Las instituciones públicas, como la policía, el ejército y el poder judicial, son a menudo instrumentos de represión y violaciones sistemáticas de los derechos humanos en sociedades que experimentan conflicto o autoritarismo. Cuando ocurren transiciones hacia la paz y la gobernabilidad democrática, la reforma de tales instituciones es fundamental para la justicia transicional. A lo largo de los años, sin embargo, la experiencia ha demostrado que enfocarse únicamente en las instituciones directamente involucradas en los abusos físicos no es suficiente ni efectivo. Con frecuencia es necesario reformar ramas enteras del gobierno y establecer mecanismos de supervisión apropiados para garantizar su independencia profesional. Esto requiere una revisión de gran parte del marco legal aplicable, comenzando por la Constitución. Además, la reforma a las instituciones de justicia y seguridad debe complementarse con cambios en las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales para que una sociedad pueda enfrentar plenamente todas las violaciones que ocurrieron, incluidas las económicas y sociales.
La reforma institucional es el proceso de revisión y reestructuración de las instituciones estatales para que respeten los derechos humanos, preserven el estado de derecho y rindan cuentas a sus electores. Al incorporar un enfoque de justicia transicional, los esfuerzos por reformar estas instituciones pueden reconocer responsabilidad y ofrecer medidas de reparación. Más importantemente, pueden deshabilitar las estructuras e ideologías que permitieron que ocurrieran los abusos. Es recomendable que este tipo de reforma se ponga en marcha mediante iniciativas de verdad para revelar las dimensiones institucionales de los errores del pasado.
La reforma institucional puede involucrar muchas medidas relacionadas con la justicia, incluidas aquellas destinadas a:
Transformar o crear nuevos marcos legales, tales como establecer nuevas constituciones o adoptar enmiendas constitucionales y ratificar tratados internacionales de derechos humanos para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos.
Garantizar que todas las personas tengan una identidad legal, que es una condición previa para el ejercicio de la mayoría de los derechos humanos y para acceder a los servicios públicos.
Reformar estructuralmente las instituciones para garantizar que sean independientes, receptivas y representativas y rindan cuentas, mejorando así su integridad y legitimidad.
Examinar minuciosamente los antecedentes de miembros de las instituciones durante los procesos de reestructuración o reclutamiento, para eliminar del servicio público o sancionar de otro modo a los funcionarios abusivos y corruptos.
Crear órganos de supervisión visibles dentro de las instituciones estatales para garantizar que rindan cuentas ante la gobernanza civil
Desarmar, desmovilizar y reintegrar a los actores armados y proporcionar procesos y medios a través de los cuales los excombatientes puedan reincorporarse a la sociedad civil
Educar a los funcionarios y empleados públicos a través de programas de capacitación sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Como proceso de justicia transicional, la reforma institucional busca afirmar a las víctimas como ciudadanos y titulares de derechos y generar confianza entre todos los ciudadanos y sus instituciones públicas. Cuando dicha reforma se implementa de manera inclusiva y transparente, también es reparadora. Para avanzar en la reforma institucional, pueden implementarse campañas de información pública sobre los derechos de los ciudadanos y la libertad de información y consultas representativas con las víctimas y sociedad civil sobre nuevas iniciativas legislativas.
