Por Paul Seils*
El pasado 26 de enero, un tribunal de Guatemala dictó el auto por el que el ex presidente, el general Efraín Ríos Montt, deberá ser juzgado por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos hace 30 años. Tras décadas escondiéndose bajo la inmunidad parlamentaria, Ríos Montt deberá finalmente rendir cuentas por haber ordenado masacres, desapariciones y la destrucción sistemática de cientos de comunidades. En las últimas décadas ha tenido lugar una revolución global de lucha contra la impunidad, pero incluso para aquellos que seguimos de cerca el esfuerzo por hacer justicia en Guatemala esta decisión es uno de sus mayores e inesperados hitos. Tarde, pero con valentía, una nueva generación de fiscales, liderados por la fiscal general Claudia Paz, ha conseguido que las demandas de justicia de las víctimas sean por fin escuchadas.
En 2004, el gobierno de Guatemala admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el régimen de Ríos Montt había practicado una estrategia de genocidio. El caso que fue llevado ante la Corte entonces fue la masacre del Plan de Sánchez en julio de 1982, en la que más de 260 personas fueron asesinadas. El ejército llegó al atardecer, acorralando a los habitantes del pueblo, inhabilitando todas las vías de escape y dividiendo a las mujeres en dos grupos: uno para violarlas antes de matarlas y el otro simplemente para asesinarlas. Para ahorrar balas, las atiborraron en una casa pequeña y le prendieron fuego con granadas. La masacre del Plan de Sánchez fue una de las más de 300 que tuvieron lugar durante la peor fase de la guerra civil y no fue, ni mucho menos, la más sanguinaria.
Los cargos a los que Ríos Montt se enfrenta ahora dependen en parte de las investigaciones que yo supervisé como director legal del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en Guatemala entre 1997 y 2001, lo que supone una satisfacción. Fuimos uno de los varios grupos que luchaban por hacer justicia en nombre de las víctimas, trabajando sobre la labor de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica. Nadie pensaba que la justicia llegaría rápido, y muchos creían que era una batalla que no valía la pena. Pero este juicio es un motivo de celebración y de orgullo por la heroica dignidad de los supervivientes del genocidio, quienes se han mantenido firmes tras décadas de vilipendio, ataques e incluso asesinatos. Ellos quieren que el mundo sepa la verdad, cómo sus seres queridos fueron masacrados de forma sistemática, planeada a la perfección en operaciones bajo el mando de Ríos Montt.
En los años posteriores a mi trabajo en Guatemala, la imagen que se me quedó grabada al pensar en las penurias de las víctimas era la inquietante cara del famoso cuadro pintado por Edvard Munch, El Grito. El dolor es obvio para el espectador, pero no hay sonido. Las víctimas de Ríos Montt fueron mayoritariamente campesinos analfabetos: a pesar de gritar desde lo más hondo de sus pulmones, sus voces nunca fueron escuchadas.
La guerra civil de Guatemala se llevó 200.000 vidas entre 1960 y 1996. Sus orígenes se remontan a un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en 1954 que derrocó al presidente Arbenz, líder moderado y centrista que estaba implementando una reforma agraria que ponía en peligro gran cantidad de latifundios de EE UU. El general Ríos Montt llegó al poder con otro golpe de Estado a un régimen militar decrépito y corrupto que corría el riesgo de perder la guerra civil en marzo de 1982. A esto siguió una campaña genocida contra la población maya, arrasando todo lo que se cruzara en su camino, y que contó con el apoyo de Ronald Reagan —quien llegó a decir que Ríos Montt estaba siendo “acusado falsamente de cometer violaciones de los derechos humanos”. En 1998, el presidente Clinton pidió perdón por el golpe de Estado, aunque no por la connivencia de Reagan.
La guerra terminó oficialmente en 1996 por las demandas de la comunidad internacional de obtener estabilidad y promover la inversión. Como era de esperar, se estableció un acuerdo de libre mercado con EE UU y la fiebre de la privatización desencadenó mayores desigualdades en la que ya era una de las sociedades más desequilibradas. Desde entonces, Guatemala se ha convertido en un país fallido en manos de las rutas del narcotráfico entre Colombia y México, con índices de homicidio incluso más elevados que durante la guerra. Es imposible comparar las tragedias infligidas a los pueblos de Latinoamérica en nombre de las llamadas “doctrinas de seguridad nacional”, pero en la guerra de Guatemala fallecieron más civiles que en cualquier otra de América Latina, casi todas a manos del Ejército y sus aliados.
Es difícil ser exagerado al hablar del daño que las políticas de EE UU han causado en la población civil de Guatemala, pero la mayor responsabilidad recae en los guatemaltecos que planearon y llevaron a cabo estos horrores. Ríos Montt es solamente uno de tantos. Pero ahora no es el momento de centrarse en él. Es el momento de admirar el coraje de los campesinos empobrecidos que gritaron por la justicia hasta que, finalmente, sus voces han sido escuchadas.
Paul Seils es el vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Durante sus cinco años en Guatemala fue director de asuntos legales del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
Este artículo ha sido publicado previamente en El País.
Foto: Un soldado habla con una refugiada el 2 de noviembre de 1982 en la provincia de Quiché, Guatemala. La región fue objeto de intensa disputa entre las guerrilas y el ejército tras el golpe de estado que levó al general Ríos Montt al poder. (Por John Hoagland/Liaison)
