En los últimos meses, los procesos judiciales sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala parecía afianzarse. Gracias al trabajo del Ministerio Público y de los órganos judiciales, se abrieron procesos contra tres ex alto mandos militares, acusados de genocido. Pero la labor de fiscales y jueces para esclarecer las atrocidades pasadas puede volver a complicarse tras la elección en noviembre del nuevo presidente, el general retirado Otto Pérez Molina, quien tuvo una participación activa en el conflicto armado.

Según concluyó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en 1999, los 36 años de conflicto se saldaron con 250.000 personas asesinadas o desaparecidas y 1,5 millones de desplazados–el Ejército fue el autor de más del 90% de los delitos.

Ante la situación de incertidumbre por el nuevo gobierno, el ICTJ conversó con César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, para conocer mejor la situación de la administración de justicia en el país. Barrientos se mostró optimista: “Nosotros esperamos que la experiencia del pasado sirva para que nunca jamás se vuelva a actuar fuera de la ley, y que cualquier gobierno lo haga como lo demandan la comunidad internacional y los derechos humanos”.

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Barrientos no niega, sin embargo, que la situación del poder judicial es complicada: “Tanto fiscales como jueces están muy solos, están muy inseguros, no tienen todos los instrumentos ni los medios para trabajar, ni las condiciones que permitieran hacerlo, falta muchísima seguridad para enfrentar las amenazas y las presiones y existen realmente riesgos muy grandes para quienes trabajan en la administración de justicia”.

El presidente de la Cámara Penal destacó que se está aprendiendo y que hay una voluntad de mejorar. Barrientos alabó la labor de la nueva Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz Bailey: “Viene realizando un trabajo inédito en el país por cuanto que está llevando fundadamente ante tribunales de justicia casos que antes nunca ingresaban y que en mucho el Ministerio Público era responsable porque no planteaba las acusaciones ante los tribunales de justicia”.

La justicia internacional juega un papel clave para Barrientos en el fortalecimiento de las instituciones judiciales guatemaltecas. El juez pone como ejemplo el caso de violaciones que ya fueron juzgadas en el país, pero que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, con razón, que eran juicios fraudulentos”. La Cámara Penal ha ordenado ahora que se ejecuten estas sentencias y se realicen de nuevo las investigaciones y procesos pertinentes. “El poder judicial está aprendiendo y creo que deberíamos hacerlo muy rápidamente porque existen las reclamaciones de la Corte Interamericana y las sentencias que nos obligan a juzgar estos casos de lesa humanidad”.

Foto: Guatemala - Ceremonia por los fallecidos. 06.03.2004 T Bravo/EPA/SIPA