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Una vez aprobada la Ley, sigue la parte dura de atender y resarcir a las víctimas. Definir el universo de los beneficiarios, no entregar el registro a la misma entidad que hará los desembolsos, coordinar las tareas de la Nación y de los municipios, y sobre todo dignificar de veras a las víctimas, son las grandes tareas que el Estado debe cumplir de ahora en adelante.

El ICTJ celebra el compromiso de Colombia con la verdad y la memoria, materializado ayer con la firma de los decretos leyes que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional El Acuerdo Final de Paz suscrito en 2016 entre la guerrilla de las FARC- EP y el Gobierno de Colombia creó un ambicioso y novedoso sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y Garantías de No...

Hace ocho años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos en un esfuerzo por crear conciencia sobre esta táctica endémica de guerra; honrar a las innumerables víctimas y sobrevivientes en todo el mundo, así como a quienes trabajan para poner fin a estas violaciones; y finalmente, erradicar esta práctica deshumanizante. La historia ha demostrado que cada vez que hay una crisis política o de seguridad yuxtapuesta a una respuesta militarizada, la violencia sexual relacionada con el conflicto se despliega como táctica para someter, deshumanizar y aterrorizar a civiles y opositores.

El 7 de octubre, el mundo observó con horror cómo miembros del grupo militante Hamas masacraban a más de 1.400 israelíes, la mayoría de los cuales eran civiles, incluidos niños y ancianos, en un ataque premeditado y sofisticado. La respuesta de Israel hasta ahora no ha sido menos horrorosa. Olas incesantes de ataques aéreos indiscriminados contra Gaza han alcanzado edificios residenciales, instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles críticas, asediando todo el enclave y dejando más de 5.000 personas muertas, entre ellas 2.000 niños. Desafortunadamente, estas atrocidades indescriptibles –cuya condena y rechazo se nos han acabado las palabras– no son acontecimientos aislados que suceden en el vacío. De hecho, son sólo los últimos episodios de un ciclo de violencia que dura 75 años.

El Perú aún necesita aceptar su historia y avanzar hacia el país inclusivo y democrático que desea ser. Esto exige ofrecer reparaciones en la forma integral definida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, escribe Cristián Correa en esta columna de opinión.

El 8 de febrero, el ICTJ celebró un evento en La Haya sobre las personas desaparecidas en Siria, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El evento reunió a activistas, periodistas, artistas y formuladores de política pública para reflexionar sobre las necesidades humanitarias críticas de las víctimas y sus familias y el papel del recién creado organismo internacional sobre los desaparecidos en Siria, cuyo mandato es, en parte, abordar estas necesidades.

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

En situaciones como la que vive Colombia, que hoy cuenta con más de 4 millones de víctimas (entre ellas 376 mil registradas en la Fiscalía General de la Nación esperando justicia), maximizar los mecanismos de rendición de cuentas debe ser una prioridad para dar respuestas pertinentes y oportunas y reivindicar su dignidad. Esto supone entender que el derecho a la justicia no se agota en la justicia penal, y que en un contexto de masividad de violaciones de derechos humanos como el que caracteriza a Colombia después de casi 50 años de conflicto armado interno, no es posible lograr la investigación y sanción penal de cada uno de los hechos y de cada uno de los perpetradores.