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El caso por genocidio en contra del ex general y jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt ha adquirido recientemente una dimensión internacional. El 6 de noviembre, los abogados de las víctimas presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncia al Estado de Guatemala por la impunidad reinante con respecto a los crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la etnia ixil. La demanda sucede en un momento clave para el proceso, ya que durante los próximos días la Corte de Apelaciones de Guatemala deberá decidir si concede o no la amnistía a Ríos Montt por los crímenes cometidos durante la guerra civil.

Hoy es un día histórico para Guatemala pero también para la justicia transicional. En el Tribunal de Alto Riesgo de Guatemala se ha iniciado hoy el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt. Se trata del primer intento genuino de juzgar este grave crimen en tribunales nacionales, en el país donde los crímenes fueron cometidos. Para hablar sobre este histórico paso de Guatemala en su camino hacia la rendición de cuentas entrevistamos a una de sus protagonistas: la fiscal general de Guatemala, Dra. Claudia Paz y Paz Bailey.

Las transiciones pueden resultar muy largas, y conseguir la rendición de cuentas por crímenes graves y masivos puede tomar muchos años, como es el caso de Guatemala. No fue hasta 2011 que se empezaron a llevar frente a la justicia a los máximos culpables de las matanzas. cometidas durante la guerra civil. Estas acciones tuvieron por fin lugar gracias a la infatigable lucha de las víctimas y sus familiares, y de la colaboración internacional. La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, ha jugado un papel clave en el avance de la rendición de cuentas por crímenes cometidos en el pasado. Durante su asistencia al encuentro sobre complementariedad en Greentree, el ICTJ entrevistó a la fiscal para conocer mejor los retos a los que jueces y fiscales se enfrentan en Guatemala.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine-Wabanaki (CVR), la primera de su especie en Estados Unidos, cumple un año de vida. La CVR es ejemplar porque es fruto de un acuerdo directo entre las naciones indígenas y el estado.

El martes 12 de febrero de 2013, más de 200 personas, entre ellas representantes del ICTJ, se reunieron en el Estado de Maine, en el noreste de los Estados Unidos, para celebrar el acto oficial de constitución de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el Bienestar Infantil en el Estado de Maine Wabanaki. El día de la ceremonia una serie de actuaciones y oraciones dieron oficialmente comienzo a un proceso de tres años durante el cual se indagará en la asimilación forzada de los niños wabanaki a través de los servicios sociales públicos de asistencia a la infancia.

Ahora que se plantea el debate de la creación de un mecanismo de esclarecimiento de la verdad en Colombia, el próximo 22 de julio el ICTJ organiza en Bogotá el foro "Experiencias latinoamericanas de comisiones de la verdad", en la que se compartirán y analizarán lecciones aprendidas de Argentina, Perú, Guatemala y Paraguay.

Con ocasión de la 75a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional según sus declaraciones en el debate abierto del pasado febrero. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros.

En esta columna de opinió, el presidente del ICTJ, David Tolbert, critica que EE UU ha alabado públicamente el Estado de derecho cuando se aplica en otros países, ofreciendo un considerable apoyo monetario y político a las víctimas de torturas de regímenes extranjeros; sin embargo, no ha reconocido ni abordado sus obligaciones para con las víctimas de sus propias prácticas en materia de detención. Para recuperar su credibilidad ante el mundo, el Gobierno debe tomar medidas que reconozcan y afronten las violaciones de derechos pasadas, proporcionando reparación a las víctimas de abusos avalados por EEUU.