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ICTJ celebra que el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) hayan logrado acordar una serie de modificaciones en el acuerdo de paz, respondiendo a los resultados del plebiscito celebrado el 2 de octubre, en el que los votos contrarios al acuerdo superaron a los votos a favor.

Cuando se cumplen nueve años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el ICTJ analiza en un nuevo informe hasta qué punto estos procesos judiciales han contribuido a comprender y develar las el complejo fenómeno del paramilitarismo en sus dimensiones militar, económica y política, así como a determinar quiénes son los máximos responsables a través de 10 fallos emitidos en el marco de la Ley 975.

Estados Unidos nunca ha enfrentado colectivamente su historia de colonialismo, esclavitud y racismo en un esfuerzo por reformar los sistemas que perpetúan los daños a las comunidades negras y otros grupos marginados, o para reparar estos errores. Los acontecimientos de los últimos años, sin embargo, han amplificado los llamados a una acción significativa para tener en cuenta el pasado. Dado que la búsqueda de la verdad es parte integral de la investigación de errores pasados, el ICTJ y una coalición de profesionales de varias firmas de abogados han publicado un nuevo informe que examina las experiencias de las comisiones oficiales de la verdad de todo el mundo para identificar consideraciones relevantes para las partes interesadas de EE. UU.

Para hacer un seguimiento desde la sociedad civil al diseño y la implementación de las políticas de reparación colectiva, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), con la asistencia del ICTJ y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, ha creado el Observatorio de Procesos de Reparación Colectiva.

En Venezuela hay hoy un vacío de representatividad y de confianza en los actores políticos partidistas. Sin embargo, esta situación abre una oportunidad para otros actores y otras miradas, hasta el momento demonizadas por ambos extremos. La sociedad civil, con la legitimidad que le otorga su trabajo enfrentando la crisis humanitaria y defendiendo los derechos humanos, puede aprovechar esta oportunidad.

Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, ocurrido el pasado 15 de agosto.