Reconocido mundialmente como el Día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto nos recuerda que la desaparición forzada y la justicia transicional comparten una misma historia. De hecho, los procesos que obran en concierto y que le dieron forma al ámbito de la justicia transicional nacieron de la búsqueda de la verdad y la justicia con respecto a los desaparecidos.
La historia comienza en América del Sur: las dictaduras – ejemplificadas en las juntas militares de Argentina y Chile – usaban la desaparición forzada en aras de silenciar y controlar la oposición política. A las personas las raptaban en las calles, las arrastraban desde sus camas a altas horas de la noche y las sacaban de las multitudinarias protestas. De la mayoría de estas personas no se ha vuelto a saber.
Después de la caída de las dictaduras en algunas sociedades, incluyendo Chile, Honduras y Guatemala, entre otras, el destino de los desaparecidos siguió siendo un tema vigente. Las mujeres visiblemente tomaron la delantera en la búsqueda de la verdad en cuanto a sus seres queridos: en Argentina, las Madres de Plaza de Mayo vestían velos blancos, llevaban fotografías de sus familiares desaparecidos y marchaban en masa en señal de protesta debido a que el gobierno se negó a revelar el paradero de sus familiares después de la Guerra Sucia.
Durante décadas los gobiernos autoritarios le ocultaban a la ciudadanía todo tipo de registros, pero era imposible hacer caso omiso ante las exigencias incesantes para esclarecer la verdad sobre lo ocurrido. Se constituyeron comisiones de la verdad para crear un archivo histórico de los conflictos y registrar los testimonios de las familias destruidas por las desapariciones y otros abusos. Estos procesos de búsqueda de la verdad se convirtieron en modelo para un sinnúmero de otros países. Pero para muchos la verdad no era suficiente, pues sabían que los autores de esas atrocidades gozaban de impunidad. La práctica de las desapariciones forzadas por parte del Estado exigía una planeación cuidadosa liderada por individuos que estaban dentro del gobierno: para usar las palabras del antropólogo forense peruano Pablo Baraybar, nadie “simplemente desaparece.”
Nunca fue fácil procurar que hubiera responsabilidad penal en casos de desaparición forzada: los mayores responsables de las políticas de desaparición solían ser altos funcionarios militares y de seguridad, y los poderosos arquitectos de estas políticas suelen asegurarse de eliminar cualquier registro de los secuestros en aras de borrar su responsabilidad.
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Sin embargo, se han logrado avances significativos desde el importante paso hacia delante que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1988, cuando halló responsable al gobierno de Honduras por la desaparición de Manfredo Velásquez, un líder estudiantil desaparecido a manos de los servicios de seguridad. Más autores de crímenes tuvieron que rendir cuentas a medida que se revocaban las leyes de amnistía que anteriormente los protegían. |
Aunque Augusto Pinochet murió antes de la conclusión de su juicio, fue Imputado en 2004 por su participación en los secuestros y desapariciones en Chile, y el oficial de alto rango de la policía argentina Miguel Osvaldo Etchecolatz fue condenado a cadena perpetua por su participación en secuestros.
Los tribunales nacionales e internacionales alrededor del mundo han enjuiciado a aquellos que han ordenado o llevado a cabo desapariciones como táctica de terror o como una monstruosa arma de guerra. En el ejemplo más reciente de la imposición de una pena judicial, la semana pasada al oficial de alto grado de la policía guatemalteca Pedro García Arredondo se le halló culpable de crímenes de guerra por su papel en secuestros que se realizaron durante la guerra de 1960 a 1996.
Encarar el impacto de las desapariciones sobre una sociedad se corresponde claramente con los principios de la verdad y de rendición de cuentas que rigen el ejercicio de la justicia transicional: para avanzar, hay que enfrentar el pasado.
La justicia transicional ayuda a las sociedades a abordar de manera integral el legado de las desapariciones mediante la creación de registros de los desaparecidos, la búsqueda de la responsabilidad penal de los autores, la restauración de la confianza ciudadana en las instituciones y la emisión de reparaciones a favor de las familias de los desaparecidos.
En este Día Internacional de los Desaparecidos, el ICTJ se une a otras organizaciones en la denuncia de que las desapariciones forzadas constituyen una violación fundamental tanto de los derechos humanos básicos como del derecho internacional. Las desapariciones forzadas se deben repudiar públicamente cada vez que ocurren, y se debe rechazar todo argumento en su defensa. Los arquitectos de esas políticas deben rendir cuentas, y se deben desmantelar los sistemas de impunidad que permiten mantener la práctica en secreto.
En reconocimiento de esta fecha, el ICTJ repasa tres países donde trabajamos juntamente con comunidades para abordar el legado de las desapariciones a través de medidas de justicia transicional: Nepal, Líbano y Chipre.
Nepal
Tras el conflicto en Nepal que duró una década, de 1996 a 2006, quedaron enormes sufrimientos. Entre 2003 y 2004, según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Nepal registró el mayor número de desapariciones del mundo.
| Los casos de desaparición forzada aumentaron dramáticamente después de 2001, cuando el gobierno envió el ejército para que realizara operativos de contrainsurgencia en contra de milicianos maoístas. Sin embargo, las desapariciones forzadas no sólo formaban parte de la estrategia del Gobierno: las fuerzas insurgentes maoístas también eran responsables de desapariciones forzadas contra supuestos informantes y aquellos que tildaban de “enemigos de la revolución.” Ante la presión internacional y nacional para encarar el legado de las desapariciones, el Estado nepalí estableció comités de investigación a fin de determinar el paradero de los desaparecidos. |  |
El primer comité de investigación se formó en julio de 2004 en respuesta a una huelga de hambre que organizaron las familias de los desaparecidos. El Comité publicó el paradero de un total de 320 personas, pero no incluyó ninguno de los nombres de los responsables y tampoco recomendó ninguna acción legal de peso.
El sistema judicial investigó las desapariciones por primera vez en 2006 a través del Grupo de Trabajo de Investigación de Detenidos. En agosto de 2007, la Corte Suprema de Nepal emitió un mandamiento exigiendo la indemnización por parte del Gobierno de 83 familias de personas que fueron víctimas de desapariciones forzadas a manos del Estado, la promulgación de una ley que penalizara la desaparición forzada y la creación de una comisión que se encargara de la investigación y el enjuiciamiento de los responsables.
Pese a estas iniciativas y acciones por parte de la rama judicial y el ejecutivo, no ha habido ninguna acción acusatoria con miras a hacerle frente al delito de desaparición.
El ICTJ ha participado de manera activa en la promoción de legislación que trate el tema de las desapariciones. En 2008, el ICTJ presentó sus comentarios ante el Ministerio de la Paz y la Construcción sobre varias versiones del Proyecto de Ley sobre la Desaparición Forzada (Crimen y Castigo) 2008, y ha pedido que el proyecto de ley cumpla con criterios internacionales. El ICTJ presentó sus comentarios sobre el Estatuto de Desapariciones que presentaron los maoístas de manera unilateral. Además, el ICTJ ha aportado al Ministerio su experticia en materia de reparaciones, y sigue observando de cerca los sucesos relativos a la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas frente a los desaparecidos.
Líbano
Pese a que las guerras sucesivas en el Líbano llegaron formalmente a su fin en 1990, el país no ha abordado seriamente el tema de los desaparecidos y la desaparición forzada. Aún se desconoce el destino de miles de víctimas, cuyas familias no saben de su paradero. Aproximadamente 17.000 personas están desaparecidas, según informes, y desde 2005 se han identificado varias fosas comunes.
En febrero de 2012, las asociaciones de las familias de los desaparecidos propusieron un Proyecto de Ley para las Personas Desaparecidas. Con base al derecho fundamental a la verdad reconocido por normas internacionales, la ley propone la formación de un instituto nacional para investigar el paradero de los desaparecidos, entre éstos las desapariciones forzadas.
El Comité de las Familias de los Secuestrados y Desaparecidos en el Líbano y la organización de Apoyo para los Libaneses Detenidos y Exiliados (SOLIDE, por sus siglas en inglés) finalizaron el proyecto de ley después de consultas con organizaciones no gubernamentales a nivel local e internacional, incluyendo el ICTJ, al igual que expertos jurídicos y forenses, activistas, jueces y juristas.
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El ICTJ ha tenido una importante participación en las consultas que se centran en la propuesta del proyecto de ley y ha servido de coanfitrión en una mesa redonda en febrero de 2012 para discutir más a fondo el futuro de la ley, el desarrollo de una estrategia de presión y acción, y el fomento de más discusiones públicas al respecto. |
De hecho, este recorrido comenzó en junio de 2010 cuando el ICTJ, en asociación con la fundación Friedrich Ebert Stiftung, organizó una visita de cuatro días a Bosnia-Herzegovina para 15 defensores libaneses, entre ellos jueces, parlamentarios y representantes de ministerios, activistas de distintas ONG y familiares de desaparecidos. Tras la visita, que permitió entender la experiencia bosnia en la búsqueda de los desaparecidos, un comité jurídico comenzó a discutir conceptos para un proyecto de ley que fuera congruente con el sistema jurídico libanés y que reflejara las exigencias de las familias.
Anteriormente en 2009, el ICTJ había estado participando en una investigación extensa sobre el litigio estratégico frente al “derecho de saber”. Su labor contribuyó a un fallo mediante el cual un juez de Beirut permitió que las familias de los desaparecidos tuvieran acceso a un informe del año 2000 sobre los desaparecidos que no había sido publicado.
Pese al silencio generalizado del Gobierno, en un esfuerzo reciente en abril de 2012 parlamentarios y el Ministerio de Justicia redactaron un decreto para la constitución de una comisión nacional independiente para las víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, aún no se ha adoptado el decreto y aún se desconoce el paradero de miles de personas.
Chipre
Chipre se ha visto aquejado durante décadas por el desplazamiento, las desapariciones y una larga división. Más de mil chipriotas griegos y cientos de chipriotas turcos fueron desaparecidos en Chipre durante la violencia de las décadas de 1960 y 1970. En 1981, la ONU estableció el Comité de Personas Desaparecidas (CPD) encargado de investigar todos los casos de personas desaparecidas en relación con el conflicto. Hasta febrero de 2011, el CPD había recuperado los restos de más de 760 individuos y había identificado y devuelto los restos de 263 personas a sus familias.
El ICTJ ha trabajado en Chipre desde marzo de 2009 con el objetivo de ayudar a la sociedad civil y a los grupos de víctimas a afrontar el pasado violento de la isla.
Se han realizado exhumaciones en lugares donde había fosas comunes y conmemoraciones a los desaparecidos. Sin embargo, los educadores deseosos de abordar el pasado en las aulas han carecido de las herramientas adecuadas para enseñar a sus alumnos sobre las desapariciones.
| El ICTJ se ha asociado con la Elders Foundation, la Asociación para el Diálogo Histórico y la Investigación (AHDR, por sus siglas en inglés) a fin de crear una cartilla educativa para maestros titulada “Una perspectiva histórica sobre los desaparecidos: guía para maestros”[disponible solo en inglés]. | |
Christalla Yakinthou, del ICTJ, coautora de la cartilla educativa, dice que la herramienta no tiene precedentes. “El proyecto es líder global en la vinculación de la educación con el tema de las personas desaparecidas,” comentó. “Hasta donde nosotros tengamos conocimiento, en ningún lugar hay materiales educativos que tratan el tema de las personas desaparecidas y los desaparecidos forzados, lo cual llama la atención, pues hay personas desaparecidas y desaparecidos forzados en todas partes.”
A través de enlaces, segmentos de películas y artículos de periódicos, la cartilla educativa parece promover el pensamiento histórico mediante la aplicación de herramientas y conceptos de la enseñanza de historia al tema de las personas desaparecidas. Las herramientas y los conceptos de la enseñanza de esta disciplina ayudan a los maestros a tratar el tema altamente emocional estremecedor de los desaparecidos.
Foto de portada: “Desaparecidos”, exposición en Donostia Kultura del prestigioso fotógrafo Gervasio Sánchez. Foto de Iñigo Royo.
