investigación para violaciones de los derechos humanos durante la revolución –cuyo informe pronto estará listo– y la Comisión nacional de Búsqueda de Pruebas sobre Malversación y Corrupción, que terminó su informe en noviembre y ha sido reemplazada por un organismo permanente encargado de luchar contra la corrupción.
La sociedad civil tunecina también ha sido especialmente activa en temas de justicia transicional. Se han creado diversas organizaciones civiles y de víctimas para plantear estrategias sobre cómo hacer frente a las violaciones del pasado. Muchos de ellos ya han desarrollado propuestas que han hecho llegar al Ministro de Derechos Humanos y Justicia Transicional y a la Asamblea Nacional Constituyente.
“Los tunecinos esperan resultados tangibles; no pueden esperar indefinidamente. Las heridas del pasado deben sanarse. Creemos en la justicia transicional y no en una justicia vengativa”, dijo el presidente Moncef Marzouki en la apertura de la conferencia.
Mustafá Ben Jaafar, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que existe el marco legal para una ley que defina “las áreas de intervención de la justicia transicional en Túnez”. El primer ministro, Hamadi Jebali, subrayó que el objetivo de las medidas de justicia transicional debería ser romper con todos los tipos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante las últimas décadas.
“Esta no es una responsabilidad única del Estado, sino colectiva, un motivo de preocupación nacional para todos los tunecinos”, dijo Jebali.
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En su discurso de apertura, el presidente del ICTJ, David Tolbert, destacó el progreso de Túnez con respecto a la rendición de cuentas con el pasado desde la revolución y agradeció la invitación para que el ICTJ participe en el proceso. Tolbert hizo hincapié en la necesidad de un proceso participativo y que incluya a todo el mundo, desde el Gobierno a los grupos de la sociedad civil, especialmente a aquellos que han sido victimizados o marginados históricamente. |
Tolbert destacó la importancia de los numerosos retos que le esperan a Túnez ahora que empieza a trabajar de lleno en una ley sobre justicia transicional e hizo énfasis en las lecciones aprendidas en otros países en ámbitos como la justicia penal, la búsqueda de la verdad, las reparaciones o la justicia de género.
“Túnez desarrollará su propio modelo de justicia transicional teniendo en cuenta su situación única. El ICTJ está preparado para seguir ofreciendo ayuda cuando se necesite. Túnez encendió la chispa de lo que después se convirtió en la Primavera Árabe y ahora tiene la posibilidad de abrir camino y convertirse en un modelo a seguir en justicia transicional para los demás países de la región y del mundo”, concluyó Tolbert.
El ICTJ ha estado trabajando en Túnez desde febrero de 2011, tanto con el Gobierno como con la sociedad civil. En su última visita, la delegación del ICTJ se reunió con el presidente Marzouki y con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, los ministros de Derechos Humanos y Justicia Transicional y de Justicia, y grupos de la sociedad civil. El ICTJ continuará apoyando a todos los actores relevantes en Túnez en su esfuerzo por desarrollar leyes y estrategias sobre justicia transicional.
