Colombia

Colombia se ha embarcado en un ambicioso camino hacia la paz, la reconciliación y la justicia para las víctimas del conflicto armado interno, a través de la implementación del acuerdo de paz integral de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). El ICTJ continúa contribuyendo a estos esfuerzos defendiendo los derechos de las víctimas y brindando asesoramiento técnico y conocimientos basados en la experiencia comparativa para ayudar a asegurar la justicia para las víctimas.

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Image of an elderly lady mourning at the funeral of an assassinated public figure in Bogota.

An elderly woman grieves at the funeral of an assassinated public figure in Bogota. (Scott Dalton)

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Antecedentes: después de décadas de conflicto, cimentando la paz y asegurando la justicia para las víctimas en Colombia

Colombia está en proceso de implementar un acuerdo de paz que puso fin a 50 años de conflicto interno con el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Las negociaciones de paz pusieron en el centro de la vida política del país los derechos de las víctimas del conflicto a la rendición de cuentas, la verdad y la reparación. Las víctimas han jugado un papel importante en la política colombiana en varios momentos a lo largo de las décadas de conflicto, y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por las fuerzas armadas estatales y no estatales sigue siendo un tema polémico y políticamente cargado. Sin embargo, el acuerdo integral de paz representa el esfuerzo más holístico y amplio de Colombia para abordar las causas profundas del conflicto y cumplir los derechos de las víctimas.

El conflicto armado ha involucrado a muchos actores e intereses, y es producto de ambiciones políticas, tensiones sociales y económicas y competencia por los recursos. Numerosos factores contribuyeron a la evolución y degradación del conflicto, incluyendo la persistencia de problemas agrarios (como la concentración de la propiedad de la tierra, la brecha rural-urbana y la desigualdad), el surgimiento y proliferación del narcotráfico, la limitada participación política y la falta de presencia y servicios estatales en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

Los grupos guerrilleros surgieron durante la década de 1960 a partir de levantamientos campesinos y comunistas contra el estado. A partir de la década de 1980, se formaron grupos paramilitares de derecha con la complicidad de funcionarios públicos, compuestos principalmente por terratenientes que querían protegerse de los grupos guerrilleros, agregando otra dimensión al conflicto. El narcotráfico también contribuyó significativamente a la escalada del conflicto, convirtiéndose en uno de los principales factores que alimentan el conflicto.

Los grupos armados de todos los bandos buscaban reducir la capacidad militar de sus adversarios y controlar a la población civil cometiendo crímenes horrendos. La violencia masiva creó más de nueve millones de víctimas en un lapso de 50 años, aproximadamente el 18 por ciento de la población del país. Según el informe de 2012 del Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto ha resultado en:

  • 220.000 personas muertas
  • Casi 6 millones de personas desplazadas
  • Más de 60.600 casos de desapariciones forzadas, delitos sexuales y violencia de género
  • El reclutamiento forzado de casi 6.500 niños y jóvenes

El Acuerdo de Paz y los Desafíos Actuales

Después de 50 años de violencia y más de 220.000 muertos, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto más prolongado del hemisferio occidental. El acuerdo final, que incluye el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, fue firmado en septiembre de 2016 y sometido a aprobación pública vía plebiscito a principios de octubre de 2016. Inesperadamente, el plebiscito votó en contra del acuerdo por un estrecho margen ( 50,2 por ciento en contra, 49,8 por ciento a favor), lo que llevó a nuevas negociaciones entre el gobierno y los representantes de las FARC-EP y una revisión de algunos de los términos del acuerdo de paz. Aunque el acuerdo revisado fue firmado por todas las partes y aprobado por el Congreso colombiano, la resistencia inicial y la desconfianza de la mitad de la población han polarizado aún más al país en torno a las nociones de paz, justicia y seguridad.

Las negociaciones en La Habana se basaron en consultas y debates públicos a través de una serie de mecanismos, incluidos foros regionales y “mesas de paz”, que permitieron a la sociedad civil, las víctimas, los grupos sociales y otros presentar miles de propuestas para informar los contenidos del acuerdo final. Más de 60 víctimas de violaciones cometidas por ambos lados del conflicto viajaron a La Habana para dar testimonio de su experiencia y presentar propuestas a las partes negociadoras. De ellos, el 60 por ciento eran mujeres.

El acuerdo final contiene los resultados de cuatro años de negociación en seis puntos: reforma agraria, participación política, drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación del acuerdo de paz. El acuerdo sobre víctimas prevé una serie de mecanismos destinados a rendir cuentas por delitos graves y hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estas nuevas instituciones (la Jurisdicción Especial para la Paz, una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto) han logrado avances significativos desde que iniciaron operaciones en 2017. Sin embargo, continúan enfrentándose a la oposición de algunos sectores sociales y políticos. El aumento de la violencia en algunas regiones y las elecciones de 2022 crean nuevos desafíos que deben superarse para garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas. La escalada de violencia, incluidos los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC, también está afectando el proceso de reincorporación y la participación política y social de los miembros de las FARC.

Esfuerzos previos de rendición de cuentas, reconocimiento y reparación

El reciente acuerdo integral de paz es la culminación de décadas de negociaciones de paz, desmovilización de combatientes y búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas. El proceso de paz continúa incluso después del acuerdo con las FARC-EP, con negociaciones en curso con el otro gran grupo armado que aún combate con las fuerzas gubernamentales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Entre 2003 y 2006, un pacto político iniciado por el expresidente Álvaro Uribe llevó a la desmovilización de más de 35.000 miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según cifras del gobierno.

En 2005 se promulgó la Ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, para facilitar la reincorporación a la vida civil de estos excombatientes desmovilizados. Esta ley ofreció a los exparamilitares penas de prisión reducidas a cambio de su confesión completa y la contribución a la reparación de las víctimas y la paz nacional. Hasta octubre de 2020, más de 4.400 exparamilitares habían pasado por los tribunales de justicia y paz, pero solo 650 habían sido sentenciados. Si bien se consideró que el proceso se quedó corto en cuanto a responsabilizar a todos los perpetradores y establecer la verdad completa sobre el fenómeno paramilitar, sí creó un entorno propicio para las organizaciones de víctimas y sus esfuerzos de defensa en las áreas de verdad, justicia y reparación. Desafortunadamente, muchos antiguos grupos paramilitares han resurgido como bandas criminales y actualmente amenazan la implementación del acuerdo de paz en las regiones.

En 2011, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos impulsó la aprobación de la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas, que estableció un programa integral de reparación, mecanismos de búsqueda de la verdad y procedimientos de restitución de tierras para las víctimas del conflicto armado. El gobierno creó nuevas instituciones para implementar estos programas, a saber, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Hasta la fecha, estas iniciativas han brindado cierta medida de justicia a algunas víctimas, pero su eficacia se vio reducida debido al conflicto en curso: Les resultó difícil abordar las violaciones cometidas durante el conflicto mientras persistía el conflicto. Con el acuerdo de paz en vigor, estas instituciones continuarán su trabajo en un nuevo contexto que puede crear más oportunidades de impacto.

El rol del ICTJ

ICTJ ha trabajado en Colombia desde 2005, apoyando el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, brindando asistencia técnica y capacitación, influyendo en las políticas nacionales de justicia transicional a través de la promoción y el diálogo político, y ampliando la comprensión del desarrollo de la justicia transicional en el país a través de estrategias de divulgación y comunicación.

  • Creamos capacidades. El ICTJ brinda asistencia técnica a la Jurisdicción Especial para la Paz, la comisión de la verdad y la unidad de búsqueda y otras instituciones nacionales que promueven la justicia para las víctimas, incluida la Fiscalía General y los tribunales de justicia y paz. Esto ha incluido informes técnicos para informar procesos clave. ICTJ también apoya a las organizaciones de la sociedad civil en Bogotá y las regiones, incluidas las organizaciones de víctimas y de mujeres, brindando capacitación, diálogo y asistencia para la presentación de informes sobre delitos graves a las instituciones de justicia transicional y para su participación en estos mecanismos.
  • Convocamos actores estatales y de la sociedad civil. El ICTJ abre espacios para la interacción entre fuerzas e instituciones sociales activas, incluidos los mecanismos de justicia transicional, brindando no solo a las víctimas sino también a otros grupos la oportunidad de expresar sus preocupaciones y discutir soluciones para promover los derechos de las víctimas. La experiencia del ICTJ y las experiencias internacionales comparativas han servido para enriquecer estas discusiones.

  • Aumentamos el compromiso y la comprensión del público. El ICTJ está ayudando a mejorar la comprensión del público sobre los mecanismos de justicia transicional mediante la producción de contenido en línea que informa el debate en Colombia, la promoción de iniciativas juveniles artísticas y culturales sobre la verdad y la memoria, y el apoyo a los procesos de reconocimiento de responsabilidad para promover la justicia restaurativa. Una mayor participación de la sociedad civil ayudará a aumentar la legitimidad de las instituciones de justicia de transición y promoverá la reconciliación fomentando el respeto por quienes piensan diferente.

  • Promovemos los derechos de las mujeres y los derechos LGBTIQ+. Colombia cuenta con un fuerte movimiento de mujeres, el cual el ICTJ ha reconocido y apoyado en diferentes espacios de discusión de propuestas para la implementación de los mecanismos de justicia transicional establecidos en el acuerdo de paz. El ICTJ incorpora un enfoque sensible al género y sensible al género en todo su trabajo. En Colombia, ICTJ fortalece la capacidad de las mujeres líderes y garantiza que las voces de las mujeres se incluyan en los procesos locales de verdad y memoria. ICTJ también apoya el desarrollo de enfoques novedosos, como el informe sobre violaciones relacionadas con conflictos contra víctimas LGBTIQ+.

  • Investigamos y compartimos conocimiento. El ICTJ produce y distribuye publicaciones de expertos sobre justicia transicional basadas en investigaciones realizadas tanto en Colombia como a nivel internacional. Estos documentos incluyen recomendaciones que contribuyen a la implementación de mecanismos de justicia transicional, como un informe sobre justicia retributiva y restaurativa en la Jurisdicción Especial para la Paz.