El pasado 16 de diciembre culminó en Colombia el primer incidente de reparación judicial por reclutamiento ilícito de menores que se realiza en el mundo. 309 víctimas de este delito recibirán medidas que incluyen indemnización, asistencia médica y psicológica.
Alrededor de 120 de estos jóvenes desmovilizados del bloque paramilitar Élmer Cárdenas, que operó en el norte del país, asistieron a las audiencias de reparación del proceso contra quien fuera su jefe en el grupo armado, Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, para reclamar reparación por haberlos reclutado ilegalmente siendo menores de edad.
Hoy, seis años después de su desmovilización, ya tienen la mayoría de edad y su vida truncada por las afectaciones derivadas de la pertenencia al grupo armado ilegal. “Las comunidades los rechazan y los discriminan. A ellos les tienen miedo, y ellos también tienen miedo”, dice Elizabeth Díaz, representante de las víctimas.
En el proceso judicial a Fredy Rendón se estableció que 309 menores de municipios como Riosucio, Unguía, Mutatá y Dabeiba, ubicados en la región de Urabá, habían sido reclutados de forma ilegal por el bloque paramilitar.
“Ingresé a los 16 años… ya la vida no es igual porque hay un rechazo de la sociedad”, dijo un joven durante la audiencia. “Ingresé porque me iban a dar mucha plata”, afirmó otro. “Cuando me fui a las Autodefensas mi mamá tuvo que salir del pueblo”. “Tuve un accidente que me dejó con una herida en la cabeza, perdí los dos tímpanos”, fueron algunos de los testimonios expuestos. Durante el proceso judicial, el reclutamiento de niños y niñas en este bloque fue identificado como una práctica masiva y sistemática. Después de ser admitidos en el grupo armado, eran llevados a diversas escuelas de entrenamiento y formados en el uso de armas y tareas de inteligencia.
“Ingresé a los 16 años… ya la vida no es igual porque hay un rechazo de la sociedad”. |
Por la exigencia desmedida del trabajo, que incluía cargas de peso excesivas, algunos de ellos sufrieron hernias y otros desplazamiento de los huesos. En muchos casos los comandantes destinaban las labores de mayor riesgo a los menores recién llegados, como ir al frente de batalla, para no sacrificar a los miembros de mayor trayectoria. |
“Cuando un menor ingresa a un grupo armado, lo primero que pierde es el derecho a la identidad, a una familia, a tener vínculos con ellos; se le viola su derecho a la lúdica, a la educación y a la protección social”, afirmó la antropóloga Rocío Rubio Serrano ante el tribunal.
Al indagar sobre sus expectativas de reparación, varios jóvenes manifestaron que se sentirían reparados con acceso al estudio y a oportunidades de trabajo. Reclamaron ayuda para superar el rechazo social, que les impide conseguir empleo, así como reparación económica y atención psicológica.
“Las medidas de reparación para estos jóvenes deben reconocer su condición de víctimas. Deben esclarecer y difundir el contexto y la dinámica del reclutamiento como un grave crimen que debe ser repudiado. Al mismo tiempo, deberían procurar remediar los efectos sobre la pérdida de la niñez y, en algún grado, las oportunidades que se pierden con ello. También, tomar en cuenta el acumulado institucional pre existente en materia de protección de la infancia y reincorporación de personas que han estado vinculadas a grupos armados al margen de la ley. Por último, deben considerar los efectos diferenciados del reclutamiento sobre las niñas y sobre las comunidades de origen de las víctimas”, afirma Carlos Lozano Acosta, de ICTJ Colombia.
"Las medidas de reparación deberían procurar remediar los efectos sobre la pérdida de la niñez y, en algún grado, las oportunidades que se pierden con ello" |
La sentencia emitida tras este incidente de reparación, en el marco del proceso de Justicia y Paz –creado para judicializar a los grupos paramilitares desmovilizados– establece que “el proceso de reparación debe estar orientado a que el menor intente rehacer sus redes, lazos y vínculos personales, familiares, comunitarios, sociales y económicos”. Condena a Fredy Rendón a una indemnización de alrededor de 15 salarios mínimos |
a cada uno de los jóvenes, siendo mayor la de quienes fueron reclutados a más temprana edad, y una indemnización adicional para las niñas, “ya que estuvieron en situación de potencial agresión o acoso por parte de otros combatientes”. Además, exige la investigación de los delitos de violencia sexual, tratos crueles e inhumanos, tales como lesiones personales por esfuerzos físicos desproporcionados y tortura, entre otros.
En medidas de rehabilitación, establece tratamiento médico y psicológico para los jóvenes que fueron expuestos a múltiples eventos traumáticos de terror o miedo intenso, mediante la creación de un programa de atención psicológica individualizada y continua. Para las familias, un programa de atención psicosocial grupal, “con el fin de sensibilizar y re-significar el paso de los niños y niñas por el grupo armado ilegal y atacar las éticas y modelos de socialización ilegales”, dice la sentencia, que finalmente exhorta al Estado a prevenir el reclutamiento infantil, como una medida de no repetición.
Recientemente, el ICTJ publicó un informe titulado Through a New Lens: A Child-Sensitive Approach to Transitional Justice ["Desde una nueva perspectiva: una forma de abordar la justicia transicional sensible a los niños", disponible solo en inglés], que se centra en la protección y la defensa de los derechos de los niños en países en transición y en cómo tener en cuenta a las consideraciones y experiencias de los niños a través de mecanismos de la justicia transicional. En un capítulo dedicado a los niños y las reparaciones, este informe destaca que Colombia es el único país con un programa administrativo de reparaciones que identifica a los menores como víctimas principales por reclutamiento ilegal.
Through a New Lens se presentará formalmente el 19 de enero en la sede de la ONU en Nueva York.
Foto: Ceremonia de desmobilización de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por Christoph von Toggenburg.
